Pobreza estructural en medio del bienestar

La econom¨ªa crece pero cuando la riqueza no se reparte la pobreza estructural se mantiene. De izquierdas o derechas, todos los gobiernos hablan de consolidar el Estado (en este caso Comunidad) del bienestar. Por tanto el an¨¢lisis de la pol¨ªtica social del Consell no se puede limitar a la disecci¨®n de la Consejer¨ªa de Bienestar Social o a los distintos departamentos que asum¨ªan las competencias de ¨¦sta antes de que el Ejecutivo del presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, diera rango de cartera a una parcela que preocupa al electorado de fin de siglo. No hay que escarbar mucho para hallar pobres en la Comunidad Valenciana. La pobreza estructural no se alimenta ¨²nicamente de mendigos. Seg¨²n el estudio Condiciones en que viven los pobres de Espa?a, patrocinado por C¨¢ritas Espa?ola y la Fundaci¨®n Foessa y hecho p¨²blico en 1998, la "pobreza absoluta, en t¨¦rminos cuantitativos, y extendiendo el t¨¦rmino a la mayor¨ªa de los drogadictos m¨¢s tirados, a las prostitutas de baja estofa, a los chabolistas y los que malviven en infraviviendas o viviendas infrahumanas, etc¨¦tera..." s¨®lo estar¨ªa integrada por "unos pocos cientos de miles en la actualidad en Espa?a". Para la Uni¨®n Europea "pobre" es aquel que vive en una situaci¨®n econ¨®mica y social inferior a la mitad de la media de vida del conjunto de los ciudadanos del Estado. Y aunque muchos de los indicadores econ¨®micos, industriales, laborales o fiscales, de esos que s¨ª cuentan para el "Espa?a va bien", indiquen (o se traduzcan por) paisajes m¨¢s agradables, la Comunidad Valenciana est¨¢ plagada de pobres. En concreto, seg¨²n Caritas, uno de cada cuatro valencianos (el 24,6%) vive por debajo del umbral de la pobreza. Una cifra superior en m¨¢s de tres puntos porcentuales al nivel de pobreza del Estado, que sufre el 22,1% de los espa?oles. Y m¨¢s grave si se tiene en cuenta que la media europea es del 15% y que s¨®lo Portugal y Grecia tienen a m¨¢s personas por debajo del umbral del 50% de la renta media disponible neta (RDN) del pa¨ªs. As¨ª, si la renta media es de 80.000 pesetas por persona y mes (la RDN), en Espa?a hay, seg¨²n C¨¢ritas "con un criterio conservador", 2.192.000 hogares en los que viven 8.509.000 ciudadanos que se mantienen con menos de 40.000 pesetas. De estas personas que se ven abocadas a afrontar una situaci¨®n conflictiva y de segura desventaja social, el 11,16% se sit¨²a en la Comunidad Valenciana. 950.160 valencianos que en distinto grado son considerados, seg¨²n los par¨¢metros aceptados en la UE, como inequ¨ªvocamente "pobres". Y l¨®gicamente las dificultades de estas personas aumentan en la misma proporci¨®n que baja su renta. As¨ª, 78.950 valencianos, en n¨²cleos familiares con una media de 6,5 miembros, viven con menos de 12.000 pesetas por persona y mes. Es la "pobreza extrema". S¨®lo la d¨¦cima parte de los pobres valencianos tiene un trabajo normalizado pese a que el 38,4% est¨¢ calificado como poblaci¨®n potencialmente activa (el resto son jubilados, ni?os o amas de casa). Y la cosa se agrava en el caso de los j¨®venes: "El paro y, sobre todo, el paro desprotejido afecta m¨¢s a los j¨®venes que a los mayores: el 76,2% de los parados sin subsidio tiene menos de 34 a?os". Queda por tanto claro que las pol¨ªticas de empleo y los programas de capacitaci¨®n profesional son, si no la soluci¨®n m¨¢gica, actuaciones que ayudar¨ªan a paliar el problema. Con 400.000 parados en la Comunidad Valenciana, el bienestar social est¨¢ todav¨ªa distante. Sobre ese trasfondo social se instalan las pol¨ªticas de la Administraci¨®n. Y el discurso del Consell sobre el bienestar social no se ha plasmado en grandes l¨ªneas program¨¢ticas. La caracter¨ªstica m¨¢s destacada ha sido la entrada del capital privado en la gesti¨®n. ?De qu¨¦ manera? La paulatina asunci¨®n de funciones p¨²blicas mediante empresas privadas se ha visto favorecida por la nueva Ley de Servicios Sociales (que modific¨® en 1997 la anterior, socialista). Bajo su amparo, el departamento, primero dirigido por Jos¨¦ Sanmart¨ªn (Consejer¨ªa de Trabajo y Asuntos Sociales) y luego por Marcela Mir¨® (Bienestar Social) ha podido, a juicio de la oposici¨®n, privatizar los servicios. "De repente alguien se dio cuenta de que se pod¨ªa ganar dinero con la ayuda social", resume un cr¨ªtico con los cambios asumidos. Las inversiones del Consell dieron paso a las transferencias de capital (mediante convenios de colaboraci¨®n) a entidades, asociaciones y empresas que prestan los servicios. Con este m¨¦todo, no hace falta concurso p¨²blico y las empresas beneficiarias no tienen por qu¨¦ depositar una fianza. Y sirve lo mismo para una residencia de ancianos privada, para una de car¨¢cter religioso, para una de discapacitados o para la custodia de ni?os sobre los que pesa alguna medida judicial. Asimismo, los centros Mujer 24 Horas, para ayudar a las v¨ªctimas de los malos tratos, tambi¨¦n est¨¢n en manos de la gesti¨®n privada. La liberalizaci¨®n, nunca ocultada por el PP (que ya la vend¨ªa en sus programas electorales) ha recibido toda suerte de cr¨ªticas. Puede que ayude a contener los gastos de personal y de mantenimiento de infraestructuras. Pero, a juicio de la oposici¨®n, el proceso impide crear estructuras fijas de servicios sociales, traspasa al mercado un consumidor cautivo (ancianos, minusv¨¢lidos y menores no tienen una aut¨¦ntica oferta) y trasvasa el dinero p¨²blico no a los usuarios sino directamente a las cuentas corrientes de las empresas, que tampoco adquieren unos compromisos claros con la Administraci¨®n. Por la misma regla, se rompe el principio de universalidad, como en el caso del bono-cheque que da la consejer¨ªa a un n¨²mero limitado de jubilados para ingresar en residencias privadas. Un anciano pudiente, por ejemplo, puede adelantar el dinero para pagar la mejor residencia privada hasta que obtiene la ayuda, de serle concedida. En cambio, un jubilado sin recursos est¨¢ a expensas de recibir el apoyo institucional antes de elegir residencia. Y si lo logra, una pr¨®xima crisis econ¨®mica (con el posible recorte en partidas sociales) le puede dejar en la calle, seg¨²n los augurios de la oposici¨®n. El salario de las amas de casa tampoco garantiza unos m¨ªnimos de servicio. La beneficiada (no es un derecho universal ni consolidado a lo largo de los a?os) recibe entre 15.000 y 25.000 pesetas por atender a un anciano pero sin saber cu¨¢les son los m¨ªnimos exigibles de atenci¨®n a los ancianos. En este panorama liberalizador t¨ªpico de una pol¨ªtica conservadora quiz¨¢ sorprende la actitud de una direcci¨®n general, la de Drogodependencias, que, pese a las reticencias dentro de ciertos sectores del propio Partido Popular, ha apostado decididamente por el tratamiento con metadona para los toxic¨®manos. As¨ª, con un presupuesto que pas¨® de los 785 millones en 1996 a los 1.708 de este a?o para todo el departamento, el director general, Bartolom¨¦ P¨¦rez, ha aumentado las unidades de tratamiento de dos ciudades (Alicante y Valencia) a 27 y ha pasado de atender 1.500 enfermos en 1995 a 3.500 en 1998. Bajo la ley aprobada en 1997 sobre Drogodependencias y Transtornos Adictivos, tambi¨¦n se han creado 29 Unidades de Conductas Adictivas y cinco de Desintoxicaci¨®n Hospitalaria. Y se prometen 11.000 millones para la pr¨®xima legislatura.