La oposici¨®n considera que hay pruebas de que Industria cometi¨® irregularidades con las ayudas

El PSOE e IU coinciden. Las comparecencias ante la subcomisi¨®n del Congreso que analiza la pol¨ªtica de subvenciones del Ministerio de Industria han probado la existencia de irregularidades. El diputado socialista ?lvaro Cuesta considera que existen incluso "indicios de prevaricaci¨®n" y no descarta trasladar varios de los casos analizados a la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n. En la misma l¨ªnea, el diputado de IU, Mariano Santiso, cree que el Gobierno est¨¢ asustado por lo revelado ante los diputados por empresarios y t¨¦cnicos del propio departamento de Industria. Cuatro casos (Ur¨ªa Motor, Castile¨®n 2000, Hullera Vasco Leonesa y Palacio de Canedo SL) han puesto contra las cuerdas la estrategia de defensa del PP.

Tras 10 semanas de trabajos, la subcomisi¨®n parlamentaria encara su recta final. Pero no sin pol¨¦mica. La oposici¨®n, PSOE e IU, que vieron c¨®mo el PP y sus aliados parlamentarios rebajaban a una mera "subcomisi¨®n de an¨¢lisis" su pretensi¨®n inicial de crear una comisi¨®n investigadora, creen que ha quedado probada la existencia de irregularidades.Las comparecencias del responsable de Ur¨ªa Motor, el ex consejero de Castilla-Le¨®n condenado por prevaricaci¨®n Miguel P¨¦rez Villar; de los responsables de Castile¨®n 2000, empresa dedicada a la cr¨ªa de cerdos, subvencionada con 900 millones por Industria; del director de la Oficina de Compensaci¨®n (OFICO) del Ministerio de Industria, Francisco Laguna; y de los t¨¦cnicos de la consultora que eval¨²a proyectos para Industria, GPI, han sido claves para demostrar la existencia de supuestas irregularidades en la concesi¨®n de las ayudas.

A la vista de los resultados, y de la pretensi¨®n del PP y de CiU de cerrar la subcomisi¨®n cuanto antes, el PSOE no descarta trasladar algunos de los casos a la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n. Los populares consideran, por el contrario, que las comparecencias han demostrado la absoluta legalidad de todas las subvenciones aprobadas por el departamento que dirige Josep Piqu¨¦.

Desde el inicio de los trabajos todo apuntaba a que la subcomisi¨®n acabar¨ªa aceptando la tesis que ya expuso en marzo pasado el presidente del Tribunal de Cuentas, Ubaldo Nieto: existen lagunas normativas en relaci¨®n a las subvenciones que pueden constituir "un est¨ªmulo a la negligencia".

Dudas de CiU

Pero tres comparecencias han dado la vuelta a la situaci¨®n. La de los responsables de la empresa Castile¨®n 2000 hizo dudar incluso a los diputados de CiU. Sencillamente, la documentaci¨®n aportada a la subcomisi¨®n demostraba que Industria comunic¨® a la empresa dedicada a la cr¨ªa de cerdos la concesi¨®n de una subvenci¨®n de 900 millones -pese a la prohibici¨®n comunitaria- el 11 de diciembre de 1998, cuando supuestamente, el d¨ªa 17 del mismo mes el departamento que dirige Josep Piqu¨¦ hab¨ªa instado a la empresa a modificar el proyecto inicial. Un simple error, seg¨²n el PP, y un claro ejemplo de manipulaci¨®n, seg¨²n la oposici¨®n.

Adem¨¢s, la comparecencia del ex consejero de Castilla y Le¨®n Miguel P¨¦rez Villar por los 45 millones de subvenci¨®n recibidos por su empresa, Ur¨ªa Motor, tampoco fue favorable para los intereses del PP. El que fuera mano derecha de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar cuando el actual jefe del Ejecutivo presid¨ªa la Junta de Castilla y Le¨®n reconoci¨®, en contra de la tesis mantenida por Industria, que la subvenci¨®n se hab¨ªa concedido al proyecto global y no s¨®lo para la parte industrial del mismo (un taller de reparaci¨®n de veh¨ªculos).

M¨¢s sabrosa a¨²n fue la comparecencia de Francisco Laguna, responsable de OFICO (departamento del propio Ministerio de Industria). Adem¨¢s de reconocer que en los ¨²ltimos dos a?os se han detectado irregularidades en 16 empresas mineras subvencionadas, Laguna admiti¨® que OFICO elabor¨® un informe sobre un supuesto fraude en la empresa Hullera Vasco Leonesa que remiti¨® a la directora general de Minas, Paloma Send¨ªn de C¨¢ceres. Industria, como posteriormente ratific¨® el consejero delegado de Hullera, Antonio del Valle, no actu¨®.

Tampoco agrad¨® al PP la comparecencia de los t¨¦cnicos de GPI. En el transcurso de la misma, el PSOE exhibi¨® documentos, cuya autenticidad fue admitida por los responsables de la consultora, en los que se describ¨ªa c¨®mo GPI rechaz¨® en 1997 una petici¨®n de subvenci¨®n de la empresa Palacio de Canedo SL., propiedad del actual candidato por el PP a la alcald¨ªa de Cacabelos (Le¨®n), Jos¨¦ Luis Prada. Pese al rechazo, la directora de Minas autoriz¨® una ayuda de seis millones al proyecto, consistente en la ampliaci¨®n de un restaurante.

Posteriormente, ya en abril de este a?o y con la subcomisi¨®n en plena actividad, la directora de Minas volvi¨® a solicitar a los t¨¦cnicos de GPI una valoraci¨®n del proyecto. La respuesta fue la misma, con los criterios legales en vigor el proyecto, calificado ahora de "muy interesante" no era subvencionable. El PP defendi¨® que los documentos probatorios no pod¨ªan ser admitidos por la subcomisi¨®n parlamentaria, ya que no hab¨ªan sido formalmente solicitados.

Los trabajos de la subcomisi¨®n, presidida por Salvador Sed¨® (CiU), comenzaron el 10 de marzo. Por ella han pasado los directivos de las empresas relacionadas con las ayudas m¨¢s pol¨¦micas (Telecable Asturias, Endesa, Hullera Vasco Leonesa, Torcidos Ib¨¦ricos...) y altos cargos de Industria.

Las comparecencias dieron lugar a un debate entre el PSOE e IU por un lado y el PP por otro, acerca de la interpretaci¨®n de las ¨®rdenes que regulan la concesi¨®n de las ayudas a la reactivaci¨®n de las comarcas mineras. Un debate intenso, pero est¨¦ril. La subcomisi¨®n, seg¨²n fuentes de la oposici¨®n, se cerrar¨¢ con votos particulares. El dictamen, que deber¨¢ ser elaborado en las pr¨®ximas semanas, ser¨¢ debatido y aprobado por el Pleno del Congreso.