El Gobierno renuncia a aprobar la ley sobre control judicial del Cesid en esta legislatura

La ley que debe regular el control judicial de las actividades del Cesid no se aprobar¨¢ en esta legislatura, a pesar de que la sentencia de la Audiencia de Madrid que condena al teniente general Emilio Alonso Manglano, al ex coronel Juan Alberto Perote y a otros cinco agentes por las escuchas ilegales del servicio secreto ha puesto de manifiesto su necesidad. El Gobierno y el Grupo Socialista, que negocian desde hace meses sobre este proyecto, han llegado a la conclusi¨®n de que est¨¢ "muy verde" y no hay tiempo para aprobarlo antes de las pr¨®ximas elecciones generales.

El descubrimiento del espionaje del Cesid a la sede de HB en Vitoria, en marzo del a?o pasado, llev¨® al ministro de Defensa, Eduardo Serra, a impulsar un proyecto que regulase el control administrativo, parlamentario y judicial de las actividades del centro de inteligencia. Se trataba de una versi¨®n limitada de la reforma de la ley de Secretos Oficiales y de la ley del Cesid, que el PP llevaba en su programa electoral y aparc¨® a los pocos meses de gobierno.Las conversaciones de Serra con los grupos parlamentarios se vieron interrumpidas, primero, por la tregua de ETA y, luego, por la guerra de Kosovo. No obstante, Defensa ha mantenido los contactos con el PSOE en busca de un consenso con el grupo mayoritario de la oposici¨®n ampliable luego al resto.

La ley, por afectar a derechos fundamentales -como el secreto de las comunicaciones o la inviolabilidad del domicilio- tiene car¨¢cter org¨¢nico y requiere mayor¨ªa absoluta del Congreso.

En una reciente reuni¨®n, representantes del Gobierno y del Grupo Socialista llegaron a la conclusi¨®n de que el proyecto "est¨¢ muy verde" y no hay tiempo material para aprobarlo antes de las elecciones generales previstas para la primavera del 2000. Se acord¨® continuar las conversaciones, pero sin prisas, ya que la ley no se tramitar¨¢ hasta la pr¨®xima legislatura.

M¨¢ximo consenso

Fuentes de Defensa subrayan la necesidad de alcanzar el m¨¢ximo consenso, ya que se trata de un "asunto de Estado", y agregan que no tiene sentido remitir la ley a las Cortes si no hay garant¨ªas de que ser¨¢ aprobada antes de su disoluci¨®n. Los socialistas comparten esta idea y agregan que el Gobierno no ha entregado todav¨ªa un texto, por lo que la discusi¨®n se ha limitado a criterios generales.

Uno de los puntos m¨¢s delicados es c¨®mo articular el control judicial de las escuchas y registros del Cesid, teniendo en cuenta que, para adecuarse a la Constituci¨®n, dicho control no se puede limitar a una mera autorizaci¨®n o a la presencia de un juez que no ejerza como tal.

La sentencia de la Audiencia de Madrid sobre la escuchas del Cesid y, sobre todo, la reacci¨®n del secretario general del PP, Javier Arenas, -quien la calific¨® de "reflejo de la etapa del felipismo en que la corrupci¨®n y los esc¨¢ndalos eran diarios"- no facilitan el acuerdo, seg¨²n los socialistas, aunque demuestre la necesidad de la ley.

As¨ª lo consider¨® ayer el portavoz de Coalici¨®n Canaria, Luis Mardones, quien dijo a Europa Press que "hay que buscar una soluci¨®n jur¨ªdica para que las actividades de inteligencia del Estado se puedan ejercer en un marco legal". A los agentes del Cesid, como a los paracaidistas, "hay que obligarles a tirarse del avi¨®n, pero con el paraca¨ªdas puesto", agreg¨®.

Por su parte, el ex vicepresidente Alfonso Guerra, en declaraciones a Antena 3, calific¨® de "esc¨¢ndaloso" que a Perote, condenado a seis meses de c¨¢rcel por las escuchas ilegales, "se le haya absuelto de la utilizaci¨®n ilegal de la informaci¨®n, cuando todo el mundo sabe que ha estado comerciando con ella y utiliz¨¢ndola pol¨ªticamente".

Tambi¨¦n el secretario general del PSOE, Joaqu¨ªn Almunia, tras expresar "respeto" hacia el tribunal, mostr¨® su "discrepancia" con la sentencia, pues a su juicio supone una "tremenda injusticia que se equipare a Manglano con Perote", condenando a ambos a seis meses de c¨¢rcel, informa desde Par¨ªs

La Fiscal¨ªa de Madrid, que s¨®lo pidi¨® la condena de Perote y cuya actitud fue duramente criticada en la sentencia, presentar¨¢ recurso ante el Tribunal Supremo, igual que los condenados, por considerar que los miembros del tribunal carec¨ªan de "imparcialidad objetiva" por haber resuelto la reapertura del caso en mayo de 1996.