Ediles insumisos en Euskadi y Navarra

El alcalde de Bermeo (Vizcaya) tiene hoy una cita con la justicia, tres d¨ªas antes del cierre de la campa?a electoral. Juan Carlos Goienetxea cambiar¨¢ los tr¨ªpticos y las pegatinas por una soflama antimilitarista. Entrar¨¢ por la puerta grande, acompa?ado por Carlos Garaikoetxea, el presidente de su partido, Eusko Alkartasuna (EA), y por su dirigente y consejero de Justicia, Sabin Intxaurraga, y le secundar¨¢n en la intenci¨®n los regidores de los 73 consistorios del Pa¨ªs Vasco -unos 40 en Guip¨²zcoa- y Navarra que se han negado a colaborar con el Ej¨¦rcito en las tareas de reclutamiento, una estrategia de desobediencia civil cocinada en las asambleas de los grupos antimilitaristas en 1990.Todos ellos fueron denunciados por el fiscal general del Estado, a instancias del Ministerio de Defensa, entre 1997 y 1998. La inhabilitaci¨®n pesa sobre la cabeza de todos estos alcaldes desobedientes que, como Goienetxea, sue?an con acabar con los ej¨¦rcitos porque "el mundo militar no lleva a la paz". Algunos conocen bien la inhabilitaci¨®n. Es el caso de Jos¨¦ Juli¨¢n Irizar (EA), alcalde de Zumarraga (Guip¨²zcoa) y diputado de Transportes. La Audiencia de San Sebasti¨¢n le conden¨® a un mes y un d¨ªa de inhabilitacion por negarse a facilitar las listas de los mozos para la mili.

Una decena larga de los regidores de los 73 ayuntamientos denunciados por Defensa han desfilado ya por los juzgados. Algunos han corrido la misma suerte. Otros han visto la causa archivada. Y otros est¨¢n a la espera, mirando de reojo la fecha en la que se pondr¨¢ la primera bayoneta del Ej¨¦rcito profesional.

Fernando Vila tiene su cuartel general en un habit¨¢culo del consistorio de Anoeta (Guip¨²zcoa), uno de los 33 consistorios insumisos de Euskadi y Navarra agrupados en Eudima, la Mancomunidad de Ayuntamientos Insumisos vascos, y uno de los denunciados.

Como portavoz de Eudima, Vila asegura que en algunos consistorios "no se practica de hecho la inhabilitaci¨®n" que pesa sobre los insumisos; esa "muerte civil" que impide a los j¨®venes insumisos condenados desempe?ar cargos p¨²blicos o acceder a becas, viviendas de protecci¨®n y otros beneficios propios del Estado social.