Un reglamento regional castiga las nuevas barreras arquitect¨®nicas con multas de hasta 50 millones

Madrid puede ya castigar a aquellos que construyan edificios o espacios p¨²blicos sin garantizar su accesibilidad. Desde finales de mayo est¨¢ en vigor el reglamento sancionador que desarrolla la Ley regional de eliminaci¨®n de barreras arquitect¨®nicas de 1993. Han sido seis largos a?os de trabajo para alumbrar un reglamento que establece multas desde las 50.000 pesetas a los 50 millones, seg¨²n la infracci¨®n sea muy grave, grave o leve.Se consideran infracciones muy graves, penadas con multas de 10 a 50 millones, el incumplimiento de la ley de accesibilidad en las nuevas obras que se realicen en espacios p¨²blicos y en edificios p¨²blicos o privados con gran concurrencia de ciudadanos. Se castiga tambi¨¦n de una forma severa que las instituciones no reserven un 3% de sus pisos sociales como viviendas adaptables a las necesidades de los discapacitados.

El reglamento califica como faltas graves, penadas con multas de 1 a 10 millones de pesetas, que los edificios nuevos o rehabilitados destinados a vivienda no sean accesibles. Tambi¨¦n se castigar¨¢ as¨ª a las empresas de transporte p¨²blico que no eliminen las barreras en sus nuevos veh¨ªculos.

Por ¨²ltimo, se consideran infracciones leves, con penas de 50.000 pesetas a 1 mill¨®n, aquellas acciones que contravengan la ley de eliminaci¨®n de barreras, pero sin imposibilitar el acceso a ese servicio de los discapacitados. Para establecer los castigos se tendr¨¢ en cuenta el perjuicio causado, el coste econ¨®mico que supone eliminar la barrera, la intencionalidad y la reincidencia. Todo el dinero que se recaude de estas sanciones ir¨¢ a parar al Fondo para la Supresi¨®n de Barreras y Promoci¨®n de la Accesibilidad. El inicio del procedimiento de infracci¨®n corresponde a la administraci¨®n local donde ¨¦sta ocurra.

La ley de accesibilidad y eliminaci¨®n de barreras arquitect¨®nicas entr¨® en vigor en junio de 1993. Pero para que pudiese aplicarse era necesario elaborar antes una serie de reglamentos que concretasen su contenido. Y para consensuar dichos reglamentos hab¨ªa que crear el Consejo regional de accesibilidad, con representantes municipales, auton¨®micos y de asociaciones de discapacitados.

El Consejo se cre¨® en 1995, unos d¨ªas antes de las elecciones que desbancaron al PSOE del Gobierno regional. Fue ya durante el mandato del PP cuando comenz¨® a celebrar sesiones. El reglamento sancionador llev¨® numerosos borradores hasta llegar al texto final consensuado entre todos. Ahora, tambi¨¦n a unos d¨ªas de las elecciones, el Ejecutivo de Ruiz-Gallard¨®n quiere aprobar otro reglamento b¨¢sico para la Ley de eliminaci¨®n de barreras: el t¨¦cnico, que fija al detalle las medidas que deben de cumplir los edificios para ser accesibles.