Piqu¨¦ niega trato de favor a Ercros y dice que el PSOE ayud¨® al grupo con 28.000 millones

El titular de Industria, Josep Piqu¨¦, que compareci¨® ayer por segunda vez ante la subcomisi¨®n del Congreso que examina la pol¨ªtica de subvenciones de su ministerio, neg¨® cualquier trato de favor a Ercros, empresa que ¨¦l presidi¨® hasta 1996. En tono un tanto desabrido, record¨® que si el Ejecutivo del PP aprob¨® en junio de 1998 la condonaci¨®n (rescate, seg¨²n Piqu¨¦) de la mayor parte del cr¨¦dito de 8.500 millones concedido por el Instituto de Cr¨¦dito Oficial (ICO) a Ercros, los Gobiernos del PSOE lo subvencionaron desde la suspensi¨®n de pagos en 1992 con m¨¢s de 28.000.

Tanto Piqu¨¦ como el presidente de Ercros desde 1996, Antoni Zabalza (ex director del gabinete de Presidencia con Felipe Gonz¨¢lez), que compareci¨® tambi¨¦n ante la subcomisi¨®n, coincidieron en se?alar que nunca hablaron de la condonaci¨®n de la deuda del grupo qu¨ªmico pese a que son amigos. Las explicaciones de Piqu¨¦ y de Zabalza no convencieron ni al PSOE ni a IU. Incluso el representante de CiU asegur¨® que el perd¨®n de 7.400 millones de la deuda contra¨ªda por Ercros con el ICO hab¨ªa perjudicado al erario p¨²blico. Al t¨¦rmino de la comparecencia y pese a no haber sido preguntado por ello, Piqu¨¦ explic¨®, "para que quede constancia", que pese a los rumores nunca ha sido el n¨²mero dos de Javier de la Rosa, ex presidente del Grupo Torras y actualmente encarcelado. Seg¨²n dijo el ministro, ¨¦l fue nombrado al frente de Ercros por los accionistas de Torras que llevaron a De la Rosa ante el juez. El asunto de la subcomisi¨®n del Congreso era el estudio de la condonaci¨®n de 7.400 millones, de un cr¨¦dito de 8.500 aprobado en 1994 por el ICO, sin inter¨¦s ni plazo fijo de devoluci¨®n, para evitar la quiebra del grupo. La Comisi¨®n Delegada del Gobierno para Asuntos Econ¨®micos lo cancel¨® el 4 de junio de 1998. A cambio, Ercros se comprometi¨® a pagar sus deudas con Hacienda y la Seguridad Social de m¨¢s de 7.800 millones, a realizar una ampliaci¨®n de capital por 4.000 millones (luego lleg¨® a 7.000) y a devolver al ICO 1.100. El acuerdo estaba condicionado, adem¨¢s, a la compra por parte del ICO de unos terrenos de Ercros en Lanzarote, hipotecados por Hacienda y la Seguridad Social (urbanizaci¨®n Costa Teguise), por 5.000 millones.

Tanto Zabalza como Piqu¨¦ resaltaron la bondad de la operaci¨®n, con la que el ICO cobraba 1.100 millones de un cr¨¦dito pr¨¢cticamente incobrable. Zabalza explic¨® incluso que dicho cr¨¦dito de 8.500 millones hab¨ªa sido valorado por la consultora independiente Peat Marwick en una cantidad de entre 75 y 125 millones. Zabalza lleg¨® a decir que el ICO cobr¨® 1.100 millones contantes y sonantes mientras los 8.500 del cr¨¦dito eran "un concepto".

Ni las explicaciones de Zabalza (que admiti¨® ser propietario de 140.000 acciones de Ercros), ni las de Piqu¨¦ convencieron a la oposici¨®n. Si cabe, a?adieron a¨²n m¨¢s dudas. Por ejemplo, seg¨²n explic¨® Zabalza, Ercros tuvo constancia "fehaciente" de la condonaci¨®n de la deuda el 4 de octubre de 1998, cuando hab¨ªa sido aprobada en junio. Ni Zabalza ni Piqu¨¦ supieron explicar por qu¨¦ se tard¨® tanto en comunicarla. Adem¨¢s PSOE e IU subrayaron que no se hizo p¨²blico el acuerdo hasta el 23 de octubre, otro punto oscuro que Zabalza atribuy¨® a que el rescate de la deuda estaba condicionado al cierre de la compra de terrenos en Lanzarote.

Deliberaciones

Las explicaciones del ministro Piqu¨¦, prolijas, se extendieron a 1992 y trataron de demostrar que si alguien benefici¨® a Ercros, en detrimento de la Hacienda P¨²blica, fueron los Gobiernos socialistas. Seg¨²n sus cuentas, desde esa fecha, los diferentes Gobiernos ayudaron a Ercros (sin comunicarlo a Bruselas, que ha abierto un expediente al respecto) con 28.000 millones. Incluso ilustr¨® la supuesta mala gesti¨®n anterior con el perd¨®n, en 1991, de una deuda de 4.500 millones a la empresa R¨ªo Tinto Minera. Piqu¨¦ insisti¨® en que no particip¨® en las deliberaci¨®n de la comisi¨®n del Gobierno que aprob¨® el rescate del cr¨¦dito pese a que "no exist¨ªa ning¨²n conflicto de intereses, ni relaci¨®n de parentesco" en el asunto, lo que fue contestado contundentemente por el diputado socialista Francisco Fern¨¢ndez Marug¨¢n, quien le record¨® que la Ley de Incompatibilidades obliga a los altos cargos a inhibirse por escrito en asuntos relacionados con antiguas responsabilidades.