Estados Unidos solicita la ayuda de Espa?a para acceder al procedimiento sobre Chile

ENVIADO ESPECIALEl Departamento de Justicia de EEUU ha solicitado la cooperaci¨®n jur¨ªdica de Espa?a para acceder a la causa sobre genocidio, terrorismo y tortura que instruye el juez Baltasar Garz¨®n contra el ex general Augusto Pinochet y otros militares chilenos. Una delegaci¨®n estadounidense viaj¨® a Madrid en mayo con el objetivo de conocer el material de la causa relacionado con el asesinato de Orlando Letelier, ex ministro de Defensa del Gobierno de Salvador Allende, en Washington, el 21 de septiembre de 1976.

La delegaci¨®n estadounidense, seg¨²n fuentes oficiales consultadas en Washington, fue encabezada por Mark M.Richard, n¨²mero tres del Departamento de Justicia, cuyo cargo es deputy assistant de la ministra de Justicia, Janet Reno. En la misi¨®n viajaron Randy Toledo, responsable del departamento de la cooperaci¨®n jur¨ªdica internacional entre Estados Unidos y la Uni¨®n Europea, y dos fiscales. La abogada Randy Toledo se ocup¨®, en 1997, de coordinar la respuesta de su pa¨ªs a la comisi¨®n rogatoria enviada por el juez de la Audiencia Nacional Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n, entonces a cargo del caso Chile, a Estados Unidos; el fiscal de distrito John Beasley acompa?¨® al juez espa?ol y al fiscal Ignacio Pel¨¢ez durante su misi¨®n en Washington, en enero de 1998.

El objetivo de dicha comisi¨®n rogatoria fue el de interrogar a varios testigos relacionados con el asesinato del funcionario espa?ol de Naciones Unidas Carmelo Soria, y obtener documentos para la investigaci¨®n de otros cr¨ªmenes cometidos durante la dictadura del general Pinochet.

La visita a Madrid dirigida por Richard, seg¨²n fuentes diplom¨¢ticas, ten¨ªa como objetivo oficial el anuncio de que Estados Unidos est¨¢ preparando una propuesta de modificaci¨®n de los tratados entre EEUU y Espa?a en materia de cooperaci¨®n jur¨ªdica y extradici¨®n. En especial, dijeron esas fuentes, el Departamento de Justicia norteamericano desea evitar que se vuelvan a repetir en el futuro algunos casos de personas sobre las que se ha solicitado la extradici¨®n y que, tras ser concedida, se han dado a la fuga.

Hay dos antecedentes que tuvieron lugar en 1998. El primero fue el del ciudadano de nacionalidad espa?ola Fernando Aymat Olasolo, un m¨¦dico neur¨®logo residente en el condado de Cuyahoga, Estado de Ohio, que tras ser condenado por el juez Anthony O.Calabresse Jr. el 24 de noviembre de 1992 huy¨® de Estados Unidos, siendo localizado en Espa?a. Solicitada la extradici¨®n, ¨¦sta fue concedida por la Audiencia Nacional. Sin embargo, la entrega no pudo consumarse. Aymat, que gozaba de libertad provisional bajo fianza de un mill¨®n de pesetas, desapareci¨®.

El segundo fue el caso del ciudadano norteamericano Richard Marshall Hirschfeld, quien despu¨¦s de ser condenado en EEUU por los delitos de defraudar a Hacienda, a la Comisi¨®n de Valores y Bolsa y presentar a sabiendas una declaraci¨®n de impuestos falsa, huy¨®. Fue detenido en Espa?a. La extradici¨®n fue concedida, pero tras rechazarse un recurso de s¨²plica, el 30 de octubre de 1998, cuando la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dispuso a ordenar su entrega, Hirschfeld, que estaba en libertad provisional, tambi¨¦n se fug¨®.

La delegaci¨®n del Departamento de Justicia que viaj¨® a Madrid el pasado mes de mayo tom¨® contacto con el Ministerio de Justicia espa?ol, a quien anunci¨® el deseo de mejorar los tratados de cooperaci¨®n y extradici¨®n. Asimismo visit¨® al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairi?o, en su despacho de la madrile?a avenida de G¨¦nova, y al presidente de la Audiencia Nacional, Clemente Auger.

La delegaci¨®n celebr¨® una reuni¨®n de trabajo con el juez Baltasar Garz¨®n. El caso Chile, seg¨²n fuentes jur¨ªdicas solventes, solo fue tratado con el juez Garz¨®n y se insisti¨® en su car¨¢cter confidencial.

Fuentes jur¨ªdicas y diplom¨¢ticas, consultadas por EL PA?S en Madrid y en Washington, se?alaron que desde la detenci¨®n del ex general Pinochet en Londres, el 16 de octubre de 1998, el Departamento de Justicia estadounidense analiza los elementos que pudieran aconsejar una reapertura del caso Letelier, el ex ministro de Defensa del Gobierno de Allende asesinado, junto con su colaboradora, Ronni Moffit (de nacionalidad estadounidense), mediante la explosi¨®n de una bomba instalada en su coche, en el centro de Washington, el 21 de septiembre de 1976.

Varios juicios sobre este caso tuvieron lugar en Estados Unidos entre 1978 y 1990. Pero los instigadores directos, seg¨²n la confesi¨®n del agente de la Direcci¨®n Nacional de Inteligencia (DINA), la polic¨ªa secreta chilena, Michael Townley, el entonces coronel Manuel Contreras, director de la DINA, el entonces teniente coronel Pedro Espinoza, su jefe de operaciones, no pudieron ser juzgados. EEUU solicit¨® a Chile, sin ¨¦xito, la extradici¨®n de ambos. Finalmente, la presi¨®n norteamericana consigui¨® que ambos fueran juzgados en Chile, donde se les conden¨® el 30 de mayo de 1995 a seis a?os de prisi¨®n.

Declaraci¨®n de Contreras

El 23 de diciembre de 1997 tuvo lugar un hecho que tanto la hermana de Orlando Letelier, la abogada Fabiola Letelier, como el abogado que lleva el caso en Washington, Sam Bufone, han invocado para reabrir el caso. El ex director de la DINA, Contreras, pidi¨® ante la Corte Suprema de Chile la revisi¨®n de su condena. La defensa de Contreras aport¨® una declaraci¨®n de m¨¢s de 300 folios firmada de pu?o y letra por Contreras. El ex responsable de la DINA dec¨ªa, entre otras cosas, que el general Pinochet se hab¨ªa encargado de ascenderle a coronel y de de darle, tanto en el a?o 1976, a?o del asesinato de Letelier, como en 1977, las m¨¢ximas calificaciones en atenci¨®n a su lealtad y eficacia. Contreras aseguraba tambi¨¦n que el jefe real de la DINA era Pinochet y que ¨¦l actuaba como un mero subordinado. La petici¨®n fue desestimada por la Corte Suprema chilena.

La declaraci¨®n de Contreras se incorpor¨® a primeros de 1998, tras su legalizaci¨®n en Chile, a la causa que entonces instru¨ªa en la Audiencia Nacional el juez Garc¨ªa-Castell¨®n. La familia Letelier est¨¢ personada en este procedimiento.

Las autoridades norteamericanas, por su parte, han mostrado inter¨¦s, seg¨²n fuentes jur¨ªdicas y diplom¨¢ticas, en conocer si existe alguna posibilidad de ir m¨¢s all¨¢ de la responsabilidad de Contreras en el atentado terrorista que mat¨® a Letelier en Washington. La delegaci¨®n encabezada por Richard manifest¨® su inter¨¦s por tener acceso al documento de Contreras, seg¨²n esas fuentes, a trav¨¦s del procedimiento que dirige el juez Garz¨®n.

Fuentes jur¨ªdicas consultadas en Madrid y en Washington dijeron a EL PA?S que el juez Garz¨®n no puso reparos en facilitar, en el marco de una comisi¨®n rogatoria, el citado documento.

En octubre, por otra parte, se desclasific¨® un memor¨¢ndum del Departamento de Estado en el que se da cuenta del acta de una conversaci¨®n que tuvo lugar el 8 de junio de 1976, en Santiago de Chile, entre el entonces secretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger, y el general Pinochet, presidente de Chile. En ella Pinochet le manifest¨® su preocupaci¨®n por la actividad de ciertas personas en Washington que ten¨ªan mucho prestigio en el Congreso y que hac¨ªan campa?a contra su regimen. Pinochet mencion¨® dos veces un mismo nombre: el de Letelier.

Tres meses m¨¢s tarde, el 21 de septiembre de 1976, Letelier era asesinado en Washington mientras Kissinger todav¨ªa segu¨ªa siendo secretario de Estado. "Su asesinato fue precedido por un hecho simb¨®lico de gran envergadura. El Gobierno de Pinochet, tras la visita de Kissinger, anul¨® la nacionalidad a Orlando, cosa que no se hizo oficial hasta el 11 de septiembre de 1976, en coincidencia con un art¨ªculo ya c¨¦lebre de mi hermano en una revista de Nueva York y con su discurso en el Madison Square Garden. Diez d¨ªas m¨¢s tarde, le asesinaron en Washington", dijo recientemente a este peri¨®dico Fabiola Letelier.