El convenio de Salburua no se puede anular, seg¨²n los due?os del suelo

Los propietarios privados de Salburua y Zabalgana, las dos ¨¢reas por donde crecer¨¢ Vitoria en los pr¨®ximos a?os, han encargado sendos informes jur¨ªdicos a expertos en Urbanismo en los que se asegura que el convenio aprobado por el Ayuntamiento de Vitoria en mayo no se puede anular. El PP y los socialistas han anunciado su intenci¨®n de inutilizarlo si acceden al gobierno municipal. El acuerdo, que implica municipalizar 6,2 millones de metros cuadrados, s¨®lo cuenta con el apoyo del PNV y UA.

Ante la posibilidad de que ni los nacionalistas ni Unidad Alavesa formen parte del pr¨®ximo equipo de gobierno municipal, los due?os de Salburua y Zabalgana se han armado de argumentos jur¨ªdicos para una posible negociaci¨®n en un futuro cercano. Han pagado dos informes jur¨ªdicos, uno a un catedr¨¢tico de Derecho de Urbanismo y otro a un experto que ejerci¨® de secretario de Estado de Vivienda cuando el Gobierno socialista dict¨® la anterior Ley del Suelo. En los dos estudios se asegura que el convenio "no es lesivo para los intereses de la ciudad" y se defiende que "el pleno municipal es soberano" y, por lo tanto, no se puede anular la decisi¨®n adoptada el 7 de mayo pasado. Estos argumentos impedir¨ªan el proceso necesario si es que alg¨²n grupo pol¨ªtico quisiera revocar la votaci¨®n del pleno. Para ello, se requieren unas complicadas gestiones, que terminar¨ªan en el Consejo de Estado, pero una decisi¨®n plenaria s¨®lo se podr¨ªa anular si se entiende que atenta contra el inter¨¦s p¨²blico. "Pero no es lesivo, al contrario. El Ayuntamiento aporta un 20% del terreno [1,6 millones de metros cuadrados] y se lleva el 60%", afirm¨® ayer un representante de los propietarios. El convenio obliga a los particulares a ceder su terreno (4,5 millones de metros) al Ayuntamiento. A cambio, obtienen el aprovechamiento urban¨ªstico del 40% de las 21.000 viviendas que se construir¨¢n en esas dos zonas. Seg¨²n un estudio municipal, de esta operaci¨®n el municipio obtendr¨¢ 32.493 millones de pesetas, por 65.818 millones de los propietarios. Desde el Ayuntamiento, el propio alcalde, Jos¨¦ ?ngel Cuerda, hab¨ªa admitido que su plan urban¨ªstico no ten¨ªa garantizada la puesta en marcha. Depend¨ªa de si el pr¨®ximo gobierno municipal lo asume o no. El instrumento del que se valdr¨¢ la pr¨®xima corporaci¨®n para anular el convenio o sacarlo adelante es el Plan General de Ordenaci¨®n Urbana, pendiente de aprobar en el Ayuntamiento. El acuerdo con los propietarios no tendr¨ªa validez si no se incluye en ¨¦l. Este argumento, v¨¢lido hasta ahora entre los concejales tanto del equipo de gobierno como de la oposici¨®n, no lo comparten los propietarios, a trav¨¦s de sus informes jur¨ªdicos. Sostienen que el convenio obliga de por s¨ª al Ayuntamiento a introducirlo en el Plan General, y que la ¨²nica forma de anular el acuerdo pasar¨ªa por una fuerte indemnizaci¨®n del consistorio a los particulares.