Vallejo culpa a la ley estatal del Suelo del encarecimiento de las viviendas Obras P¨²blicas negocia con IU y PA una normativa auton¨®mica

El consejero de Obras P¨²blicas, Francisco Vallejo, ha cuestionado los efectos de la Ley del Suelo, a la que ha atribuido "la mayor escalada en el precio de las viviendas en los ¨²ltimos 15 a?os". El consejero ya ha entregado a Izquierda Unida y PA el borrador de una normativa auton¨®mica que contempla la intervenci¨®n de la administraci¨®n p¨²blica en el mercado del suelo, porque, seg¨²n Vallejo, "no puede funcionar a su aire en algo que afecta a un derecho tan fundamental como el de la vivienda".

La Junta ya cuestion¨® la ley estatal cuando el proyecto fue discutido en el Congreso de los Diputados, donde fue aprobada con los votos del PP y de Converg¨¨ncia y Uni¨®. Ahora, seg¨²n Vallejo, "los resultados demuestran que ten¨ªamos raz¨®n". En su opini¨®n, la normativa no introdujo "decisiones de calado" en su objetivo inicial de abaratar los costes, hasta el punto de que al final ha tenido los efectos justamente contrarios. "La Ley del Suelo ha conllevado una valoraci¨®n de los suelos urbanizables y no urbanizables a precio de oro y en el momento en que se ha producido una mayor demanda en el mercado ha habido una evoluci¨®n especulativa", ha explicado el consejero. Como ejemplo, cita que cuando antes las expropiaciones se pagaban por m¨®dulos, ahora se hacen a precio de mercado, y si esto ocurre, se "corre el riesgo de que desaparezca la vivienda social porque la administraci¨®n tiene pocas posibilidades de intervenir". Con todo, el consejero se ha felicitado porque el nivel del precio de la vivienda en Andaluc¨ªa sea 30.000 pesetas m¨¢s barato que la media espa?ola, 40.000 pesetas en el caso de la vivienda usada. El consejero de Obras P¨²blicas ha criticado tambi¨¦n que los ayuntamientos hayan optado por vender sus suelos disponibles al mejor postor, lo que repercute en un encarecimiento no s¨®lo de las parcelas afectadas, sino de todo el sector en el que est¨¢n ubicadas. El borrador del anteproyecto de la Ley del Suelo de Andaluc¨ªa ofrecer¨¢ un amplio margen a la administraci¨®n para intervenir en el mercado del suelo. El texto adem¨¢s introduce importantes novedades en el planeamiento urban¨ªstico, reserv¨¢ndose la Junta el dise?o estructural y las corporaciones locales el planeamiento pormenorizado de los suelos, y habr¨¢ una simplificaci¨®n de las figuras existentes en la actualidad. La Junta pretende que la ley obligue a los ayuntamientos a publicar en los boletines oficiales de las provincias los convenios urban¨ªsticos que acuerden con promotores antes de que sean aprobados en pleno. Este requisito de publicidad, que ahora no existe, pretende evitar situaciones como las del Ayuntamiento de Marbella, que antes de la revisi¨®n del PGOU firm¨® m¨¢s de 200 convenios por los que ha obtenido importantes ingresos econ¨®micos de los que apenas la administraci¨®n auton¨®mica dispone de datos. Por otra parte, el Tercer Plan Andaluz de la Vivienda que el pasado martes aprob¨® el Consejo de Gobierno prev¨¦ la construcci¨®n de 399.000 nuevas viviendas en la comunidad aut¨®noma hasta el a?o 2002, un 24% menos que en el anterior programa. Este nuevo plan contempla un mayor n¨²mero de actuaciones en reformas de viviendas antiguas, cap¨ªtulo que supone el 55% de las actuaciones previstas, y mayores ayudas para los j¨®venes de 35 a?os, que representan el 60% de los demandantes de viviendas. La Junta va a firmar un convenio con las entidades financieras andaluzas que le permitir¨¢ disponer de 100.000 millones para la promoci¨®n de viviendas para j¨®venes en alquiler de entre 16.000 y 18.000 pesetas mensuales. Con las actuaciones en barriadas con una antig¨¹edad de entre 20 y 40 a?os, la Junta pretende "mejorar la ciudad existente" y evitar el fen¨®meno de la despoblaci¨®n de zonas urbanas que estaban consolidadas. Seg¨²n la Consejer¨ªa de Obras P¨²blicas, en cuatro a?os se destinar¨¢n 767.000 millones de pesetas en actuaciones de reforma y mejora de viviendas usadas. Los proyectos ya puestos en marcha hasta ahora afectan a 140.000 viviendas en 720 municipios andaluces.