Precios abusivos en la c¨¢rcel

Los internos de la prisi¨®n de Topas (Salamanca) han ganado la batalla que manten¨ªan contra los precios del economato de su penal. Ciento cincuenta de ellos remitieron una queja a finales del a?o pasado al juez de vigilancia penitenciaria de Le¨®n, Juan Pablo Gonz¨¢lez del Pozo, suplic¨¢ndole que intercediera ante la carest¨ªa de productos que fustigaban sus fr¨¢giles pecunios. Y es que no entend¨ªan por qu¨¦ un litro de leche de igual marca, por poner s¨®lo un ejemplo, costaba dentro del penal cinco duros m¨¢s que en cualquier centro comercial de la ciudad. Aun en contra del criterio del fiscal, que sosten¨ªa que la materia no era competencia del juzgado de vigilancia, el magistrado se tom¨® en serio el aluvi¨®n de quejas y comenz¨® a investigar. Visit¨® por sorpresa el economato y levant¨® acta de los precios "de 39 art¨ªculos de primera necesidad (aceite de oliva, agua, at¨²n en aceite, champ¨², jab¨®n, leche, galletas normales y rellenas, cereales, batidos...)". Con la lista en la mano y la ayuda de sus funcionarios, se desplaz¨® al Pryca de Salamanca, cercano al penal, y al centro comercial Eroski de Zamora y cotej¨® precios. As¨ª, comprob¨® "que s¨®lo dos productos" de los encontrados en Pryca eran ligeramente m¨¢s caros -"tres pesetas m¨¢s en uno de 466 y 37 m¨¢s en otro de 142"- que sus hom¨®logos del economato. En cambio, el precio de los restantes productos "era muy superior" en el penal. Los hab¨ªa "hasta 193 pesetas m¨¢s caros", es decir, el mismo art¨ªculo que en la prisi¨®n val¨ªa 532 pesetas, pod¨ªa ser adquirido en Pryca por 339, pese a ser de la misma marca y tama?o. El contraste de precios en el Eroski de Zamora aval¨® todav¨ªa m¨¢s las airadas quejas de los internos.

Concluidas las comprobaciones, el juez dict¨® el 27 de mayo un auto -en el que incluye una tabla comparada de precios, pero sin especificar el tipo de art¨ªculo- en el que insta al director de la prisi¨®n (una de las m¨¢s grandes de Espa?a, con unos 1.500 internos) a que en lo sucesivo "evite que los precios de los productos rebasen los que fijan los grandes supermercados existentes en las ciudades de Salamanca y Zamora". El juez recuerda al director "la precariedad de medios" que en general flagela a la poblaci¨®n reclusa y le advierte de que el reglamento penitenciario establece que los precios de los economatos deben ser equiparables a los que rigen en los mercados de la zona donde se ubique el centro, nunca m¨¢s altos.

Antes de recibir esa orden, el director explic¨® por escrito al juez que la explotaci¨®n del economato de Topas hab¨ªa sido adjudicada, en 1997, a la empresa Santos Vending Salamanca, SL. Y que se hab¨ªa hecho as¨ª, entre otras razones, ante las arbitrariedades y "pr¨¢cticas irregulares (deudas, fiados, desfalcos...)" detectadas cuando la explotaci¨®n era competencia del centro y los tenderos eran los propios reclusos.

Insatisfecho con las explicaciones, el magistrado no s¨®lo estim¨® la queja sobre los precios abusivos, sino otras dos tambi¨¦n referidas al funcionamiento del economato: que no se exhiben las marcas y caracter¨ªsticas de los productos susceptibles de adquirirse dentro del centro y que no se proporciona a los internos el tique original de los art¨ªculos que encargan del exterior por no estar disponibles en el penal, sino "un albar¨¢n", ¨²nico comprobante que les facilita la empresa adjudicataria. "F¨¢cilmente puede comprenderse", remacha el juez en su auto, ampar¨¢ndose en el art¨ªculo 302.2 del Reglamento Penitenciario, "que tambi¨¦n procede estimar esta petici¨®n. Como es obvio", agrega, "el sentido del [citado] precepto reglamentario es permitir al interno identificar con precisi¨®n lo que puede comprar, cosa que no se producir¨¢ si se oculta el dato esencial de la marca del producto y sus caracter¨ªsticas esenciales de peso, capacidad o medida". Y para quien entienda que efect¨²a una interpretaci¨®n extensiva del reglamento, el juez indica que por encima de ¨¦ste existe la Ley del Consumidor, aplicable a todo ciudadano, sea o no preso, que establece "como derecho irrenunciable" la obligaci¨®n de facilitar "una informaci¨®n completa" acerca de los productos que se expenden en los locales p¨²blicos.

"Lo que se ha hecho en Topas, al igual que se est¨¢ haciendo en los centros penitenciarios de nueva construcci¨®n, es convertir los economatos en empresas mercantiles puras y duras", lamenta Jos¨¦ Luis Pascual, delegado sindical de ACAIP, sindicato mayoritario de funcionarios de prisiones. "Y ahora pretenden hacer lo mismo con los servicios de cocina", a?ade.