EEUU pide para Toyota una multa de 9,5 billones de pesetas por contaminaci¨®n

El Gobierno de Estados Unidos ha llevado a la empresa japonesa de autom¨®viles Toyota a los tribunales y solicita que se le imponga una multa de 58.500 millones de d¨®lares (cerca de 9,5 billones de pesetas) por agresi¨®n contra el medio ambiente. La acusaci¨®n dice que entre 1996 y 1998, Toyota fabric¨® 2,2 millones de veh¨ªculos en los que no funciona bien el control anti-contaminaci¨®n de los vapores procedentes de la gasolina almacenada en el dep¨®sito. Toyota dice que cumple con los requisitos legales, desaf¨ªa a Washington y se niega a aceptar un acuerdo extrajudicial.

El Gobierno federal de Estados Unidos, que act¨²a en nombre de la Agencia de Protecci¨®n del Medio Ambiente (EPA), se acoge en su demanda a la Ley de Limpieza del Aire, como ha hecho en anteriores ocasiones. Los modelos afectados son Corolla, Camry, Paseo, Avalon, Tercel y Lexus. La empresa Toyota se ha negado a aceptar una oferta de resoluci¨®n de la demanda que le hubiera evitado ir a juicio a cambio de 100 millones de d¨®lares (m¨¢s de 16.000 millones de pesetas). Para Carol Browner, directora de la EPA, la denuncia ante los tribunales "demuestra el compromiso del Gobierno para garantizar que las empresas no saquen beneficios de la contaminaci¨®n, y para asegurar que la salud p¨²blica se protege". Los responsables de Medio Ambiente sostienen que los conductores no pueden saber cu¨¢ndo sus autom¨®viles emiten niveles no permitidos de contaminaci¨®n si no cuentan con luces y se?ales de aviso en el cuadro de mandos.

Toyota asegura que sus veh¨ªculos cumplen con todas las exigencias previstas en la Ley de Limpieza del Aire, e insiste en que su negativa a aceptar una cantidad en concepto de multa para resolver el conflicto es una cuesti¨®n de principios.

Es la primera ocasi¨®n en la que un fabricante de autom¨®viles se niega a resolver amistosamente con las autoridades una disputa causada por contaminaci¨®n. En el ¨²ltimo a?o, el Gobierno estadounidense ha conseguido dos victorias importantes en este campo: en octubre, siete empresas fabricantes de motores de gas¨®leo acusadas por la EPA de producir millones de toneladas de part¨ªculas contaminantes aceptaron el pago de 1.000 millones de d¨®lares (163.000 millones de pesetas), la suma mayor hasta ahora en las indemnizaciones relacionadas con el medio ambiente.

En junio de 1998, la japonesa Honda acord¨® pagar 267 millones de d¨®lares (43.500 millones de pesetas) ante la denuncia de la EPA de que hab¨ªa vendido coches equipados con sistemas de control de contaminaci¨®n defectuosos.

Pruebas de laboratorio

La Administraci¨®n defiende, en todos estos casos, que las empresas cumplen los niveles exigidos en cuanto a emisiones y control de la gasolina que no pasa por los sistemas de combusti¨®n, pero en las pruebas de laboratorio, no en la circulaci¨®n posterior de los motores. La contaminaci¨®n puede proceder de los escapes de gases a trav¨¦s del tap¨®n, del dep¨®sito o de los conductos que llevan el combustible hasta el motor. Las p¨¦rdidas se controlan mediante un sistema que mide la presi¨®n de los vapores de la gasolina en el conjunto del sistema. Cuando hay una ca¨ªda de presi¨®n con el motor en marcha, deber¨ªa encenderse una luz de aviso en el tablero de mandos.

Toyota, que tiene un buen historial de respeto al medio ambiente, contraataca y dice que la ley exige los controles precisamente en pruebas de laboratorio. "Nos decepciona no haber podido resolver el problema de manera amistosa, porque nuestros coches tienen el mejor rendimiento de toda la industria en cuanto a control de emisiones contaminantes", asegur¨® uno de los vicepresidentes de la compa?¨ªa, Jim Olson.

El problema -planteado como un pulso pol¨ªtico entre un coloso de la industria y el Gobierno de Washington- comenz¨® en California, en 1991, en una disputa con el organismo de medio ambiente del Estado, que ese a?o impuso la obligaci¨®n de implantar en los veh¨ªculos sistemas de control de emisiones de vapor de gasolina. En 1995, la empresa present¨® sus sistema y lleg¨® a un acuerdo con el Estado de California.

Negociaciones rotas

Pero dos a?os despu¨¦s, la agencia californiana de medio ambiente realiz¨® pruebas de control de contaminaci¨®n en varios coches Toyota y concluy¨® que no alcanzaban las obligaciones exigidas. Se pidi¨® a Toyota que rectificara los sistemas, y la empresa se neg¨®, argumentando que California hab¨ªa elevado los niveles de exigencia con respecto a lo acordado en 1995. Se intent¨® llegar a un arreglo, pero Toyota se neg¨® a aceptar ninguna culpabilidad. El 11 de diciembre se rompieron las negociaciones y la EPA asumi¨® la posici¨®n de California. En los ¨²ltimos meses se intent¨® de nuevo una soluci¨®n que no pasara por los tribunales, pero se sald¨® con un fracaso. Ahora, la empresa quiere ir a por todas en los tribunales. "Tenemos raz¨®n", dijo escuetamente Joe Tetherow, portavoz de la compa?¨ªa. Tetherow reiter¨® que ninguno de los veh¨ªculos de Toyota plantea riesgos para el medio ambiente y que, en el hipot¨¦tico caso de que fallaran las se?ales de aviso sobre las emisiones, la cantidad de vapor de gasolina liberado ser¨ªa equivalente a la contaminaci¨®n ambiental producida tras haber dado una capa de pintura a dos casas de tama?o mediano.

Seg¨²n la Ley de Limpieza del Aire, en caso de que los tribunales dieran la raz¨®n a la Agencia de Medio Ambiente, Toyota deber¨ªa pagar entre 25.000 y 27.500 d¨®lares (de 4 a 4,5 millones de pesetas) por cada uno de los 2,2 millones de autom¨®viles fabricados entre 1996 y 1998 que supuestamente no cumplen con lo estipulado. Dado el planteamiento del conflicto, se anticipan recursos, nuevas demandas y una larga pelea en las salas de la Justicia.