La Comisi¨®n Europea pone en entredicho incentivos fiscales del Pa¨ªs Vasco y de Navarra

El sistema de incentivos fiscales a la inversi¨®n del Pa¨ªs Vasco y Navarra est¨¢ gravemente en entredicho. Tras el demoledor informe en su contra presentado el pasado d¨ªa 1 por el relator o ponente del Tribunal de las Comunidades Europeas, es ahora la Comisi¨®n Europea la instituci¨®n que pone en duda la legalidad de estas ayudas establecidas por las haciendas forales y el Gobierno navarro. El colegio de comisarios decidi¨® ayer abrir un "proceso de infracci¨®n" por considerar que este r¨¦gimen fiscal distorsiona la competencia, y advirti¨® de que, si es declarado ilegal, las empresas beneficiarias tendr¨¢n que devolver las ayudas recibidas.

"De ninguna manera atacamos la autonom¨ªa fiscal del Pa¨ªs Vasco, como tampoco lo hemos hecho en el caso de Alemania al dictaminar contra las normas concretas en que se ha plasmado, cuando ¨¦stas atentan contra la competencia", dijo ayer el portavoz de Karel van Miert al explicar la apertura del procedimiento. Aunque la actual Comisi¨®n Europea est¨¢ pr¨¢cticamente en funciones, el comisario de la Competencia se ha empe?ado en dejar encarrilada esta cuesti¨®n, que deber¨¢ resolver a partir de septiembre el nuevo Ejecutivo comunitario de Romano Prodi. El colegio de comisarios, a iniciativa de Van Miert, estima que las ayudas fiscales dispuestas por las Diputaciones de ?lava, Vizcaya y Guip¨²zcoa -la titularidad del Concierto Econ¨®mico corresponde a los territorios hist¨®ricos, no al Gobierno de Vitoria-, as¨ª como por el Gobierno de Navarra "son ayudas de Estado ilegales". A juicio de la Comisi¨®n, se dan en ellas los cuatro criterios que el Tratado de la Uni¨®n establece para considerarlas como tales: son "financiadas por recursos estatales, favorecen a determinadas empresas, falsean la competencia y perjudican los intercambios entre los Estados miembros".

La tesis de Bruselas coincide en buena parte con las contundentes conclusiones emitidas el pasado 1 de julio por el relator del Tribunal de Justicia de las Comunidades, con sede en Luxemburgo, ante la consulta elevada por el Tribunal Superior de Justicia del Pa¨ªs Vasco. El relator, Antonio Saggio, concluy¨® tambi¨¦n que dichos incentivos deben ser considerados ayudas de Estado.

Las normas precalificadas de presuntamente atentatorias a la competencia -aunque "la decisi¨®n adoptada no prejuzga el resultado de la investigaci¨®n", subray¨® el portavoz- son un total de siete, divididas en dos tipos. Por una parte est¨¢n las normas forales de ?lava, Guip¨²zcoa y Vizcaya, que establecen un cr¨¦dito fiscal del 45% a las inversiones en activos fijos que superen los 2.500 millones de pesetas; es decir, la posibilidad de recuperar mediante el impago de impuestos ese porcentaje de la cantidad invertida. La argumentaci¨®n de Van Miert, asumida por el resto de los comisarios pese a la oposici¨®n inicial del vasco Marcelino Oreja, consiste en que este r¨¦gimen resulta discriminatorio para las empresas establecidas en Euskadi que no realizan inversiones nuevas o lo hacen con un volumen inferior al fijado por las diputaciones. Adem¨¢s, "no respeta las reglas en materia de ayudas regionales", ya que supera el tope establecido para la comunidad vasca -el 25% de la inversi¨®n, por ser zona objetivo 2- y elude el tr¨¢mite de notificaci¨®n previa a Bruselas.

Por otra parte est¨¢n las llamadas vacaciones fiscales, destinadas a empresas de nueva creaci¨®n que concede fuertes reducciones en la base imponible del Impuesto de Sociedades durante los primeros cuatro ejercicios en que obtengan beneficios: del 99%, 75%, 50% y 25%, en el caso de las tres diputaciones forales, y del 50% en el caso de Navarra.

El empe?o de Van Miert en poner freno a los incentivos fiscales vascos arranca del caso Daewoo. La empresa coreana recibi¨® para su instalaci¨®n en Vitoria una ayuda directa del Gobierno vasco del 25% de la inversi¨®n, y la Diputaci¨®n de ?lava le concedi¨® tanto el cr¨¦dito fiscal del 45% como las vacaciones fiscales. La mayor¨ªa de las ayudas fueron declaradas ilegales en febrero por la Comisi¨®n Europea.

La apertura del proceso de infracci¨®n implica requerir informaci¨®n del Gobierno espa?ol y de las partes interesadas, antes de adoptar una decisi¨®n sobre la compatibilidad de los incentivos con el Tratado de la Uni¨®n. El portavoz de Van Miert record¨® que si al final se determina que las ayudas son ilegales, "las empresas que las han recibido tendr¨¢n que devolverlas".