La propuesta de anular la condena a HB se basar¨¢ en que no hubo delito de colaboraci¨®n con ETA
La suspensi¨®n, hasta el pr¨®ximo lunes, de las deliberaciones sobre el recurso de amparo de la antigua Mesa Nacional de HB permitir¨¢ al vicepresidente del Tribunal Constitucional, Carles Viver, modificar su ponencia inicial para conseguir que siete magistrados voten a favor de la anulaci¨®n de la sentencia del Supremo que llev¨® a los 23 dirigentes independentistas a la c¨¢rcel. Viver introducir¨¢ en su ponencia, que se fundamentaba s¨®lo en la falta de pruebas, la inadecuada aplicaci¨®n del delito de colaboraci¨®n con banda armada a la decisi¨®n de HB de emitir un v¨ªdeo de ETA.
Los siete magistrados que el 27 de mayo votaron en contra del proyecto de sentencia de Manuel Jim¨¦nez de Parga, que propon¨ªa la desestimaci¨®n del recurso de amparo de la antigua c¨²pula de HB, lo hicieron por entender que el fallo del Supremo vulner¨® varios derechos fundamentales. Entre las vulneraciones apuntadas se encontraba la del derecho de libertad de expresi¨®n, especialmente protegible, en su opini¨®n, en una campa?a electoral. Asimismo, la del derecho a ser condenado s¨®lo por delitos previamente definidos como tales, ya que consideraban inadecuada la aplicaci¨®n del delito de colaboraci¨®n con banda armada a una conducta no exactamente tipificada como delito. Por ¨²ltimo, cre¨ªan conculcado el derecho a la presunci¨®n de inocencia, debido a la ausencia, en su criterio, de pruebas de cargo suficientes.
El borrador de sentencia elaborado por Carles Viver, y sobre el que el pleno del Constitucional deliber¨® el lunes y el martes pasados, propon¨ªa anular la sentencia del Supremo por este ¨²ltimo motivo y desarrollaba su argumentaci¨®n en la inexistencia de actividad probatoria suficiente que permitiera considerar no vulnerado el derecho fundamental a la presunci¨®n de inocencia.
Conducta no delictiva
Para uno de esos siete magistrados, Pablo Garc¨ªa Manzano, la sentencia del Supremo recurrida por HB tiene un flanco mucho m¨¢s d¨¦bil: el descrito en el art¨ªculo 25.1 de la Constituci¨®n, seg¨²n el cual "nadie puede ser condenado (...) por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito". Su argumentaci¨®n, no reflejada en el borrador elaborado por Viver, es que el Supremo conden¨® como colaboraci¨®n con banda armada una conducta -la decisi¨®n de emitir un v¨ªdeo de ETA en la campa?a electoral de 1996- no definida como delito. El cambio que Viver introducir¨¢ estos d¨ªas en su proyecto de sentencia, para ser debatido a partir del lunes, profundizar¨¢ sobre esta idea para asegurar que el fallo del Constitucional sea respaldado por siete votos, con lo que no ser¨¢ necesario que el presidente, Pedro Cruz Villal¨®n, deshaga con el de calidad el empate que producir¨ªa el cambio de sentido del de Garc¨ªa Manzano.
Varios de los magistrados apreciaron en el proyecto de Viver otras carencias. As¨ª, Julio Diego Gonz¨¢lez Campos y alg¨²n otro echaron de menos que no se anulara la sentencia del Supremo por vulneraci¨®n de la libertad de expresi¨®n. Pero no condicionaron su voto a que se introdujera ese fundamento de la anulaci¨®n de la condena por estimar que su discrepancia podr¨¢ encauzarse a trav¨¦s de un voto particular concurrente: coincidente en el fallo, pero no en su fundamentaci¨®n.
Viver deber¨¢ ahora razonar que la condena por el delito de colaboraci¨®n con banda armada vulner¨® el llamado derecho fundamental de legalidad penal del art¨ªculo 25.1 de la Constituci¨®n. Para ello tendr¨¢ que demostrar que la decisi¨®n de emitir un v¨ªdeo de ETA no entra dentro de los supuestos de colaboraci¨®n terrorista que prev¨¦ el C¨®digo Penal, que, adem¨¢s de definir varias conductas, declara delictiva "cualquier otra forma de cooperaci¨®n, ayuda o mediaci¨®n" con las actividades de la banda que favorezca sus actividades "o la consecuci¨®n de los fines de una banda armada".
Por su parte, la mayor¨ªa de los magistrados de la Sala Segunda de lo Penal del Supremo -que ayer asistieron a la toma de posesi¨®n de su presidente, Luis Rom¨¢n Puerta-, manifestaron individualmente su disgusto ante la probabilidad de que el Constitucional anule su condena a la antigua c¨²pula de HB por entender que, con esa decisi¨®n, el Constitucional se convertir¨¢ en una instancia revisora del Supremo.
Por su parte, el presidente del Supremo, Pascual Sala, afirm¨® ayer en Santander que hacer conjeturas sobre la resoluci¨®n del Constitucional es "totalmente improcedente" y "muy peligroso".
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