Una peligrosa dualidad

La reciente sentencia dictada d¨ªas atr¨¢s por un tribunal de Florida, en Estados Unidos, contra la industria del tabaco ha llenado nuestra sede de felicitaciones. Probablemente la poblaci¨®n asimila esta derrota de las tabacaleras con el progreso hacia formas de vida m¨¢s saludables. Al tiempo se suscitan interrogantes sobre qu¨¦ suceder¨¢ en Espa?a. ?Veremos en los pr¨®ximos meses litigios billonarios como el dirimido por el juez Kaye en nuestros tribunales?, nos preguntan desde todos los ¨¢mbitos. La respuesta, aunque dif¨ªcil, merece reflexi¨®n.Debe quedar bien sentado que el Comit¨¦ Nacional para la Prevenci¨®n del Tabaquismo (CNPT) es un organismo independiente y aut¨®nomo, integrado por numerosas sociedades cient¨ªficas de nuestro pa¨ªs, que persigue como ¨²ltimo fin hacer que el tabaco, que es el ¨²nico producto de venta autorizado que si se consume, siguiendo las instrucciones del fabricante, produce lesiones y muerte a la mayor¨ªa de sus usuarios, reduzca su prevalencia, especialmente entre ni?os, adolescentes y personas que no desean recibir humos ajenos. Por ello, en nuestra entidad hay muchos cient¨ªficos y pocos juristas, aunque la complejidad de la lucha contra el tabaco nos obliga a estar preparados e informados desde frentes que son ajenos a nuestra ¨²ltima esencia sanitaria.

Sin m¨¢s circunloquios, creemos que hay varios caminos para que las tabacaleras asuman su grave responsabilidad por el dolor y enfermedad que desde hace a?os causan. Si la sentencia de Florida es firme, los que se consideren perjudicados, al haber consumido marcas id¨¦nticas a las que se han juzgado en Estados Unidos, deber¨ªan presentar demandas civiles ante juzgados espa?oles, con gran probabilidad de ¨¦xito, pues ser¨¢ dif¨ªcil que lo ya aprobado en Florida pueda ser neutralizado en Espa?a. El art¨ªculo "emblem¨¢tico", seg¨²n prestigiosos juristas, para llevar a cabo la reclamaci¨®n es el 1.902 del C¨®digo Civil, seg¨²n el cual "el que por acci¨®n u omisi¨®n causa da?o a otro, interviniendo culpa o negligencia, est¨¢ obligado a reparar el da?o causado".

Otra v¨ªa de ¨¦xito la puede proporcionar la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios aprobada en 1984, que en algunos art¨ªculos establece con contundencia que "el consumidor y el usuario tienen derecho a ser indemnizados por los da?os y perjuicios demostrados por el consumo de bienes o la utilizaci¨®n de productos".

Como el Estado ha sido propietario de Tabacalera hasta anteayer (a¨²n, lamentablemente, conserva un pesad¨ªsimo paquete accionarial), algunos pueden pensar en dirigir la acci¨®n judicial contra el Estado ampar¨¢ndose en el art¨ªculo 106.2 de la Constituci¨®n, que dice que "los particulares tienen derecho a ser indemnizados por toda lesi¨®n que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesi¨®n sea consecuencia del funcionamiento de los servicios p¨²blicos". Parece claro que el Estado ha protegido poco a los ciudadanos contra este riesgo. Comp¨¢rense los presupuestos de las campa?as contra el sida o los accidentes con los inexistentes para la prevenci¨®n del tabaquismo, a pesar de que, de cada 1.000 muertes prematuras que se producen en Espa?a, una es debida al consumo de drogas ilegales; dos, al sida; 20, a los accidentes de tr¨¢fico, y 150, al consumo de tabaco.

El tema de las indemnizaciones multimillonarias americanas siempre levanta gran expectaci¨®n, pero en materia de control del tabaquismo, no despreciando la importancia de la v¨ªa jur¨ªdica, existe un abanico de posibilidades al alcance de nuestras autoridades que resulta muy efectivo a medio plazo si se desea verdaderamente reducir el consumo de tabaco; pero ?se desea? ?Cu¨¢les son las pol¨ªticas correctas de precios (nuestros cigarrillos son los de precio m¨¢s bajo de la Uni¨®n Europea), la transposici¨®n ¨¢gil y restrictiva de la Directiva sobre Publicidad, los programas educativos desde la escuela generalizados y rigurosos, las campa?as publicitarias, etc¨¦tera?

En el control del tabaquismo parece evidente que nuestros gobernantes navegan entre la peligrosa dualidad de los buenos deseos del Departamento de Sanidad y los planteamientos fr¨ªos y economicistas de Hacienda, lo que nos hace rememorar a Rafael Alberti cuando dice: "El r¨ªo Guadalquivir/ se quejaba una ma?ana: / me tengo que decidir / entre Cazorla y Do?ana, / y no s¨¦ c¨®mo elegir".