Los fallos de los coches quedan sin indemnizar en Espa?a, aunque la ley ampare al conductor

Las leyes espa?olas amparan a los consumidores, de modo que si alguien sufre un accidente grave por culpa de un fallo mec¨¢nico puede arrancar una indemnizaci¨®n al fabricante. La Direcci¨®n General de Tr¨¢fico dice que el 1,3% de los accidentes mortales de carretera -unos 50- se podr¨ªan achacar a la m¨¢quina. Sin embargo, los fabricantes rara vez se ven aqu¨ª en situaciones tan comprometidas como viven ahora Ford, General Motors y Toyota en Estados Unidos. Los espa?oles no reclaman, y los pocos que lo han hecho han logrado indemnizaciones de mucha menor cuant¨ªa.

En California, un jurado ha castigado a General Motors a pagar una indemnizaci¨®n r¨¦cord de m¨¢s de 800.000 millones de pesetas a seis personas que sufrieron graves quemaduras por la explosi¨®n de un coche al recibir un golpe trasero de un autom¨®vil conducido por una persona que conduc¨ªa bajo los efectos del alcohol. El jurado consider¨® que el veh¨ªculo incendiado tuvo un fallo. En Gerona, un ciudadano denunci¨® tambi¨¦n a General Motors, fabricante del Opel Astra que conduc¨ªa, porque los cinturones de seguridad fallaron tras el accidente sufrido, de modo que el ciudadano se estamp¨® contra el parabrisas. Ocurri¨® en 1993. Dos a?os m¨¢s tarde, el juez le dio la raz¨®n, pero Opel recurri¨®. Finalmente, tras tres a?os de proceso, la Audiencia Provincial confirm¨® la sentencia. La indemnizaci¨®n fue de 854.000 pesetas.La p¨ªrrica batalla de este ciudadano gerundense es excepcional. Fabricantes, aseguradoras y organizaciones de consumidores coinciden en afirmar que los espa?oles no reclaman. Las grandes compa?¨ªas de seguros consultadas por este peri¨®dico tampoco parecen interesadas en pedir da?os y perjuicios a los fabricantes. Hay razones de todo tipo. "Cuando uno usa un coche ya sabe que est¨¢ corriendo ciertos riesgos; por eso paga un seguro", explica la portavoz de Opel Espa?a. "Demostrar que fue un fallo t¨¦cnico lo que motiv¨® un accidente es un proceso costoso y complicado", dice la OCU (Organizaci¨®n de Consumidores y Usuarios). "El problema es que la ley que permitir¨ªa ir contra los fabricantes es la gran desconocida en Espa?a y, adem¨¢s, no hay conciencia social para reclamar nuestros derechos", dice el abogado Juan Ram¨®n Hidalgo.

M¨¢quinas infalibles

Tal es la situaci¨®n en Espa?a, que si no fuera por las estad¨ªsticas de la DGT, parecer¨ªa que los autom¨®viles fueran infalibles. Francisco Aparicio, director del Instituto del Tr¨¢fico de Madrid, un organismo universitario especializado en la investigaci¨®n del autom¨®vil, resume los problemas: "Es dif¨ªcil establecer que la causa de un accidente es un problema mec¨¢nico porque en casos graves el conductor suele morir y ¨¦l es el que detecta el fallo. El coche queda destrozado, as¨ª que la investigaci¨®n es costos¨ªsima, por lo que la gente no suele ponerla en marcha. Si se hace la investigaci¨®n, luego hay que dilucidar si fue el fallo mec¨¢nico el principal detonante. El revent¨®n de una rueda es uno de los fallos m¨¢s habituales. Habr¨¢ que ver si el neum¨¢tico estaba en buen estado y si el conductor llevaba la velocidad adecuada. Hay que tener claras evidencias para enmedarle la plana a un gigante como es un fabricante de coches".La norma que mejor defiende a las v¨ªctimas de un fallo del autom¨®vil, esa gran olvidada que citaba Hidalgo, es la Ley de Responsabilidad Civil por los da?os causados por productos defectuosos, aprobada en 1994. Esta ley, que traspon¨ªa una directiva europea, permite al consumidor reclamar durante un periodo de diez a?os de vida del producto e incluso impone un l¨ªmite m¨¢ximo a la cuant¨ªa de la indemnizaci¨®n, situada en 10.500 millones de pesetas.

Con esta ley y otras vigentes, Juan Ram¨®n Hidalgo cree que los espa?oles tienen armas suficientes para ponerles las cosas dif¨ªciles a los fabricantes, si bien todos coinciden en afirmar que no se puede aspirar a indeminzaciones tan voluminosas como las estadounidenses.

"El derecho es imaginaci¨®n", sentencia Hidalgo, coautor del libro Derecho del producto industrial. Pero adem¨¢s de imaginaci¨®n, los consumidores del otro lado del Atl¨¢ntico cuentan con el decidido apoyo de las instituciones p¨²blicas. Ha sido el Gobierno de EE UU, por ejemplo, el que ha llevado a la empresa japonesa Toyota a los tribunales solicitando una multa de 9,5 billones de pesetas porque sus veh¨ªculos muestran un fallo en el control anticontaminaci¨®n de los vapores de la gasolina, lo que agrede al medio ambiente. En Espa?a, uno de los pa¨ªses europeos de mayor ¨ªndice de siniestralidad del autom¨®vil, lo que quita el sue?o a la DGT es que el 90% de los accidentes se produzcan por culpa del conductor, del factor humano. Los atestados de la Guardia Civil son los ¨²nicos datos b¨¢sicos disponibles para una potencial investigaci¨®n que nunca se hace. "No hay mecanismos de financiaci¨®n para llevarlos a cabo", sentencia Aparicio.

As¨ª que los pocos consumidores que pretenden iniciar acciones no encuentran m¨¢s que impedimentos. Un conductor ha acudido al Instituto del Tr¨¢fico de Madrid porque asegura que fall¨® el airbag, pero ya le han dicho que investigar su asunto le costar¨¢ 200.000 pesetas para empezar. Otro aseguraba que la suspensi¨®n del coche le jug¨® una mala pasada. El problema es que su accidente ocurri¨® hace dos a?os y ya no hay pruebas sobre las que indagar. Estos dos a?os los ha pasado en la UVI. "Con las t¨¦cnicas de hoy s¨®lo tenemos fallos menores", aseguran en Ford. No es cierto. Ese peque?o 1,3% de casos de los que habla la DGT indican que en 1998 hubo 48 accidentes cuya principal causa fue un fallo mec¨¢nico. En cada uno de ellos hubo, al menos, un muerto.