El d¨¦ficit de la justicia

QUE SE suspenda un juicio por inasistencia de uno de los magistrados del tribunal y a continuaci¨®n se sancione a un testigo que no acudi¨® al juicio suspendido puede pasar por una de esas an¨¦cdotas raras, verdaderamente extraordinarias, que suelen ocurrir en el mundo de la justicia. Pero que se cierre la ventanilla de todo un orden jurisdiccional, como el social, con el pretexto de que las demandas atestan los juzgados, como ha sucedido en Barcelona, es sencillamente un abuso.Las circunstancias y motivaciones de ambos hechos son distintas. Pero los dos son signos alarmantes de un "anormal funcionamiento" de la Administraci¨®n de justicia que desaf¨ªa al tiempo y a los Gobiernos. El primero apunta a un peculiar r¨¦gimen de permisos de los jueces que parece amparar el derecho a ausentarse de juicios previamente se?alados. El segundo constituye una llamada de atenci¨®n al Gobierno por parte de los jueces de lo social de Barcelona sobre la saturaci¨®n en sus juzgados. Hay que darles la raz¨®n sobre el fondo del asunto, pero no en la forma. Poner plazos de meses a la tramitaci¨®n de las demandas -es decir, establecer listas de espera en la oficina de reparto- puede vulnerar el derecho de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva. En ning¨²n servicio p¨²blico, y menos en el de la justicia, est¨¢n justificadas medidas de protesta que pongan en riesgo los derechos de sus usuarios.

Pero el Gobierno, y en concreto la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, no puede dejar de tomar nota del aviso que le llega desde Barcelona. Si la demanda de justicia aumenta, si no hay otro modo de dar curso a la natural litigiosidad que genera la sociedad que acudir a los tribunales, habr¨¢ que disponer de una infraestructura judicial en medios y en personal que d¨¦ respuesta a esa demanda. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene la responsabilidad de velar por la calidad de la justicia, por su modernizaci¨®n y la mejora de sus m¨¦todos de trabajo. Pero al Gobierno le compete enteramente la de construir juzgados y crear plazas judiciales. El CGPJ le ha dicho al Gobierno que se necesitan 10 juzgados de lo social m¨¢s en Barcelona no s¨®lo para acabar con la saturaci¨®n existente, sino para poder dictar sentencias suficientemente razonadas que no vulneren el principio de seguridad jur¨ªdica.

El Gobierno ha hecho o¨ªdos sordos a esta demanda, como ha sucedido con la mayor¨ªa de las iniciativas de reforma que el CGPJ le propuso hace dos a?os a trav¨¦s del Libro Blanco sobre la situaci¨®n de la justicia. Salvo la creaci¨®n de los juzgados de lo contencioso-administrativo -una medida que se ven¨ªa posponiendo desde hace al menos una d¨¦cada-, poco es lo que este Gobierno puede contabilizar en su haber en el ¨¢mbito de la pol¨ªtica judicial. Los asuntos atrasados se siguen acumulando en los juzgados, al tiempo que la imagen de la justicia se degrada a¨²n m¨¢s a los ojos de los ciudadanos, como atestiguan las encuestas. La escasez de ideas de este Gobierno sobre la materia, de la que es prueba documental su progama electoral, ha tenido su plasmaci¨®n en el nombramiento de una ministra de Justicia que parece estar desaparecida. Si quien tiene la responsabilidad de impulsar la pol¨ªtica judicial del Gobierno carece de iniciativas, no es de extra?ar que los objetivos de reducci¨®n del d¨¦ficit se impongan sobre los de inversi¨®n en un servicio p¨²blico tan esencial como la Administraci¨®n de justicia. En un Estado de derecho, el m¨¢s pernicioso de los d¨¦ficit es que la justicia no funcione.