Apa?os auton¨®micos

EL BALANCE presentado por el Gobierno sobre la financiaci¨®n auton¨®mica en 1997, primer a?o de aplicaci¨®n de la nueva f¨®rmula pactada por PP y CiU, ha confirmado las peores sospechas. Los datos ofrecidos, lejos de facilitar un m¨ªnimo consenso interpretativo de todas las partes implicadas, no han hecho m¨¢s que emponzo?ar las relaciones entre las distintas comunidades. El lenguaje utilizado para discutir sobre el dinero auton¨®mico nada tiene que ver con la te¨®rica adecuaci¨®n de los recursos a las necesidades de cada regi¨®n, la corresponsabilidad fiscal o la solidaridad. Se trata de dividendos y agravios, comunidades buenas y ganadoras, comunidades malas y perdedoras, pactos bilaterales y acuerdos secretos, compensaciones y correcciones, arreglos y apa?os... Es decir, la peor ret¨®rica del agravio comparativo, el ventajismo electoralista y la demagogia nacionalista o antinacionalista.Los resultados que ha presentado el ministro ?ngel Acebes no se refieren realmente al funcionamiento del sistema pactado entre PP y CiU en 1996, cuya columna vertebral fue la cesi¨®n del 30% del IRPF a las autonom¨ªas. El sistema como tal no lleg¨® a ponerse en pr¨¢ctica nunca. Y, en propiedad, como todo invento que no funciona, ha sido un fracaso. Cuando en la primavera de 1998 el Gobierno tuvo los primeros datos sobre la ca¨ªda en la recaudaci¨®n del impuesto sobre la renta, fruto de su propia pol¨ªtica fiscal, modific¨® los sistemas de garant¨ªa, que son los que han determinado la financiaci¨®n auton¨®mica real durante este primer a?o.

El balance que ha presentado el Gobierno ha sido, pues, el resultado de los apa?os posteriores. En abril de 1998 se introdujo la cl¨¢usula que garantizaba un crecimiento de las dos principales fuentes de ingresos de las autonom¨ªas (IRPF y participaci¨®n en los ingresos generales del Estado), al menos equivalente al del PIB nominal, que aquel a?o fue del 5,46%. El acuerdo original s¨®lo aseguraba en los ingresos por IRPF una subida m¨ªnima del 90% de dicho ¨ªndice.

Estas nuevas garant¨ªas han contribuido en buena medida a salvar el a?o a las comunidades acogidas al nuevo sistema, pero los mayores ingresos procedieron de otras fuentes, como el aumento, muy superior a lo previsto, en el cap¨ªtulo de participaci¨®n en los ingresos generales del Estado (PIG), que ha sido del 11,31%, y sobre todo de los acuerdos bilaterales. La pol¨¦mica desatada por el pacto entre PP y CiU, principalmente por los 400.000 millones de pesetas de nuevos ingresos que iba a obtener Pujol por el IRPF, carec¨ªa de todo fundamento. Como tampoco lo ten¨ªan los argumentos de las comunidades pobres, que tem¨ªan ser las grandes perjudicadas.

En los presupuestos de 1997, por ejemplo, CiU presupuest¨® unos ingresos por IRPF de 403.000 millones y la recaudaci¨®n por este concepto, seg¨²n la liquidaci¨®n del Gobierno, ha sido de 361.464 millones. En cambio, ingresar¨¢ 6.000 millones m¨¢s de lo previsto por PIG. ?C¨®mo se resuelve el enigma? Con parches acordados caso por caso. Por ejemplo, Catalu?a recibi¨® sigilosamente 42.495 millones del Ministerio de Fomento para financiar la carretera del Eix Transversal, que se cre¨ªa pagada por la Administraci¨®n catalana con sus propios recursos.

En otras palabras, el dinero que reciben las comunidades en la pr¨¢ctica no depende de ninguna f¨®rmula determinada, sino de los pactos bilaterales alcanzados en funci¨®n de la coyuntura pol¨ªtica. En esta l¨ªnea cabe situar la reciente oferta de 100.000 millones por parte de PP para lograr el apoyo de Uni¨® Mallorquina o la promesa de conceder a Arag¨®n un r¨¦gimen similar al concierto vasco para facilitar un acuerdo con el Partido Aragon¨¦s.

Con esta suerte de particularidades, apa?os y arreglos es dif¨ªcil entender que no se haya podido hallar una soluci¨®n para resolver la financiaci¨®n de Andaluc¨ªa, asunto que, por otra parte, est¨¢ en manos de los tribunales. En cambio, parece bastante insostenible que el Gobierno central se empe?e en negar un dato tan objetivo y determinante como es la poblaci¨®n para valorar el coste de los servicios. La Junta de Andaluc¨ªa recibe unos recursos inferiores a sus necesidades al no reconocerse su poblaci¨®n real, que es superior en 400.000 personas a la que se computa para determinar su financiaci¨®n. S¨®lo este aspecto representa un d¨¦ficit anual de 46.000 millones.

El Gobierno ha perdido tres a?os y bastante credibilidad para afrontar un tema que deber¨ªa servir para clarificar y optimizar el gasto p¨²blico, y no como munici¨®n arrojadiza para las campa?as electorales.