Las asociaciones de jueces y fiscales rechazan la f¨®rmula del arbitraje en el "caso Pinochet"

Las asociaciones espa?olas de jueces y fiscales de todas las tendencias rechazaron ayer un¨¢nimemente que el futuro del ex dictador Augusto Pinochet pueda dirimirse al margen del ¨¢mbito judicial, mediante un arbitraje bilateral amistoso entre Espa?a y Chile, y exigieron que "se deje actuar a los tribunales". Los abogados de las acusaciones contra el ex dictador clamaron contra una decisi¨®n que, dijeron, "har¨ªa a Espa?a perder su credibilidad democr¨¢tica" y enviaron una carta de protesta al presidente del Gobierno,Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, por la actitud del ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes.

Las asociaciones de jueces y fiscales rechazaron la posibilidad de que el Gobierno acepte, previa consulta al Consejo de Estado, un arbitraje amistoso con el Ejecutivo de Chile para dirimir fuera del ¨¢mbito judicial la solicitud de extradici¨®n de Augusto Pinochet. Portavoces de la Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura (APM), Jueces para la Democracia (JpD), Asociaci¨®n Francisco de Vitoria, de la Asociaci¨®n de Fiscales (AF) y de la Uni¨®n Progresista de Fiscales (UPF) coincidieron en que la f¨®rmula de un eventual arbitraje que soslaye el proceso de extradici¨®n ser¨ªa "una decisi¨®n pol¨ªtica", pero que ser¨¢ dif¨ªcil arbitrar medidas que impliquen "la dejaci¨®n de la competencia jurisdiccional espa?ola". El presidente de la conservadora y mayoritaria Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura, Santiago Mart¨ªnez Vares, se?al¨® que el Gobierno "no puede influir sobre los tribunales" y si el Ejecutivo decide escuchar al Consejo de Estado no estar¨ªa vinculado por su informe. "Si est¨¢ tramit¨¢ndose la v¨ªa judicial, s¨®lo los tribunales pueden concluir esa v¨ªa y ninguna recomendaci¨®n del Gobierno puede influir sobre eso", coment¨® Mart¨ªnez Vares. Sin embargo, el portavoz oficial de esta misma asociaci¨®n, Jos¨¦ Luis Requero, consider¨® "razonable" que el Gobierno pida un dictamen al Consejo de Estado, ya que este organismo est¨¢ para elaborar aquellos dict¨¢menes que se le reclamen "cuando las necesidades lo aconsejen". En su opini¨®n, los gobiernos espa?ol y chileno est¨¢n intentado llegar a una soluci¨®n "desde el punto de vista pol¨ªtico", para salir "del embrollo jur¨ªdico" en el que est¨¢ el asunto. "Esto tiene todas las trazas de buscar una soluci¨®n pol¨ªtica a un asunto que, desde el punto de vista jur¨ªdico, tiene una base dudosa", insisti¨® Requero. Para la portavoz de la asociaci¨®n progresista Jueces para la Democracia, Montserrat Comas, no cabe ning¨²n arbitraje entre el Gobierno espa?ol y el chileno porque "vulnerar¨ªa la Constituci¨®n espa?ola", cuyo art¨ªculo 118 obliga a "cumplir las sentencias y dem¨¢s resoluciones firmes de los jueces y tribunales, as¨ª como prestar la colaboraci¨®n requerida por ¨¦stos". Adem¨¢s, advirti¨® que en este caso no es posible un arbitraje que s¨®lo "est¨¢ previsto cuando se produce un conflicto pol¨ªtico entre los pa¨ªses, y no cuando se derive del cumplimiento de resoluciones judiciales". Comas signific¨® que el Gobierno "no puede ir contra sus actos, al haber solicitado ya la extradici¨®n de Pinochet a Inglaterra". El representante de la asociaci¨®n centrista Francisco de Vitoria, Lorenzo P¨¦rez, dijo que el arbitraje "no ser¨ªa una soluci¨®n correcta", ya que "se debe respetar el principio jurisdiccional de cada pa¨ªs y la jurisdicci¨®n espa?ola est¨¢ conociendo de unos delitos para los que se considera competente". El portavoz de la conservadora Asociaci¨®n de Fiscales, Miguel Colmenero, se opuso a cualquier medida que suponga una impunidad expresa o encubierta de Pinochet. El presidente de la Uni¨®n Progresista de Fiscales, Adri¨¢n Salazar, tambi¨¦n rechaz¨® un posible arbitraje, "con independencia del apoyo legal que pueda tener en los tratados internacionales", ya que "los delitos son los suficientemente graves para que se deje funcionar a los tribunales". "Es una decisi¨®n pol¨ªtica que, aunque tuviera alg¨²n tipo de soporte legal, no es de recibo", a?adi¨®. El portavoz de Amnist¨ªa Internacional, C¨¦sar D¨ªaz, manifest¨® tambi¨¦n su rechazo a la propuesta del Gobierno chileno que "impedir¨ªa que siguiera adelante el proceso judicial". Joan Garc¨¦s, abogado de la acusaci¨®n popular en el sumario que se sigue en la Audiencia Nacional contra Pinochet, asegur¨® que someter este caso a un arbitraje entre dos gobiernos provocar¨ªa "una crisis dentro del Estado de derecho espa?ol". "Me resulta asombroso que haya alguien en el Gobierno espa?ol que est¨¦ dispuesto a recibir lecciones de Derecho del pa¨ªs (Chile) que ha hecho gala de violaci¨®n sistem¨¢tica de los tratados internacionales suscritos por Espa?a", a?adi¨® Garc¨¦s. Carta a Aznar Los abogados de las acusaciones particular y popular por los cr¨ªmenes cometidos en Chile durante la dictadura dirigieron ayer una carta al presidente del Gobierno, Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, lamentando que el ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, "pareciera ofrecer excusas por el hecho de que los tribunales de justicia est¨¦n investigando la responsabilidad personal de Pinochet". El equipo de abogados que dirige la acusaci¨®n denunci¨®, adem¨¢s, la entrega al Gobierno de Chile, por parte de Matutes, "de piezas que forman parte del sumario que se instruye en la Audiencia Nacional de Espa?a y que son, seg¨²n la ley, secretas para terceros". Los letrados se refieren "a la entrega en la Embajada de Chile de escritos del ministerio fiscal" y de dict¨¢menes sobre el procedimiento judicial elaborados por los servicios del Ministerio espa?ol de Asuntos Exteriores y por expertos ajenos al mismo.