Familiares de v¨ªctimas chilenas reclaman al Reino Unido que juzgue a Pinochet si Espa?a renuncia

El abogado Geoffrey Bindman -en nombre de Amnist¨ªa Internacional, el Reino Unido y las v¨ªctimas de la dictadura del general Augusto Pinochet- escribi¨® el pasado 5 de agosto una carta al abogado del Estado del Reino Unido, lord Gareth Williams, en la que, a la luz de las negociaciones entre los Gobiernos espa?ol y chileno sobre un posible arbitraje amistoso, le pide "seguridades de que "autorizar¨¢ y si es necesario llevar¨¢ adelante la persecuci¨®n del senador Pinochet" en Gran Breta?a "en el caso de que la solicitud de extradici¨®n presentada por el Gobierno de Espa?a sea retirada".

Bindman particip¨® personalmente en los juicios de la C¨¢mara de los Lores respecto a la inmunidad de Pinochet, habida cuenta que representa desde hace muchos a?os a organizaciones de derechos humanos y, tambi¨¦n, a v¨ªctimas de nacionalidad brit¨¢nica, como son los casos de William Beausire, desaparecido durante la dictadura militar chilena, o la doctora Sheila Cassidy, detenida y liberada despu¨¦s de ser salvajemente torturada en Santiago de Chile. Entre esas organizaciones se encuentra en primer lugar Amnist¨ªa Internacional del Reino Unido y la Fundaci¨®n M¨¦dica para el Cuidado de las V¨ªctimas de la Tortura.En la carta, el letrado cita informaciones de prensa seg¨²n las cuales "el Gobierno de Espa?a podr¨ªa aceptar un arreglo con el de Chile y buscar la retirada de la petici¨®n de extradici¨®n del senador Pinochet", y recuerda que "despu¨¦s de su arresto, en octubre de 1998, invitamos a su predecesor a perseguirle penalmente o autorizar la acusaci¨®n de acuerdo con la secci¨®n 134 de la ley de Justicia Criminal de 1988 y de la secci¨®n 1 de la ley de Toma de Rehenes de 1982".

El Abogado del Estado de Su Majestad es uno de los dos departamentos legales del Gobierno del Reino Unido y, seg¨²n la ley inglesa, asume los casos de inter¨¦s p¨²blico o impulsa ciertos procedimientos como asesor jur¨ªdico ¨¢ulico del Gobierno. Puede impulsar, no autorizar o frenar un procedimiento de acuerdo a su interpretaci¨®n del inter¨¦s general. El pasado 29 de julio, el primer ministro, Tony Blair, sustituy¨® como abogado del Estado a John Morris y nombr¨® a lord Gareth Williams.

Bindman puntualiza en su carta: "Siempre hemos dejado claro que nuestros clientes estar¨¢n satisfechos con la extradici¨®n del senador Pinochet a Espa?a y de que buscaban un procedimiento contra ¨¦l en el Reino Unido s¨®lo en caso de que la extradici¨®n no siguiera adelante".

Agrega que "existe una obligaci¨®n por parte suya, por el Servicio de Fiscal¨ªa de la Corona y por el Comisionado de la Polic¨ªa Metropolitana de investigar acusaciones de tal gravedad apoyadas en pruebas importantes, aun en el caso de que las pruebas aportadas por el p¨²blico, como es el caso de nuestros clientes, puedan ser halladas insuficientes en algunos puntos... La eventual terminaci¨®n del proceso de extradici¨®n requerir¨ªa con toda seguridad que el Gobierno del Reino Unido reexamine el asunto con la vista puesta en actuaciones penales. La obligaci¨®n de llevar a los torturadores ante la justicia ser¨ªa, de no ser as¨ª, incumplida".

En el caso de que el Gobierno espa?ol, dice la carta, "no desee proceder, no vemos raz¨®n alguna para que las pruebas aportadas por ¨¦l al Servicio de Fiscal¨ªa de la Corona no puedan ser utilizadas para apoyar una investigaci¨®n en el Reino Unido". La carta subraya: "Nuestra experiencia demuestra que el Gobierno ha tenido dificultades hasta ahora en desarrollar un sistema activo y coordinado para cumplir sus obligaciones con la Convenci¨®n contra la Tortura. Esto puede no ser importante cuando otro pa¨ªs est¨¢ buscando una extradici¨®n, pero es una limitaci¨®n seria cuando no existe tal solicitud".