Jes¨²s Gil decide someter el PGOU de Marbella a la Junta despu¨¦s de un a?o de conflicto

,Despu¨¦s de un a?o de conflicto, el alcalde de Marbella, Jes¨²s Gil, ha dado su brazo a torcer y remitir¨¢ a la Junta de Andaluc¨ªa el texto refundido del Plan General de Ordenaci¨®n Urbana (PGOU). Al menos, eso asegur¨® ayer, despu¨¦s de haber amenazado la semana pasada con no presentarlo. Esta vez hizo las declaraciones con calendario en mano: hoy, por primera vez en sus ocho a?os de mandato, se re¨²ne la comisi¨®n informativa de Urbanismo para que la oposici¨®n haga "sugerencias y an¨¢lisis", el pr¨®ximo d¨ªa 17 est¨¢ convocado un pleno para aprobar el texto refundido del PGOU que reclamaba la Junta. Tras el mes pertinente de exposici¨®n p¨²blica, ser¨¢ remitido a la Comisi¨®n Provincial de Urbanismo.

Jes¨²s Gil anunci¨® las nuevas intenciones del gobierno municipal un d¨ªa despu¨¦s de que el consejero de Obras P¨²blicas, Francisco Vallejo, asegurase que si Gil no presentaba el texto refundido, iba a ser la propia Junta de Andaluc¨ªa la encargada de hacerlo, siguiendo las directrices de la Comisi¨®n de Urbanismo. En opini¨®n del alcalde, esta actuaci¨®n era "ilegal" porque no compete a la Administraci¨®n auton¨®mica. S¨®lo puede hacerlo la Junta si el Ayuntamiento no ha presentado la revisi¨®n del PGOU y, seg¨²n Jes¨²s Gil, la Corporaci¨®n de Marbella s¨ª lo ha hecho, aunque fue suspendido el 20 de julio de 1998. Gil reconoci¨® que el texto que presenta hoy ante la oposici¨®n no asume todos los criterios de Comisi¨®n de Urbanismo. "De lo que est¨¢ denegado, parte se retira y parte se presenta de nuevo, aclarando todo lo que se puede aclarar", asegur¨®. Y a?adi¨®: "Van por ah¨ª diciendo que van a tirar edificios y que van a hacer tonter¨ªas, pero yo no necesito nada de la Junta. Tengo todo legalizado". El Ayuntamiento pretend¨ªa el a?o pasado declarar como nuevo suelo urbanizable unos 30 kil¨®metros cuadrados. La comisi¨®n de Urbanismo rechaz¨® la operaci¨®n en la mitad de ese territorio, incluidos 11 kil¨®metros cuadrados de terrenos forestales de alto valor ecol¨®gico. Aunque el Ejecutivo andaluz present¨® un recuso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa (TSJA) contra la aprobaci¨®n del PGOU por parte de Gil en el pleno del 7 agosto de 1998, que est¨¢ pendiente de resolverse, el alcalde da por aprobado su plan. La raz¨®n: el TSJA archiv¨® de forma definitiva el pasado 29 de julio la impugnaci¨®n del grupo municipal socialista a la convocatoria del pleno. En opini¨®n de la Junta, esta decisi¨®n del TSJA no entraba en el fondo del asunto y s¨®lo ratificaba una decisi¨®n anterior que invalidaba la impugnaci¨®n de la portavoz socialista, Isabel Garc¨ªa Marcos, porque se ausent¨® del pleno del 7 de agosto de 1998. Gil asegur¨® ayer que su cambio de estrategia se debe a que quiere un "argumento jur¨ªdico m¨¢s" para el recurso que tiene presentado ante el Tribunal Supremo contra la medida cautelar de la Junta que le suspend¨ªa la totalidad del PGOU mientras no rehiciera los puntos contrarios a la ordenaci¨®n territorial. "Es lo que yo quiero, que me lo rechacen de nuevo para que quede claro que es de locos que te aprueben definitivamente una parte del plan y te lo dejen suspendido", manifest¨®. Por otra parte, Antonio Romero, coordinador general de Izquierda Unida en Andaluc¨ªa, ha remitido una carta a Fausto Bertinoti, presidente del grupo parlamentario italiano Refundaci¨®n Comunista, para que inste a su Gobierno y a la Fiscal¨ªa a abrir una investigaci¨®n sobre la presencia de la mafia italiana en la Costa del Sol. "Nos preocupan los datos que han surgido en el informe del fiscal Anticorrupci¨®n", asegur¨®. Esta formaci¨®n present¨® ayer tambi¨¦n un dec¨¢logo para la lucha contra el crimen organizado en la zona, que incluye medidas tales como la creaci¨®n de una comisi¨®n rogatoria que viaje a Italia para recabar la informaci¨®n que tenga la Fiscal¨ªa del pa¨ªs sobre las conexiones de Gil con la mafia as¨ª como la creaci¨®n de un espacio judicial y policial europeo. Las propuestas se traducir¨¢n en la petici¨®n de comparecencias en el Congreso del ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, y el fiscal general del Estado, Jes¨²s Cardenal.