Los riesgos de un conflicto jurisdiccional fruto de un arbitraje

En su carta al ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, el canciller de Chile, Juan Gabriel Vald¨¦s, citaba el pasado 23 de julio uno de los informes entregados ahora al Parlamento, el de Aurelio P¨¦rez Giralda, jefe de la Asesor¨ªa Jur¨ªdica del citado ministerio. Fuentes diplom¨¢ticas consultadas hace unos d¨ªas dijeron que P¨¦rez Giralda, tras conocer la carta, se sinti¨® molesto por la manera en que era presentada su posici¨®n.El ministro Vald¨¦s se limitaba a glosar unas de las conclusiones del informe, en apoyo de su propuesta de arbitraje bilateral sobre el caso Pinochet. En ella, P¨¦rez Giralda dec¨ªa que el "compromiso arbitral no ser¨ªa m¨¢s que un desarrollo de la obligaci¨®n b¨¢sica adquirida convencionalmente tanto a nivel multilateral [Convenci¨®n Contra la Tortura] como bilateral [tratado de Espa?a-Chile de 1997]". Asimismo, a?ad¨ªa: "Ello no impide que se considere la posibilidad de tramitarlo como un tratado internacional a efectos internos o por conveniencia pol¨ªtica".

Pasar por el Parlamento

Esta ¨²ltima frase no pas¨® inadvertida para la diplomacia chilena. Sobre todo porque el propio P¨¦rez Giralda dec¨ªa en su informe que "en principio, un nuevo tratado no ser¨ªa necesario para el acuerdo b¨¢sico de acudir al arbitraje". Por lo tanto, ven¨ªa a decir, no era necesario pasar por el Parlamento.P¨¦rez Giralda, a la vista de su informe completo, considera que el arbitraje propuesto por Chile no es el camino para resolver el problema planteado por el caso Pinochet entre Chile y Espa?a. Pero entre las razones que da no est¨¢ precisamente aquella que invoca con especial fuerza el Gobierno espa?ol, esto es, que un arbitraje exigir¨ªa pasar por el Congreso.

En lo que se refiere al informe elaborado por Juan Antonio Y¨¢?ez, el problema es que una gran parte del mismo est¨¢ relacionada con una propuesta que Chile ya ha abandonado, a saber, la aplicaci¨®n del tratado firmado por Chile y Espa?a en 1997. Al abordar la posibilidad de un arbitraje en el contexto de la Convenci¨®n Contra la Tortura, Y¨¢?ez se limita a mencionar el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, pero no la fase arbitral previa contemplada como posible en el art¨ªculo 30 de la Convenci¨®n.

Los dict¨¢menes coinciden en que la cuesti¨®n puede ser sometida al Consejo de Estado como ¨®rgano consultivo, pero subrayan el conflicto jurisdiccional entre el Ejecutivo y el Poder Judicial que podr¨ªa derivarse de la posibilidad de que un tribunal de arbitraje fallara contra la jurisdicci¨®n espa?ola del caso Pinochet y Espa?a tuviera, obligatoriamente, que aceptar ese resultado. La aplicaci¨®n interna del veredicto llevar¨ªa a obligar a los tribunales a abandonar el caso.