El debate de las pensiones

Resulta evidente que los pensionistas y sus pensiones constituyen un elemento fundamental de cualquier estrategia pol¨ªtica partidista. El colectivo de la tercera edad constituye un sector decisivo del cuerpo electoral, muy sensibilizado por su espec¨ªfico tratamiento econ¨®mico. De pocos colectivos podr¨ªa predicarse una relaci¨®n tan estrecha entre la garant¨ªa y aumento de sus pensiones con un determinado comportamiento electoral.No es de extra?ar, pues, que, en la medida que se acercan procesos electorales, auton¨®micos y generales, cualquier decisi¨®n pol¨ªtica que tenga como objetivo mejorar las cuant¨ªas de determinadas pensiones provoque de inmediato dos tipos de reacciones antag¨®nicas: por un lado, la de los impulsores de la medida, que la valoran como una manifestaci¨®n de su especial sensibilidad social, y por otro, la de los pillados a contrapi¨¦, que se apuntan de inmediato a la argumentaci¨®n que denuncia el incremento como demagogia electoral.

Este debate, que aparece y desaparece al ritmo de los procesos electorales, vive ahora un momento especialmente candente, con las decisiones ya adoptadas o anunciadas por los gobiernos de las comunidades aut¨®nomas de Andaluc¨ªa, Baleares y Catalu?a, de incrementar las pensiones no contributivas. La reacci¨®n del Partido Popular y de su propio presidente, Don Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar no se ha hecho esperar, y ha arremetido contra todos los proponentes acus¨¢ndoles de organizar una subasta fr¨ªvola con el tema de las pensiones. Ciertamente, ser¨ªa bueno que estos debates quedasen alejados de oportunismos electoralistas. Algo de ello persegu¨ªa el Pacto de Toledo.

Pero, en todo caso, ello no es suficiente para desacreditar la medida. En primer lugar, porque no debe extra?ar que ¨¦stas se propongan o formen parte de las ofertas program¨¢ticas que los partidos ofrecen a sus electores cuando reclaman su confianza. Pero, en segundo t¨¦rmino, porque lo importante es entrar en el fondo del asunto y pronunciarse sobre los fundamentos de la medida.

?Deben o no revalorizarse autom¨¢ticamente todas las pensiones en funci¨®n del IPC? Ning¨²n partido est¨¢ ahora legitimado para criticar esta pol¨ªtica, porque todos ellos la han apoyado o reclamado cuando no se practicaba. Es m¨¢s, no deber¨ªa olvidarse que incluso la revisi¨®n en funci¨®n del IPC provoc¨® un debate sobre si ¨¦ste deb¨ªa ser el previsto en los Presupuestos o el que realmente resultare al final del ejercicio. Y tambi¨¦n todos los partidos han aceptado en la pr¨¢ctica que el IPC deb¨ªa acomodarse a la inflaci¨®n real y no a la prevista. Es m¨¢s, cuando en alg¨²n ejercicio reciente la inflaci¨®n prevista result¨® superior a la real, el Gobierno acord¨® no reclamar ni compensar la diferencia.

As¨ª, pues, la voluntad pol¨ªtica es la de que los pensionistas no pierdan capacidad adquisitiva como consecuencia de la inflaci¨®n. ?Pero qu¨¦ inflaci¨®n?

La media del Estado o la propia de cada una de las comunidades aut¨®nomas?

Ciertamente, podr¨ªa decirse que esta es una cuesti¨®n que nadie se hab¨ªa planteado con anterioridad, pero ello no es argumento de peso.

Constantemente, la historia nos pone de manifiesto nuevas facetas no contempladas de un problema ya conocido. Y el problema es ahora ¨¦ste: ?en base a qu¨¦ inflaci¨®n deber¨¢n ajustarse las pensiones?

A mi entender, es evidente que esta inflaci¨®n debe ajustarse a un ¨¢mbito territorial delimitado y concreto; hoy por hoy, en Espa?a este ¨¢mbito es el propio de cada una de las comunidades aut¨®nomas. Si de lo que se trata es de mantener la capacidad adquisitiva de las pensiones, es obvio que deben tenerse en cuenta las diferencias que en la evoluci¨®n de los precios tiene el territorio donde se produce el gasto. Lo contrario ser¨ªa un trato discriminatorio e insolidario, por cuanto -no en funci¨®n de la cuant¨ªa de las pensiones, sino del lugar donde se perciban- unos pensionistas ver¨¢n debilitarse el valor de sus haberes y otros los mejorar¨¢n por encima de la erosi¨®n producida por la inflaci¨®n.

Podr¨¢ decirse que por esta v¨ªa la inflaci¨®n deber¨ªa computarse en funci¨®n de cada municipio. Pudiera ser que en un futuro as¨ª debiera hacerse. Pero hoy, el ¨¢mbito de la comunidad aut¨®noma parece el m¨¢s adecuado, tanto por la propia estructuraci¨®n auton¨®mica del Estado como porque ¨¦ste toma para muchas de sus decisiones de naturaleza financiera el ¨¢mbito aut¨®nomico como delimitaci¨®n de referencia. En todo caso, el gasto sanitario tiene en cuenta para su determinaci¨®n en cada comunidad aut¨®noma el IPC de ¨¦sta y no el de la media del Estado.

Negar esta evidencia e insistir en la revisi¨®n sobre la media del Estado debilita la posici¨®n de Espa?a en el ¨¢mbito de la Uni¨®n Europea. Si determinados par¨¢metros tienen que computarse sobre la base de las medias europeas, Espa?a perder¨ªa el apoyo que le presta precisamente el estar alejado de estas medias para reclamar fondos y ayudas reequilibradoras. Pero lo que se est¨¢ apuntando tiene una trascendencia que supera el debate actual. En ¨¦ste se est¨¢ hablando de las pensiones no contributivas, cuando en realidad el principio debe reclamarse para el conjunto del sistema de pensiones. Todas ellas, si de mantener su capacidad adquisitiva se trata, deber¨¢n revisarse en funci¨®n del IPC m¨¢s pr¨®ximo al territorio donde el gasto se produce. Lo contrario, insisto, no es solidario, representa lesionar la igualdad de los derechos de todos los ciudadanos en cualquier parte del Estado; es, en definitiva, una clara desobediencia a la voluntad del legislador, que lo que quer¨ªa era mantener al margen de la erosi¨®n inflacionista los haberes de los pensionistas.

No es, pues, un debate fr¨ªvolo, por el contrario, es un gran debate. Las medidas de Andaluc¨ªa, Baleares y Catalu?a no son otra cosa que decisiones pol¨ªticamente responsables. En vez de plantear al Estado la revisi¨®n de la actualizaci¨®n de todo el sistema de pensiones, cargan a su cuenta una revisi¨®n puntual y m¨ªnima de las pensiones no contributivas. Incluso podr¨ªa plantearse, como cr¨ªtica, por qu¨¦ han limitado su ambici¨®n a este aspecto parcial y menor del alcance de su fundamentaci¨®n.

Aqu¨ª no vale el argumento econ¨®mico. La media del IPC del Estado resulta de inflaciones m¨¢s altas que se compensan con otras m¨¢s bajas. La revisi¨®n de las pensiones ser¨¢ diferente seg¨²n el territorio, pero no representar¨¢ m¨¢s dinero -en su conjunto- para el Estado. ?O se dir¨¢ ahora que debe premiarse a las comunidades menos inflacionarias? ?No se parece esto a la denostada reclamaci¨®n de premiar el esfuerzo fiscal de unas determinadas comunidades?

El Gobierno tiene un problema que har¨ªa bien en resolver en estos pr¨®ximos Presupuestos. De no hacerlo, el debate seguir¨¢, y a ¨¦ste se van a apuntar todos los pensionistas del pa¨ªs. Porque les interesa.