Sobrese¨ªda la causa contra el comisario y dos inspectores de polic¨ªa de Fuengirola

El titular del Juzgado Mixto n¨²mero 5 de Fuengirola, Antonio Fern¨¢ndez, ha sobrese¨ªdo el procesamiento del comisario Fernando Mart¨ªnez y de dos inspectores de polic¨ªa, Pedro Parrilla y Jos¨¦ Pedro Gonz¨¢lez, a los que se hab¨ªa implicado en una operaci¨®n de narcotr¨¢fico en esta localidad de la Costa del Sol. En un auto del pasado 28 de abril, dictado por el magistrado Jos¨¦ ?ngel Castillo -que era entonces el titular del Juzgado n¨²mero 5-, se acusaba al comisario de detenci¨®n ilegal y de denuncia falsa. A los inspectores, adem¨¢s, se les atribu¨ªa un supuesto delito contra la salud p¨²blica. Cuatro meses despu¨¦s, Fern¨¢ndez, el juez que ocupa actualmente el lugar de Castillo, no ha encontrado "indicios racionales de criminalidad" en la conducta de los funcionarios, y por tanto los ha exculpado. El 10 de julio de 1998, un equipo de agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de la Comisar¨ªa de M¨¢laga, mientras investigaba un caso de tr¨¢fico de estupefacientes, sorprendi¨® a los dos inspectores de polic¨ªa pasando un paquete con 10 kilogramos de coca¨ªna de un coche policial camuflado a otro veh¨ªculo. Cuando se les pregunt¨® al respecto, Parrilla y Gonz¨¢lez adujeron que estaban haciendo una entrega controlada judicialmente. Pero el juez Castillo no lo crey¨® as¨ª, porque se?al¨® en su auto que los funcionarios pretend¨ªan obtener beneficios de la venta de la droga. El magistrado Fern¨¢ndez, por el contrario, ha restado credibilidad a estos indicios, de los que dice que son, "en el mejor de los casos, vagas indicaciones o livianas sospechas". El juez a?ade que "no se debe llegar a la grave medida del procesamiento por simples conjeturas", y aboga por la m¨¢xima cautela y prudencia "en atenci¨®n a la alarma social" que crea el encausamiento de altos cargos policiales, que, a?ade, tambi¨¦n deben beneficiarse de la presunci¨®n de inocencia. El magistrado Fern¨¢ndez explica en su auto que, m¨¢s que un acto delictivo, lo que se produjo en este caso fue una irregularidad de ¨ªndole administrativa. Seg¨²n relata, los polic¨ªas ten¨ªan autorizaci¨®n judicial para proceder a esta entrega controlada el 9 de junio de 1998, pero como en ese momento la operaci¨®n se frustr¨®, volvieron a intentarlo un mes despu¨¦s. Esta irregularidad, a?ade, debe depurarse en todo caso en el correspondiente expediente disciplinario, pero no constituye delito. Para el juez Fern¨¢ndez, "parecer¨ªa absurdo o irracional desarrollar una actividad delictiva de tr¨¢fico de drogas utilizando medios materiales y personas que [los polic¨ªas] sab¨ªan que eran objeto de investigaci¨®n judicial". El magistrado hace constar en el auto que los dos inspectores empleaban un coche de la polic¨ªa, que estaban muy cerca de la comisar¨ªa y, adem¨¢s, que les ayudaban en la operaci¨®n sus confidentes habituales.