VERTIDO El Corredor Verde del Guadiamar

En el reciente Seminario Internacional celebrado en Sevilla sobre Corredores Ecol¨®gicos, en donde se han congregado m¨¢s de 200 t¨¦cnicos y cient¨ªficos, ecologistas, asociaciones de vecinos, organizaciones agrarias, Administraci¨®n central y la propia Junta de Andaluc¨ªa, organizadora del foro, se ha extra¨ªdo como principal conclusi¨®n que el Corredor Verde del Guadiamar es la mejor soluci¨®n desde un punto de vista ambiental, social y econ¨®mico al desastre de Aznalc¨®llar. Ambiental porque es la mejor f¨®rmula de conectar dos espacios naturales de excepcional valor biogeogr¨¢fico (Do?ana y Sierra Morena). La necesidad de establecer corredores ecol¨®gicos entre ¨¢reas naturales ya consolidadas administrativamente viene recogida en la Directiva 92/43 sobre h¨¢bitats naturales, de la que se hace eco la Red Natura 2000. Adem¨¢s, ya en la propia Ley 91/68, por la que se declara el Parque Nacional de Do?ana, se planteaba la necesidad de crear una estructura funcional-lineal a lo largo del cauce del Guadiamar, que sirviera de protecci¨®n al propio Parque Nacional. Social porque conectar¨ªa mediante un pasillo verde dos comarcas que se van a beneficiar de la afluencia tur¨ªstica-recreativa vinculada a la construcci¨®n de una serie de equipamientos e instalaciones de uso p¨²blico a lo largo de 40 kil¨®metros. Econ¨®mica, porque la propia creaci¨®n del corredor lleva impl¨ªcita la garant¨ªa de no volver a cultivar estos terrenos desde un punto de vista agr¨ªcola, lo que despeja la incertidumbre y las reticencias de los mercados nacionales e internacionales respecto a consumir productos de la zona. Adem¨¢s, el corredor verde se concibe como un instrumento de desarrollo comarcal, con el consiguiente impacto en t¨¦rminos de empleo y riqueza. Para llevar a cabo el proyecto, el Consejo de Gobierno ha acordado iniciar la expropiaci¨®n forzosa, por la v¨ªa de urgente ocupaci¨®n, de un total de 258 fincas (3.816 hect¨¢reas) afectadas por el Corredor Verde del Guadiamar, para lo cual ha autorizado un gasto de 8.785 millones de pesetas. Con este decreto, Andaluc¨ªa se convierte en la primera comunidad aut¨®noma que inicia un procedimiento de expropiaci¨®n forzosa justificado expresamente por razones medioambientales de utilidad p¨²blica. Adem¨¢s de considerar estas razones, el Gobierno andaluz fundamenta su decisi¨®n en que la ejecuci¨®n de este proyecto debe ser inmediata para salvaguardar la viabilidad del mismo. El recurso interpuesto por la patronal ASAJA contra el decreto de la Junta, argumentado en la idoneidad y necesidad de volver a cultivar los terrenos afectados por el vertido t¨®xico y en la supuesta inconstitucionalidad del propio decreto expropiatorio, no hace m¨¢s que corroborar la estrategia politizada de confrontaci¨®n de ASAJA contra el Gobierno andaluz, que adem¨¢s en este caso, atenta contra el sentido com¨²n, los intereses particulares de los agricultores y de la sociedad en general. Esta sinraz¨®n les ha dejado una vez m¨¢s en evidencia, el propio Gobierno central apoya sin paliativos el proyecto y las medidas para llevarlo a cabo. En este sentido, la no admisi¨®n a tr¨¢mite por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa de un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por un propietario afectado por la expropiaci¨®n, no hace m¨¢s que corroborar lo ajustado a derecho de la medida adoptada por el Gobierno andaluz. Por tanto, el Corredor Verde del Guadiamar no es fruto del ecologismo franciscano basado en la protecci¨®n de h¨¢bitats a cualquier precio, ni se constituye en contra de intereses agr¨ªcolas y de espaldas al proceso de desarrollo de los habitantes y comarcas implicados en el mismo. M¨¢s bien al contrario, el corredor es un proyecto que viene justificado por un desastre y como soluci¨®n beneficia a todos, sin excepci¨®n, incluida ASAJA.

Gabriel Ca?avate Maldonado es secretario de Medio Ambiente y miembro de la Comisi¨®n Ejecutiva Regional del PSOE-A.