El fiscal pide diez a?os de inhabilitaci¨®n para el anterior alcalde de Garcia

La Fiscal¨ªa de la Audiencia de Tarragona pide diez a?os de inhabilitaci¨®n para Josep Voltes, alcalde de Garc¨ªa (Ribera d"Ebre) por el PSC durante el pasado mandato. El fiscal considera que Voltes contrat¨® de forma ilegal a su mujer como auxiliar administrativa, incumpli¨® la ley al no convocar el pleno extraordinario que deb¨ªa destituirlo, dispuso, sin fondos presupuestados, que se realizara una auditor¨ªa de las cuentas municipales y contrat¨® a un auxiliar administrativo para hacer las funciones de secretario-interventor.

Las conclusiones provisionales del fiscal recogen un sinn¨²mero de anomal¨ªas cometidas por Voltes entre agosto de 1998 y hasta las pasadas elecciones municipales, en las que fue sustituido por Francisco Acero. El detonante de la situaci¨®n del alcalde fue la contrataci¨®n -aun bajo el apercibimiento de ilegalidad por parte de la secretaria municipal- su esposa, Mar¨ªa Dolores Marqu¨¦s Pascual, en calidad de auxiliar administrativa y por un periodo de tres meses. Seg¨²n recoge el fiscal, el alcalde hizo caso omiso de la advertencia de la funcionaria y firm¨® el contrato en agosto de 1998, fecha en la que acord¨® tambi¨¦n la emisi¨®n de los talones de su sueldo correspondientes a los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre, que no se hicieron efectivos ante la negativa de la secretaria y del tesorero municipal a firmarlos. Adem¨¢s, en el escrito del ministerio p¨²blico consta que esta operaci¨®n se intent¨® realizar a escondidas del resto de ediles. ?stos, una vez enterados de las intenciones de Voltes, presentaron por unanimidad una moci¨®n de censura contra ¨¦l. El escrito entr¨® en el registro municipal el 19 de agosto de 1998 y recordaba que el alcalde ten¨ªa 15 d¨ªas para convocar el pleno, a lo que Voltes hizo o¨ªdos sordos, as¨ª como al requerimiento que despu¨¦s le hizo el Departamento de Gobernaci¨®n. El edil se neg¨® a debatir su censura en un pleno ordinario porque, dijo, no figuraba en el orden del d¨ªa que ¨¦l mismo hab¨ªa confeccionado, y exhort¨® a quines estuvieran en su contra a "denunciarlo ante un juez". El acusado realiz¨® una auditor¨ªa de las cuentas municipales desde 1995, pese a no existir consignaci¨®n presupuestaria, y por ella se pagaron 240.000 pesetas. Una vez la secretaria present¨® su baja por traslado y, tras avisar a Voltes de que la ¨²nica funcionaria de carrera que podr¨ªa asumir las funciones de interventor era Eva Dom¨¨nech, el alcalde contrat¨® a Francisco Campos.