La alcaldesa de Pamplona nombra a un militar jefe de la Guardia Urbana

Pamplona cuenta desde ayer con un comandante del Ej¨¦rcito de tierra nacido hace 41 a?os en Larache (Marruecos) como nuevo jefe de la Polic¨ªa Municipal. Se trata de Sim¨®n Santamar¨ªa Cebada, casado y padres de tres hijos al que la alcaldesa de Pamplona, Yolanda Barcina, ha designado para dirigir la Guardia Urbana de la capital navarra en sustituci¨®n de Josu Ganuza, designado jefe en 1995 por el entonces alcalde Javier Chourraut (CDN). El grupo municipal de Euskal Herritarrok reaccion¨® inmediatamente al nombramiento consider¨¢ndolo "social y pol¨ªticamente inaceptable" y critic¨® el riesgo de "militarizaci¨®n" que conlleva para la Polic¨ªa Municipal. A juicio de EH, la designaci¨®n es "desacertada e inadecuada", por entender que los valores que transmite el Ej¨¦rcito son contrarios a los que rigen en la sociedad actual y en un cuerpo de "car¨¢cter civil" como la Polic¨ªa Municipal. Sim¨®n Santamar¨ªa pertenece a una familia de militares. Tras diversos destinos, como el batall¨®n Estella XXI, adscrito al regimiento Am¨¦rica 66 con sede en Ainzoain, pas¨® en 1992 a la reserva. Desde ese a?o trabajaba en la planta navarra de la factor¨ªa automovil¨ªstica Volkswagen donde ejerci¨® el cargo de jefe de seguridad y prevenci¨®n de riesgos laborales y fue uno de los creadores del departamento de Medio Ambiente de la empresa, en el que permanec¨ªa hasta ahora como delegado. Las designaciones de Sim¨®n Santamar¨ªa, F¨¢tima Baigorri y Pedro Luis Lozano -estos dos ¨²ltimos como nuevos miembros del gabinete de asesoramiento personal de la alcaldesa Yolanda Barcina- han cerrado un ciclo de nombramientos que ha levantado pol¨¦mica. Tres altos cargos del anterior gobierno tripartito de Pamplona, formado por CDN, PSN e IU, exigen ahora las mejoras salariales que el nuevo equipo de gobierno de UPN ha aprobado para sus concejales y personal de confianza que son adem¨¢s funcionarios. Los conceptos de antig¨¹edad y grado que aqu¨¦llos no percibieron van a ser cobrados por sus sucesores. UPN aduce que los afectados renunciaron a un derecho legal por un compromiso ¨¦tico de ajuste de gasto .