Dictamen "pro parte"

Esta semana el Consejo de Estado ha terciado en la pol¨¦mica sobre la competencia estatal o auton¨®mica para incrementar las pensiones no contributivas y asistenciales, emitiendo un dictamen en el que se sostiene que la competencia es estatal y que, en consecuencia, el decreto de la Junta de Andaluc¨ªa que aprob¨® la subida de las pensiones no contributivas ser¨ªa anticonstitucional. Inmediatamente todo el aparato propagand¨ªstico del Gobierno, el oficial y el oficioso, se ha lanzado a una campa?a de intoxicaci¨®n, dando a entender que la opini¨®n del Consejo de Estado es del mismo rango que la del Tribunal Constitucional y que el asunto no est¨¢ nada claro. Y nada est¨¢ m¨¢s lejos de la realidad. El Consejo de Estado es un ¨®rgano consultivo, cuyos dict¨¢menes carecen de fuerza vinculante. El Tribunal Constitucional es el "m¨¢ximo int¨¦rprete de la Constituci¨®n", cuyas decisiones se imponen a todos los poderes p¨²blicos sin excepci¨®n. El dictamen del Consejo de Estado y el auto del Tribunal Constitucional son sencillamente incomparables. Est¨¢n en planos distintos que no pueden ser confundidos. El auto del Tribunal Constitucional por el que se levant¨® la suspensi¨®n inicialmente acordada del decreto de la Junta de Andaluc¨ªa que decid¨ªa la subida de las pensiones no contributivas y asistenciales, era en realidad una invitaci¨®n al Gobierno de la Naci¨®n para que desistiera de su pretensi¨®n, porque no ten¨ªa raz¨®n alguna. Pol¨ªticamente se puede estar o no de acuerdo con la decisi¨®n de la Junta de Andaluc¨ªa, pero constitucionalmente no es objetable. El t¨ªtulo competencial que est¨¢ en juego no es el de seguridad social, sino el de asistencia social. Si fuere el primero, la competencia ser¨ªa del Estado. Si es el segundo, la competencia es de la comunidad aut¨®noma. El auto del Tribunal Constitucional dice que el t¨ªtulo competencial en juego es el de asistencia social y por eso decidi¨® lo que decidi¨®. Esto es lo que desconoce el dictamen del Consejo de Estado de manera incomprensible. Afirmar que la seguridad social es competencia del Estado, es algo que nadie discute. Lo que ocurre es que lo que la Junta de Andaluc¨ªa sosten¨ªa al dictar el decreto y lo que el Tribunal Constitucional ha dicho en el auto mencionado es que no estamos ante una decisi¨®n que encaja dentro del t¨ªtulo competencial seguridad social, sino dentro del de asistencia social. Y sobre esto el dictamen del Consejo de Estado no dice nada. En lugar de actuar "imparcialmente", como deber¨ªa hacerlo, el Consejo de Estado ha actuado como si fuera el abogado del Gobierno, emitiendo no un dictamen pro veritas, sino un dictamen pro parte, carente de valor jur¨ªdico y que ¨²nicamente tiene sentido para que pueda ser utilizado como arma pol¨ªtica. Desgraciadamente no es la primera vez en esta legislatura que el Consejo de Estado act¨²a de esta manera. Me temo que no sea la ¨²ltima.JAVIER P?REZ ROYO