El crudo, ?coartada o realidad?

En la edici¨®n del 30 del mes de agosto de 1999 de EL PA?S, en la p¨¢gina 8, secci¨®n de Opini¨®n, aparec¨ªa un editorial titulado La coartada del crudo, en el que se lleva a cabo una serie de afirmaciones y datos que, en su mayor¨ªa, son falsos o, en el mejor de los casos, est¨¢n utilizados de forma sesgada, por lo que paso a rebatir su contenido, justificando las afirmaciones que se hagan con los datos relevantes.Primero. En primer lugar, la evoluci¨®n de los precios del crudo no supone ninguna "coartada", como ir¨®nicamente se desprende de la lectura del art¨ªculo. Seg¨²n el autor del editorial, el Gobierno justifica la subida de los precios de la gasolina por el incremento del precio del petr¨®leo, y esta justificaci¨®n le parece al mismo insuficiente. Efectivamente tiene raz¨®n: este elemento no es el ¨²nico que influye en la formaci¨®n de precios, pero el Gobierno realmente no dice lo que el autor del art¨ªculo afirma.

El Ministerio de Industria y Energ¨ªa, en todas y cada una de las ruedas de prensa que sobre "precios de carburantes y combustibles" realiza con car¨¢cter mensual desde abril de 1998, especifica claramente que en los pa¨ªses con precios libres las variables que afectan a su formaci¨®n son cuatro.

Evidentemente, la cotizaci¨®n internacional de los crudos es una de ellas, pero tambi¨¦n lo es la cotizaci¨®n internacional de los productos petrol¨ªferos (gasolina sin plomo, gas¨®leo de automoci¨®n, etc¨¦tera), as¨ª como los m¨¢rgenes de distribuci¨®n y comercializaci¨®n y los impuestos vigentes en cada pa¨ªs. En dichas presentaciones se analiza con todo detalle la evoluci¨®n de las dos primeras variables y se entrega copia de todos los documentos utilizados. Toda esta informaci¨®n est¨¢ disponible en la direcci¨®n de Internet del Ministerio de Industria y Energ¨ªa (http://www.min.es/).

El objeto de este esfuerzo informativo es que, a trav¨¦s de los medios de comunicaci¨®n, el consumidor pueda recibir una informaci¨®n correcta, veraz y detallada y, en ¨²ltimo extremo, que sirva para que ¨¦ste no sufra abusos.

En cualquier caso, en los primeros siete meses de 1999, el valor medio del crudo brent expresado en pesetas por litro ha pasado de 10,02 en enero, a 19,24 en julio (un 92% de incremento). Por otra parte, el coste de adquisici¨®n de la gasolina euros¨²per (sin plomo) en los mercados internacionales ha pasado en ese mismo periodo de tiempo de 11,81 pesetas por litro a 23,48 pesetas por litro (11,67 pesetas por litro de incremento).

En Espa?a, el precio medio antes de impuestos de la gasolina sin plomo ha pasado de 29,91 pesetas por litro en enero a 41,07 pesetas por litro en julio (11,16 pesetas por litro de incremento).

El margen de distribuci¨®n y comercializaci¨®n -diferencia entre el precio antes de impuestos y el coste del producto en los mercados internacionales- ha pasado de 18,10 pesetas en enero a 17,59 pesetas por litro en julio. Es decir, el consumidor espa?ol ha soportado un incremento del precio de la gasolina menor que el incremento experimentado por el coste de aprovisionamiento de esa misma gasolina, habi¨¦ndose producido como consecuencia una contracci¨®n en los m¨¢rgenes brutos de las compa?¨ªas petroleras de 0,51 pesetas por litro. Como punto de referencia, para la media de los 15 pa¨ªses comunitarios, entre el mes de enero y julio de 1999, el precio sin impuestos de la gasolina euros¨²per ha pasado de 31,18 a 40,78, y los m¨¢rgenes de distribuci¨®n y comercializaci¨®n de 19,22 a 17,30, cantidades todas ellas en pesetas por litro.

Teniendo en cuenta lo que muestra la realidad de estas cifras, dif¨ªcilmente puede concluirse que, tal como se afirma en el editorial, la explicaci¨®n dada "es insuficiente y encubre el mal funcionamiento permanente del mercado de los combustibles". No es cierto ni una cosa ni la otra.

Segundo. Tampoco es cierto que el Gobierno suprimiera los precios m¨¢ximos de las gasolinas el 1 de enero de 1999 como afirma el editorial. La entrada en vigor de la Ley de Hidrocarburos, en el mes de octubre de 1998, trajo consigo la liberalizaci¨®n, ese mismo mes, de los precios de las gasolinas. Los gas¨®leos estaban liberalizados desde el mes de junio de 1996.

La precisi¨®n es importante, porque el hecho de que los precios se liberalizaran en el mes de octubre de 1998 nos ha permitido estudiar el comportamiento de los mismos -una vez liberalizados- en dos periodos totalmente opuestos: una primera parte con precios de crudo y productos decrecientes (octubre-diciembre) y una segunda parte con unos precios crecientes (enero-julio).

Asimismo nos ha permitido analizar un periodo de tiempo lo suficientemente dilatado como para poder extraer algunas conclusiones serias. Evidentemente, este tipo de an¨¢lisis no es posible si, como se hace en el editorial, se comenta la evoluci¨®n de los precios en un periodo de ¨²nicamente tres semanas, "entre el 12 de junio y el 7 de julio", periodo que, por otra parte, resulta ser uno en el que se han registrado las mayores oscilaciones en los precios en los mercados internacionales. La selecci¨®n de este periodo tan corto de tiempo puede inducir al lector, falazmente, a la conclusi¨®n de que "la liberalizaci¨®n... no solamente ha fracasado, sino que, adem¨¢s, est¨¢ resultando perjudicial para los consumidores".

La repetici¨®n del ejercicio realizado anteriormente nos lleva a que, desde el mes de septiembre de 1998 al mes de julio de 1999, los m¨¢rgenes de las compa?¨ªas petroleras en Espa?a se han reducido en un total de 2,18 pesetas por litro (ha pasado de 19,77 pesetas por litro a 17,59 pesetas por litro).

Es, pues, falsa la afirmaci¨®n que se hace en el editorial de "la liberalizaci¨®n de los precios... ha permitido a las empresas mejorar sus m¨¢rgenes", como lo es tambi¨¦n la afirmaci¨®n "la raz¨®n... que explica la tendencia de los precios a subir por encima de lo que marca el mercado".

Teniendo en cuenta estos datos, no creemos que el autor tenga argumentos para poder afirmar que el proceso de liberalizaci¨®n ha sido un "fiasco" y que el Ministerio de Industria y Energ¨ªa "se precipit¨® irresponsablemente al suprimir los precios m¨¢ximos". Tercero. No se entiende c¨®mo el autor, despu¨¦s de afirmar "ante la dificultad de recuperaci¨®n de los precios m¨¢ximos..." invite a tomar medidas (supuestamente m¨¢s simples) como la de "trocear las compa?¨ªas como ya se ha hecho en otros pa¨ªses con problemas graves de competencia".

La vuelta al sistema de precios m¨¢ximos no es excesivamente complicada, ya que exige modificar una ley, y si las razones son claras se puede hacer de forma r¨¢pida. Para "trocear las compa?¨ªas" har¨ªa falta un desarrollo legislativo espec¨ªfico bastante m¨¢s complicado que modificar una ley.

Independientemente de que (resulta cuando menos extra?o) desde ese peri¨®dico se preconice la reducci¨®n del tama?o empresarial en momentos como los actuales, ?es evidente que existan problemas graves de competencia?

Como hemos visto, el precio de la gasolina sin plomo en Espa?a es inferior al de la media de los 15 pa¨ªses comunitarios; la evoluci¨®n de precios en Espa?a es similar a la del resto de pa¨ªses comunitarios; y los m¨¢rgenes de distribuci¨®n y comercializaci¨®n desde la liberalizaci¨®n de las gasolinas se han reducido en Espa?a m¨¢s de dos pesetas por litro.

Evidentemente, no se entiende esta afirmaci¨®n. M¨¢s bien parece que dicha aseveraci¨®n no es el resultado de un an¨¢lisis, sino que es una premisa en el razonamiento del autor del editorial.

Cuarto. Se recomienda en el editorial tres tipos de decisiones que "contribuir¨ªan a bajar los precios a medio plazo". Las tres decisiones requieren ciertas aclaraciones.

La primera es "abaratar los costes de la log¨ªstica... que ahora gestiona la empresa CLH, controlada por los operadores". Es importante se?alar que el coste medio de las tarifas log¨ªsticas de la compa?¨ªa CLH vienen disminuyendo de forma continuada desde 1990.

Sus tarifas est¨¢n entre las m¨¢s bajas del mercado europeo y son muy competitivas, como lo pone de manifiesto el hecho de que una gran parte de los operadores de productos petrol¨ªferos que act¨²an en Espa?a (18 de un total de 31) utilicen sus servicios. Las empresas siempre pueden reducir sus costes, pero la sugerencia realizada en el editorial no es nueva, sino que se viene realizando desde hace m¨¢s de diez a?os.

La segunda recomendaci¨®n propone "eliminar las trabas administrativas para la implantaci¨®n de surtidores en los supermercados". Conviene recordar que, desde la entrada en vigor de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, se elimin¨® la necesidad de cualquier autorizaci¨®n administrativa, salvo la relativa a la seguridad de las instalaciones y las referentes a la ordenaci¨®n del territorio y acceso a carreteras, que son id¨¦nticas para cualquier sujeto.

Adicionalmente, los art¨ªculos 4 y 5 de la misma ley establecen, dentro de la planificaci¨®n, los criterios generales para determinar el n¨²mero m¨ªnimo de estaciones de servicio, as¨ª como la necesaria coordinaci¨®n en los planes urban¨ªsticos y de infraestructuras viarias. La falta de informaci¨®n del autor del editorial no requiere m¨¢s comentarios en este punto.

Finalmente se sugiere "estudiar las relaciones jur¨ªdicas de los grandes operadores con las estaciones de servicio, porque los primeros imponen a los segundos contratos de exclusividad y larga duraci¨®n que impiden la bajada de los precios". Conviene precisar aqu¨ª que las relaciones contractuales entre operadores petroleros y las estaciones de servicio est¨¢n reguladas por un reglamento comunitario, de obligado cumplimiento.

Dentro de este marco legal, las partes contratantes son libres de pactar lo que estimen oportuno. No obstante, la Ley 34/1998 del sector de hidrocarburos, en el punto 3 del art¨ªculo 43, especifica el derecho de las estaciones de servicio a que se recoja en el clausulado de los acuerdos de suministro en exclusiva la venta en firme de los productos petrol¨ªferos, lo que significa la libertad absoluta para las estaciones de servicio de fijar los precios de venta al p¨²blico.

En conclusi¨®n, lo esencial es dar una informaci¨®n exacta, veraz y detallada que permita evitar cualquier tipo de abuso sobre el consumidor y continuar adoptando las medidas liberalizadoras -como sucede en el resto de Europa- que permitan organizar un mercado ¨²nico energ¨¦tico, mercado abierto y transparente y alej¨¢ndose de medidas como las propuestas en el editorial sobre el uso de la amenaza o el troceamiento de la propiedad de miles de accionistas, medidas ineficaces que recuerdan m¨¢s bien ¨¦pocas pasadas y mentalidades superadas.