La Universidad de M¨¢laga investiga el uso de un sello de Derecho para avalar el PGOU de Marbella

El rector de la Universidad de M¨¢laga, Antonio D¨ªez de los R¨ªos, abrir¨¢ una investigaci¨®n para esclarecer c¨®mo ha ido a parar el sello de la instituci¨®n a dos informes que avalan la pol¨ªtica urban¨ªstica de Jes¨²s Gil. As¨ª lo manifest¨® ayer tras conocer una denuncia de Los Verdes de que el alcalde de Marbella ha aportado en el expediente de aprobaci¨®n definitiva del PGOU dos documentos con el tamp¨®n de la c¨¢tedra de Derecho Administrativo. Los dict¨¢menes han sido realizados por abogados que no pertenecen al departamento y el catedr¨¢tico dice que el sello "podr¨ªa ser falso".

El hecho es cuanto menos extra?os: los dict¨¢menes est¨¢n firmados por los abogados Ram¨®n Pelayo y Tom¨¢s Ram¨®n Fern¨¢ndez y rubricados con el tamp¨®n del departamento de Derecho Administrativo de la Facultad de M¨¢laga. Pero ninguno de los dos pertenezce a ¨¦l. Ram¨®n Pelayo es abogado en ejercicio y abogado del Estado en excedencia y Tom¨¢s Ram¨®n Fern¨¢ndez es catedr¨¢tico de Derecho Administrativo en la Universidad Complutense de Madrid y abogado en ejercicio. El rector de la Universidad de M¨¢laga (UMA) Antonio D¨ªez de los R¨ªos expres¨® ayer su "sorpresa" al saber que dos de los abogados que participaron en las jornadas de urbanismo organizadas por Jes¨²s Gil hace ahora un a?o estamparon el sello de la UMA en los informes emitidos para avalar las tesis urban¨ªsticas del alcalde de Marbella. "No me suena haber autorizado una cosa de este tipo. Pudiera tratarse de una usurpaci¨®n de funciones", manifest¨® tras tener conocimiento de una carta que ha enviado la portavoz de los Verdes, Inmaculada G¨¢lvez, al catedr¨¢tico de Derecho Administrativo, ?ngel S¨¢nchez Blanco. G¨¢lvez tambi¨¦n expresa en la carta su "perplejidad" porque ambos infomes est¨¦n avalados por este departamento. "Desconcozco si esta instituci¨®n, ha realizado alg¨²n pronunciamiento p¨²blico sobre este asunto", reza el documento, "pero si ha decidido opinar como miembro de una instituci¨®n ha de conocer las versiones de otras partes interesadas en el expediente". "Como departamento no avalamos nada", dijo Fern¨¢ndez Blanco, que catalog¨® el hecho de "anecd¨®tico", y sugiri¨® que el tamp¨®n podr¨ªa haber sido falsificado. "Hacer un sello cuesta 200 pesetas". Es decir, que ¨¦l no autoriz¨® a Pelayo y a Fern¨¢ndez para emplear el nombre de la UMA en los informes jur¨ªdicos favorables a la revisi¨®n del plan general de ordenaci¨®n urbana (PGOU) de Gil. "Es un uso malintencionado querer implicar a quienes nada tenemos que ver", dijo. La ¨²nica explicaci¨®n que encuentra es que en el curso de doctorado que se celebr¨® en noviembre sobre pol¨ªtica territorial en la UMA, y en el que se repartieron ambos informes como documentaci¨®n, alguien pudiera manipular los originales. Pero G¨¢lvez que particip¨® en el curso asegura que no se dio como documentaci¨®n en ning¨²n momento. "Lo ¨²nico que se facilit¨® fue un documento del Ayuntamiento con los datos generales de la revisi¨®n". La actuaci¨®n de S¨¢nchez Blanco con repecto al PGOU de Marbella ha sido controvertida. El agosto de 1998, despu¨¦s de que la Comisi¨®n Provincial de Urbanismo vetara el documento de GIL, realiz¨® un informe para la Delegaci¨®n de Medio Ambiente de M¨¢laga que conclu¨ªa que era necesario que el alcalde aportase junto a su revisi¨®n un estudio de impacto ambiental y en el que aseguraba que el alcalde se hab¨ªa extralimitado con la figura del convenio. Sin embargo, en las jornadas organizadas por el Ayuntamiento la pol¨ªtica en materia urban¨ªstica no le pareci¨® tan mal. Los dos documentos que aparecen con el sello de la UMA, seg¨²n dijo G¨¢lvez, figuran cuanto menos en el recurso ordinario que present¨® Gil agosto de 1998 contra la resoluci¨®n de la Comisi¨®n Provincial de Urbanismo, que le fue desestimado. Contra esta decisi¨®n el alcalde interpuso otro recurso contencioso administrativo ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa en M¨¢laga. Tambi¨¦n se adjunt¨®, seg¨²n la abogada, en la querella que puso Gil por prevaricaci¨®n contra los funcionarios y t¨¦cnicos de la Comisi¨®n en el juzgado n¨²mero tres de M¨¢laga en julio de 1998. G¨¢lvez sostiene que la presenta en todas las diligencias penales que tiene abiertas por presuntos delitos urban¨ªsticos.