Los jueces piden controlar de forma exclusiva el r¨¦gimen de los presos

Las tres principales asociaciones de jueces reclamaron ayer p¨²blicamente que sean los tribunales y no la Administraci¨®n, como sucede ahora, los que tengan la ¨²ltima palabra sobre el r¨¦gimen y clasificaci¨®n penitenciaria de los reclusos. La consejera de Justicia, N¨²ria de Gispert, reaccion¨® r¨¢pidamente para rechazar la propuesta. De Gispert recomend¨® a los jueces que se dediquen a dictar sentencias y asegur¨® que la Generalitat debe controlar esta competencia para garantizar la resocializaci¨®n de los presos.

Representantes de la asociaci¨®n progresista Jueces para la Democracia, de la conservadora Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura y de la liberal Francisco de Vitoria consideran que la Administraci¨®n no deber¨ªa tener la concesi¨®n discrecional del tercer grado o la semi-libertad a los presos, como ha ocurrido en asuntos como el caso Josep Puigner¨®. Este empresario fue condenado por un delito ecol¨®gico, pero los servicios penitenciarios de la Generalitat le concedieron el tercer grado al poco tiempo de entrar en prisi¨®n. En declaraciones a la cadena R¨¤dio Barcelona-SER, la consejera de Justicia de la Generalitat, N¨²ria de Gispert, rechaz¨® ayer mismo la propuesta. De Gispert dijo que los jueces deben preocuparse m¨¢s en dictar sentencias y agreg¨® que la potestad de la administraci¨®n auton¨®mica de conceder el tercer grado a un preso en una c¨¢rcel catalana es un instrumento indispensable para la resocializaci¨®n de los reclusos. Por su parte, la magistrada Montserrat Comas, portavoz en Catalu?a de Jueces para la Democracia, insisti¨® en que "el control definitivo de la pena deber¨ªa estar en manos de los tribunales". Por su parte, Pedro Mart¨ªn, de la entidad Francisco de Vitoria, lament¨® el hecho de que los magistrados se encuentren en m¨¢s de una ocasi¨®n "con personas condenadas por delitos que producen una grave alarma social, sobre todo contra la libertad sexual o contra la vida, y luego est¨¦n disfrutando de beneficios penitenciarios". Mart¨ªn agreg¨® que "si a ello se le une los quebrantamientos por incumplimientos que generalmente se producen de toda una serie de beneficios penitenciarios que se otorgan, se crea una gran sensaci¨®n de frustraci¨®n". Daniel de Alfonso, portavoz en Catalu?a de la Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura, tambi¨¦n opin¨® que, el juez, previo informe del fiscal y de la direcci¨®n general de Servicios Penitenciarios, es el que debe decidir sobre la situaci¨®n penitenciaria de un interno.