Del salario de los jueces, las verg¨¹enzas propias y las ajenas

Despu¨¦s de un largo y complicado proceso de negociaci¨®n, las asociaciones judiciales, apoyadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), han propuesto al Ministerio de Justicia un aumento de las retribuciones de jueces y magistrados, comprometi¨¦ndose, al tiempo, todas las asociaciones a impulsar decididamente las reformas en la Administraci¨®n de Justicia que propugna el Libro Blanco, aprobado por el CGPJ en el a?o 1997.Este compromiso con las reformas de la Administraci¨®n de Justicia, que se produce en un momento especialmente delicado para la credibilidad de la misma entre la ciudadan¨ªa, tiene una gran importancia al ser impensable desde cualquier punto de vista que los cambios propuestos -que supondr¨¢n un aumento considerable del control y las responsabilidades de los jueces- puedan llevarse a buen fin sin el apoyo decidido de la mayor¨ªa de la carrera judicial, siendo totalmente razonable que los mayores esfuerzos que se exigir¨¢n a los jueces en los pr¨®ximos a?os se incentiven con el aumento de sus retribuciones, que se han depreciado en m¨¢s de un 18% en los ¨²ltimos diez a?os.

Sin embargo, el Ministerio de Justicia, haciendo gala de su proverbial olfato pol¨ªtico, ha desestimado la propuesta, limit¨¢ndose a ofertar la promoci¨®n de una "Ley de Retribuciones" que se tramitar¨¢ "sin prisa, pero sin pausa", seg¨²n las palabras del secretario de Estado de Justicia, quien esgrimi¨® como argumento principal para justificar su negativa que el aumento de las retribuciones judiciales provocar¨ªa un "efecto de arrastre" en otros cuerpos de funcionarios.

Dicha contrapropuesta se descalifica por s¨ª misma, ya que la tramitaci¨®n de la Ley de Retribuciones de Jueces y Magistrados -pendiente de ejecuci¨®n desde el a?o 1985- es notoriamente imposible en lo que queda de legislatura, acreditando, de este modo, la "calidad" del compromiso ministerial con las reformas, propuestas por el CGPJ, que ha sido "ignorado" por el ministerio, al igual que las asociaciones judiciales, a quienes no se ha ofertado ninguna salida digna, rest¨¢ndoles toda credibilidad entre sus representados, entre los que empiezan a producirse movimientos de fondo en algunos sectores, cuyo objetivo es primar intereses particulares m¨¢s que la b¨²squeda de una soluci¨®n global y unitaria para los problemas de la Administraci¨®n de Justicia.

La propuesta de las asociaciones judiciales ha sido recusada tambi¨¦n desde algunos sectores de opini¨®n, que han cuestionado la legitimidad y la oportunidad de la medida denunciando que la iniciativa es insolidaria con los restantes funcionarios, coincidiendo de este modo con el inmovilismo ministerial.

Estas denuncias, al igual que los argumentos del Ministerio de Justicia, son totalmente insostenibles, ya que los jueces y magistrados, adem¨¢s de funcionarios p¨²blicos, ejercen un poder constitucional del Estado que se constituye en factor decisivo para el funcionamiento correcto de las instituciones democr¨¢ticas, siendo ¨¦sta la raz¨®n por la que la Constituci¨®n prohibi¨® a jueces, magistrados y fiscales la afiliaci¨®n sindical, habilitando un sistema alternativo para canalizar la defensa de sus intereses profesionales a trav¨¦s de sus asociaciones, previni¨¦ndose en el art¨ªculo 402 de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial, enmarcado en su Cap¨ªtulo V, que regula la independencia econ¨®mica de los jueces, que el r¨¦gimen de retribuciones de los jueces y magistrados se regir¨ªa por ley.

Sin embargo, con la excepci¨®n del a?o 1989, en el que se incrementaron los complementos retributivos por decreto ley, los jueces y magistrados han venido, sin participar en ninguna mesa de negociaci¨®n de la funci¨®n p¨²blica, sufriendo los mismos aumentos y congelaciones que el conjunto de la funci¨®n p¨²blica, normaliz¨¢ndose de este modo una situaci¨®n de excepcionalidad constitucional y legal que carece de cualquier justificaci¨®n sin que los jueces y magistrados, cuya capacidad de presi¨®n parece incuestionable, hayan realizado ning¨²n tipo de reclamaci¨®n en estos diez a?os, demostrando con sus propios actos una actitud responsable y solidaria con el conjunto de la sociedad espa?ola.

En este periodo, mientras sus retribuciones se depreciaban en m¨¢s del 18% como signific¨® el Consejo General del Poder Judicial en su informe para el Ministerio de Justicia, han visto c¨®mo se produc¨ªa un aumento muy importante en el salario de los magistrados del Tribunal Supremo, produci¨¦ndose un agravio comparativo que hasta el d¨ªa de la fecha no ha sido explicado razonablemente por el Gobierno, ya que el denominado "ejercicio efectivo de la Magistratura" es predicable para el Tribunal Supremo y para cualquier otro miembro de la carrera judicial, que, no se olvide, se conforma como cuerpo ¨²nico en la Constituci¨®n, no existiendo, por tanto, fundamentos rigurosos que justifiquen un trato retributivo totalmente desproporcionado entre los miembros de un mismo cuerpo, que est¨¢n afectados b¨¢sicamente por el mismo sistema de incompatibilidades. As¨ª, pues, la legitimidad de la negociaci¨®n espec¨ªfica de las retribuciones de los jueces y magistrados por sus asociaciones profesionales no s¨®lo es intachable democr¨¢ticamente, sino que es el ¨²nico camino previsto por la Constituci¨®n y la ley, no existiendo razones s¨®lidas para bloquear dicha negociaci¨®n por el "efecto de arrastre" de otros cuerpos funcionariales, por cuanto todos ellos tienen abierta una mesa de negociaci¨®n propia -en la que los jueces y magistrados no han intervenido jam¨¢s, como no podr¨ªa ser de otro modo, ya que tienen vedada constitucionalmente su afiliaci¨®n sindical- con cuyos objetivos nos mostramos totalmente solidarios.

Por otra parte, cuestionar la oportunidad de la medida en un momento de bonanza econ¨®mica, cuando no se ha cumplido el mandato, previsto en la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial, de regular la Ley de Retribuciones y se ha aumentado geom¨¦tricamente el salario de la ¨¦lite de la carrera judicial, discriminando sin explicaci¨®n alguna a la gran mayor¨ªa de jueces y magistrados, cuya retribuci¨®n se ha depreciado en m¨¢s del 18%, constituye un ejercicio de irresponsabilidad pol¨ªtica que no s¨®lo minar¨¢ gravemente el compromiso de la totalidad de las asociaciones judiciales con el proceso de reformas en la Administraci¨®n de Justicia, sino que provocar¨¢ una grave desmoralizaci¨®n entre jueces y magistrados en un momento hist¨®rico en el que es absolutamente imprescindible conseguir que la carrera judicial en su conjunto se comprometa a fondo con ese proceso.

Se impone, por tanto, que el Ministerio de Justicia reabra urgentemente las negociaciones con una disposici¨®n diferente, debiendo considerar que las retribuciones de jueces y magistrados no s¨®lo constituyen un coste en los Presupuestos Generales del Estado, sino que deben utilizarse como un instrumento pol¨ªtico decisivo para impulsar firmemente las reformas en la Administraci¨®n de Justicia en la direcci¨®n, reclamada un¨¢nimemente por la ciudadan¨ªa, que viene exigiendo un servicio p¨²blico de calidad, en el que debe procurarse la total implicaci¨®n del conjunto de la carrera judicial.

Ricardo Bodas Mart¨ªn y Javier Mart¨ªnez L¨¢zaro son, respectivamente, portavoz y miembro del Secretariado de Jueces para la Democracia.