Un hombre derrotado

EL A?O de detenci¨®n de Pinochet en Londres no habr¨¢ pasado en balde. Cualquiera que sea la decisi¨®n del tribunal ingl¨¦s tras la vista que se abre ma?ana sobre la demanda de extradici¨®n a Espa?a, lo ocurrido marca un hito en la lucha contra la impunidad de los cr¨ªmenes contra la humanidad. Se conceda o no la extradici¨®n, e incluso si, en caso afirmativo, el ministro del Interior brit¨¢nico decidiera, como sugiere el canciller chileno, hacer uso de su potestad y liberarlo por razones humanitarias, Augusto Pinochet es un hombre derrotado.Esa derrota no es una victoria de la venganza, sino de la justicia. El principio de justicia universal, que permite perseguir a los autores de delitos contra la humanidad cometidos en otro pa¨ªs, ha tomado carta de naturaleza, y ser¨¢ dif¨ªcil la vuelta atr¨¢s. Eso es lo fundamental, al margen de cu¨¢l sea el desenlace inmediato. Pero ser¨ªa ingenuo ignorar que la causa de los derechos humanos avanza a veces de forma contradictoria. La iniciativa del juez Garz¨®n ha incidido en el proceso de transici¨®n democr¨¢tica de Chile. En primer lugar, poniendo de relieve que ese proceso era incompleto. Es posible que la derrota moral de Pinochet permita superar ahora las hipotecas impuestas por el Ej¨¦rcito; pero no es seguro.

De momento, ha fomentado un primer intento de di¨¢logo entre los militares y los abogados de los desaparecidos durante los a?os de la horrenda dictadura y la apertura de procesos contra algunos mandos de la ¨¦poca. Su efecto en la campa?a electoral para las presidenciales de diciembre, en las que el socialista Ricardo Lagos, candidato del centro-izquierda, part¨ªa como favorito, es incierto. La polarizaci¨®n producida en la sociedad puede favorecer, parad¨®jicamente, a los sectores que reivindican la herencia del general.

Otro efecto parad¨®jico es que la situaci¨®n ha afectado negativamente a las relaciones entre Espa?a y Chile, con consecuencias incluso en el conjunto de Am¨¦rica Latina. Es sorprendente que Gobiernos como el argentino, entre otros, se hayan sumado a una interpretaci¨®n del caso en clave de defensa de la soberan¨ªa frente a la injerencia exterior. El Gobierno espa?ol no ha sido capaz de contrarrestar esa idea, absurda en un caso como ¨¦ste. Desde luego, la gesti¨®n de la situaci¨®n creada por la demanda del juez Gaz¨®n era delicada para cualquier Gobierno. Entre la raz¨®n de Estado y la independencia judicial no hab¨ªa duda, en teor¨ªa. Pero al Gobierno de la derecha espa?ola se le notaba demasiado que, por una parte, era contrario a la involucraci¨®n de Espa?a en el asunto, y por otra, tem¨ªa ser acusado de complicidad con el dictador.

Felipe Gonz¨¢lez, por ejemplo, ha disentido claramente de la opini¨®n de su partido, pero, con independencia de la opini¨®n que merezcan sus discutibles argumentos, nadie podr¨ªa reprocharle haber sido condescendiente con Pinochet cuando el general mandaba. El Gobierno del PP, partido heredero de la vieja AP, no pod¨ªa tener esa seguridad. El resultado ha sido t¨ªpico del estilo Aznar: defend¨ªa con ¨¦nfasis su respeto a la independencia del poder judicial, pero al mismo tiempo utilizaba la Fiscal¨ªa contra el juez, pese a que por dos veces, la ¨²ltima el viernes, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional respaldara la actuaci¨®n de Garz¨®n.

El Gobierno espa?ol no ha sabido convencer al chileno de que no ten¨ªa verdaderamente margen de maniobra. Quiz¨¢ porque, temiendo ver cuestionada la credibilidad de su viaje al centro, no ha osado utilizar el poco de que dispon¨ªa. Los propios chilenos han revelado que el argumento de Aznar ha sido que la oposici¨®n cerrada de los socialistas hac¨ªa imposible cualquier salida diferente a la de dejar actuar a los jueces. En cualquier caso, el Gobierno, pese a que se lo sugiri¨® a la parte chilena, no dio el paso de consultar al Consejo de Estado sobre un arbitraje bilateral con Chile -pr¨¢cticamente imposible- por no contar con el apoyo del PSOE. ?sta deb¨ªa haber sido una cuesti¨®n de Estado, como tantas otras, pero el ambiente pol¨ªtico no propicia el consenso.

La sentencia de los lores previa a esta vista ha acotado sobremanera la demanda de extradici¨®n, limitando las causas contra Pinochet a unos 60 cr¨ªmenes de tortura cometidos despu¨¦s de la firma del convenio en 1988. Pero, con cualquier desenlace, lo ocurrido constituye en s¨ª un progreso en la lucha contra la impunidad de los cr¨ªmenes contra la humanidad. Ahora bien, los problemas creados y las susceptibilidades despertadas refuerzan la urgencia de poner en pie esa Corte Penal Internacional (CPI) prevista en el tratado firmado en Roma en julio del a?o pasado, poco antes de la detenci¨®n de Pinochet en Londres. El tiempo corre deprisa en contra de todos los Pinochet del mundo.