El TSJ obliga al Consell a cumplir una sentencia y gastar 7.000 millones en ayudas a los funcionarios

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha insistido ante la Generalitat en la obligaci¨®n que tiene la Administraci¨®n auton¨®mica de acatar y ejecutar sus sentencias y, en consecuencia, de constituir el fondo de ayuda social al que tienen derecho los funcionarios del Consell. La Sala de lo Social del alto tribunal se ha pronunciado en ese sentido a instancia de UGT. El sindicato solicit¨® a los magistrados que obligaran a la Generalitat a aplicar aquella decisi¨®n, parcialmente confirmada por el Tribunal Supremo, en la que obligaba al Consell a respetar el convenio colectivo firmado por los sindicatos. Ese acuerdo, suscrito en 1995, compromet¨ªa a la Generalitat en varios terrenos: deb¨ªa dedicar cerca de 1.000 millones anuales al fondo de ayuda social, convocar varios concursos que facilitaran la movilidad y la promoci¨®n interna o, por citar s¨®lo otro ejemplo, sacar a concurso aquellos puestos de trabajo sin ocupar a pesar de su car¨¢cter estructural. Seg¨²n UGT, el gobierno presidido por Eduardo Zaplana no respet¨® ninguno de esos acuerdos, ni siquiera aqu¨¦l por el que se financian algunas necesidades m¨¦dicas o educativas de los trabajadores p¨²blicos. En ese sentido se pronunci¨® el TSJ en mayo de 1998, en una sentencia confirmada, en sus aspectos esenciales, por el Tribunal Supremo. Recientemente, la organizaci¨®n solicit¨® de nuevo la ejecuci¨®n de la sentencia, cuya aplicaci¨®n le podr¨ªa costar al Consell alrededor de 7.000 millones de pesetas. Esa es, al menos, la estimaci¨®n del responsable de la Federaci¨®n de Servicios P¨²blicos de UGT, Gonzalo Fern¨¢ndez, quien califica de "rotundo" el auto del TSJ y de "inexplicable" la actitud del Consell. "La Generalitat no tiene voluntad de respetar la sentencia", asegura.