Los generales escuchan el horror

La voz firme del abogado Roberto Garret¨®n resonaba en la sala del edificio del Ministerio de Defensa, en Santiago. Todos los asistentes escuchaban en silencio sepulcral la brillante intervenci¨®n del conocido defensor de causas humanitarias en la que desgran¨® con lujo de detalles "las violaciones de derechos humanos en Chile, institucionales, sistem¨¢ticas, graves y masivas" durante la dictadura del general Augusto Pinochet.Los cuatro jefes militares escuchaban impert¨¦rritos. Por primera vez desde el golpe de 1973, tres generales, Juan Carlos Salgado (Ej¨¦rcito), Jos¨¦ Ignacio Concha (Fuerza A¨¦rea) y Jos¨¦ R. R¨ªos (Carabineros), y el contralmirante Alex Waghorn (Marina) escuchaban en vivo y en directo grav¨ªsimas acusaciones contra las instituciones que representan por su actuaci¨®n durante el r¨¦gimen militar. Con la intervenci¨®n de Garret¨®n concluy¨® el pasado viernes la primera ronda de la Mesa de Di¨¢logo, en la que se sientan frente a frente quienes hablan en nombre de las v¨ªctimas y de los victimarios de la represi¨®n y de diversos sectores de la sociedad civil chilena.

Hab¨ªa enorme expectaci¨®n ante la intervenci¨®n del abogado. Nunca unos generales hab¨ªan escuchado cara a cara semejante denuncia de la planificaci¨®n de la represi¨®n a gran escala, incluyendo tanto a militares como a civiles. "La institucionalidad y la sistematicidad de las violaciones de los derechos humanos ocurridas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990 est¨¢n siendo objeto de controversia en esta mesa, pues se sostiene que se trat¨® de abusos particulares, que, adem¨¢s, estaban al margen del conocimiento de quien ejerc¨ªa como jefe del Estado", empez¨® Garret¨®n.

"El car¨¢cter institucional lo prueba el desarrollo de un caso tipo de desaparici¨®n de personas. Una ley dictada por el Poder Legislativo (Junta de Gobierno) crea la DINA o la CNI, y la exime de toda rendici¨®n de cuentas de su acci¨®n, salvo ante el ministro de Defensa o del Interior, y la dota de un presupuesto aprobado por una ley.

El ministro del Interior -civil o militar- dispone (regularmente, mediante decreto, o irregularmente, autorizando al jefe del servicio) detener y llevar al detenido a un recinto clandestino de detenci¨®n y tortura. El recinto mismo es secreto y el ministro del Interior -civil a veces, militar otras- niega su existencia o declara que no puede indicar el lugar por las consabidas "razones de seguridad".

Para satisfacer al coronel, la Corte Suprema instruy¨® a las Cortes de Apelaciones de abstenerse de consultarle sobre detenidos en los recursos de amparo, con expresa violaci¨®n del art¨ªculo 307 del C¨®digo de Procedimiento Penal.

Los jueces cierran los ojos. La prensa autorizada no informa del arresto y, m¨¢s complicidad a¨²n, sostiene que el familiar que present¨® el recurso de amparo es un marxista que act¨²a para desprestigiar al Gobierno militar. La persona es torturada, y los jueces otra vez cierran los ojos. Por otra parte, el decreto de arresto firmado por el ministro del Interior es "exento de toma de raz¨®n", pues, a juicio del contralor, la libertad de una persona se refiere a una materia "no esencial", como licencias y feriados.

La persona muere por efectos de la tortura, el cuerpo desaparece. El ministro del Interior sostiene que nunca la persona estuvo detenida; la prensa dice que todo es un invento; el embajador falsifica documentos para decir que la persona simplemente nunca existi¨®; el juez dice que cumpli¨® la ley. De la v¨ªctima, nunca m¨¢s se supo. Pero es un "presunto" desaparecido.

El legislador, los jueces, el ministro, los aprehensores, los torturadores, los periodistas, ?s¨®lo cometieron un abuso particular, o m¨¢s bien eran parte de un "sistema" que operaba en la forma descrita? Convendr¨ªa agregar, adem¨¢s, que el sistema de desaparici¨®n de personas no s¨®lo oper¨® durante la DINA: los ¨²ltimos cinco casos ocurrieron en 1987, y con la misma ritualidad.

Entre el 9 y el 10 de septiembre de 1987, Jos¨¦ Juli¨¢n Pe?a, Manuel Jes¨²s Sep¨²lveda, Alejandro Alberto Pinochet, Julio Orlando Mu?oz y Gonzalvo Iv¨¢n Fuenzalida, militantes del Frente Patri¨®tico Manuel Rodr¨ªguez (FPMR), fueron detenidos por agentes de la CNI, seg¨²n est¨¢ confirmado en el Informe Rettig, en respuesta al secuestro del coronel Carlos Carre?o.

Las informaciones en poder de las organizaciones de derechos humanos se?alan que despu¨¦s de 15 d¨ªas de detenci¨®n y de ser torturados, los cinco fueron drogados y arrojados al mar desde un helic¨®ptero al norte de Valpara¨ªso.

En nombre de la patria

"Respecto del car¨¢cter sistem¨¢tico de los atentados a los derechos fundamentales", a?ade la intervenci¨®n de Roberto Garret¨®n, "importa destacar el secreto que, impuesto desde la jefatura del Estado, rode¨® toda la actividad de ese Estado. En Chile hab¨ªa leyes secretas; polic¨ªa secreta; presupuestos con partidas secretas; c¨¢rceles secretas, veh¨ªculos sin placa, ¨®rdenes secretas, funcionarios secretos, tratados secretos, organismos secretos; juicios secretos, testigos secretos, documentos protegidos bajo el pretexto de secreto militar, etc¨¦tera".

No ha trascendido, hasta ahora, ninguna reacci¨®n del estamento castrense al texto que ley¨® Garret¨®n, titulado Un di¨¢logo para la verdad y la justicia, que el abogado encabez¨® con la siguiente cita de Winston Churchill: "Los mayores cr¨ªmenes de la humanidad se han cometido en nombre de la patria".