El PSOE, IU y NI denuncian a Piqu¨¦ ante la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n

Los portavoces del PSOE, IU y NI-Grupo Mixto en la Comisi¨®n de Industria del Congreso, ?lvaro Cuesta, Mariano Santiso y Ricardo Peralta, presentaron ayer ante la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n una denuncia contra el ministro de Industria, Josep Piqu¨¦, por presuntas irregularidades cometidas en su gesti¨®n al frente de ese ministerio. La base de esta denuncia est¨¢ en el voto particular que emitieron contra la conclusiones de la subcomisi¨®n parlamentaria que finalmente no encontr¨® irregularidades en la gesti¨®n en la pol¨ªtica de subvenciones del Ministerio de Industria en las ayudas a la miner¨ªa y en sus relaciones econ¨®mica.Ayer, poco antes de entregar estas denuncias, ?lvaro Cuesta se?al¨® que esta iniciativa no se debe a causas pol¨ªticas, sino a la obligaci¨®n como ciudadanos de denunciar presuntos delitos. Seg¨²n los grupos parlamentarios denunciantes, las actuaciones de Piqu¨¦ podr¨ªan ser constitutivas de delitos de "prevaricaci¨®n, incumplimientos en materia de legislaci¨®n administrativa, confusi¨®n del inter¨¦s p¨²blico con lo privado (en el caso de la empresa Ercros), delitos contra las administraciones p¨²blicas, tr¨¢fico de influencias, informaci¨®n privilegiada, as¨ª como toma de resoluciones arbitrarias en algunso expedientes de subvenciones a empresas".

Ayudas mineras

En el expediente presentado ante la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n se hace referencia a tres hechos "por si pudieran ser constitutivos de infracci¨®n penal". El primero se refiere a las ayudas a las empresas mineras. En ¨¦l afirman que a "Hullera Vasco Leonesa se concedieron 614 millones de pesetas en exceso sobre los que hubiera correspondido como ayudas al funcionamiento en 1998 con aplicaci¨®n de la normativa vigente". En este caso, seg¨²n los grupos denunciantes, "se vulnera" lo establecido en la ley que marca los requisitos para la determinaci¨®n de los criterios correspondientes a 1998. Para este apartado se cita un informe de inspecci¨®n realizada por Ofico donde se detectan irregularidades y conductas delictivas, "en concreto una actividad continuada de enga?o y defraudaci¨®n" para la obtenci¨®n de subvenciones.

El PSOE, IU y NI, consideran que la Administraci¨®n, el ministro y el secretario de Estado de Industria no adoptaron las medidas de comprobaci¨®n y persecuci¨®n del fraude denunciado, lo que, a su entender, supone una infracci¨®n al C¨®digo Penal.

En segundo lugar, seg¨²n explicaron los denunciantes, en su gesti¨®n al frente de Industria, Piqu¨¦ aplic¨® irregularmente el marco jur¨ªdico de las ayudas a la miner¨ªa. En concreto, en los expedientes referenciados como Ur¨ªa Motor, Otarraso, Palacio de Canedo, Castile¨®n 2000 y Torcidos Ib¨¦ricos se aprecian indicios de prevaricaci¨®n continuada, as¨ª como manipulaci¨®n de informes de evaluaci¨®n que eran contrarios a la concesi¨®n de subvenciones.

En tercer lugar, la documentaci¨®n presentada ante la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n se refiere a la renegociaci¨®n de las condiciones de la deuda de la empresa Ercros al Instituto de Cr¨¦dito Oficial por 8.500 millones de pesetas, hecho que, a juicio de los denunciantes, pone de manifiesto "un trato de favor"y de confusi¨®n del inter¨¦s p¨²blico y el inter¨¦s privado del Ministerio de Industria hacia esa empresa en la que fue directivo.

Por su parte, el Grupo Popular calific¨® de "simulacro de denuncia el escrito a la Fiscal¨ªa de esos tres grupos de la oposic¨®n que "no renuncian a su estrategia de desgaste y de tierra quemada con acusaciones permanentes a personas faltando a la realidad de los hechos. El portavoz de Industria del PP en el Congreso, Javier Pe¨®n, acus¨® a la oposici¨®n de intentar generar confusi¨®n en una iniciativa sin fundamentos que puede volverse contra los propios grupos firmantes de la oposici¨®n.