La nueva ley de datos crea un censo para quienes deseen recibir publicidad

La Ley Org¨¢nica de Protecci¨®n de Datos, aprobada ayer por el pleno del Congreso con los votos favorables de PP, CiU e IU, crea un Censo Promocional, integrado por los ciudadanos que desean recibir publicidad. La nueva ley, que deroga a la vigente, de 1992, recurrida ante el Tribunal Constitucional, suscit¨® las cr¨ªticas del PSOE y Nueva Izquierda (NI), que acusaron al PP de querer burlar la futura sentencia.

La futura ley encomienda al Instituto Nacional de Estad¨ªstica la elaboraci¨®n de dicho censo, a partir del censo electoral,que ser¨¢ actualizado trimestralmente y que podr¨¢ ser adquirido por las empresas de publicidad y marketing con una vigencia de un a?o.El socialista Carlos Navarrete critic¨® esta medida y consider¨® que es una forma de "poner el censo electoral a disposici¨®n de los negocios en nombre del tr¨¢fico mercantil". El portavoz de NI, Diego L¨®pez Garrido, estim¨® que el censo promocional es "una derogaci¨®n impl¨ªcita" del art¨ªculo de la Ley Electoral que proh¨ªbe la cesi¨®n del censo electoral, y anunci¨® que, en cambio, de prosperar la ley, se facilitar¨¢ "casi gratuitamente" a las empresas.

Otra novedad de la ley es la gratuidad del acceso de cada ciudadano a la informaci¨®n personal que aparece registrada en los ficheros automatizados, as¨ª como la obligaci¨®n de sus propietarios de tenerlo actualizado de acuerdo con "la situaci¨®n real" del interesado. El plazo de actualizaci¨®n ser¨¢ de tres a?os para los ficheros automatizados y de 12 a?os para los manuales.

Los cuestionarios que los ciudadanos utilizar¨¢n para recabar informaci¨®n tendr¨¢n que incluir obligatoriamente la finalidad a la que se dedican los datos personales, de forma que no se podr¨¢n emplear para otra distinta ni ceder a terceros sin el consentimiento "inequ¨ªvoco" del interesado. En todo caso, el ciudadano podr¨¢ ejercitar el derecho a reclamar que le saquen del fichero.

Ficheros sin garant¨ªas

Las garant¨ªas respecto a los ficheros privados se excluyen para los que se destinen a un inter¨¦s p¨²blico superior, como los archivos sanitarios, los del Registro Civil o los relacionados con la seguridad. La nueva ley reproduce en este sentido varios de los art¨ªculos de la vigente Ley Org¨¢nica Reguladora del Tratamiento Automatizado de Datos (LORTAD), en estos momentos recurridos ante el Tribunal Constitucional y pendientes de sentencia.NI y PSOE denunciaron la estrategia legislativa del PP, que a trav¨¦s de una nueva ley pretende eludir la posible declaraci¨®n de inconstitucionalidad de determinados preceptos -recurridos en 1993 por el propio PP, adem¨¢s de por el Defensor del Pueblo y otros recurrentes-, al transferirlos a una nueva ley no recurrida. L¨®pez Garrido calific¨® esta estratagema de "fraude de ley".

Por su parte, Navarrete, portavoz del PSOE, que en 1992 propuso la ley recurrida, anunci¨® que su grupo promover¨ªa una iniciativa legislativa para modificar la nueva ley. Navarrete acus¨® de "esquzofrenia" al PP, por "acogerse a posiciones demag¨®gicas y fundamentalistas cuando se encontraban en la oposici¨®n" y hacer ahora lo que entonces criticaban.