Barrionuevo alega que us¨® los fondos reservados igual que sus antecesores al frente de lnterior

Los ministros del Interior del PSOE dieron a los fondos reservados el mismo uso que sus antecesores de gobiernos anteriores y que sus compa?eros de otros departamentos que contaban con estas partidas. As¨ª lo asegura el ex ministro Jos¨¦ Barrionuevo en el recurso que ayer 'present¨® contra el auto de la juez Carmen Valcarce, quien imput¨® a diez ex altos cargos socialistas por un presunto delito de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos. El abogado Jorge Argote, tambi¨¦n imputado, entreg¨® ayer siete supuestos recibos de pagos a magistrados y fiscales, con cargo a estos fondos opacos.

Barrionuevo subraya en su recurso el "origen indudablemente pol¨ªtico" de la causa instruida por el juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 5 de Madrid, ya que fue abierta a instancias del hoy presidente del Congreso, Federico Trillo y otros diputados del PP. Seg¨²n el abogado de Barrionuevo, Pablo Jim¨¦nez de Parga, tras m¨¢s de cinco a?os de investigaci¨®n se ha demostrado "la absoluta falsedad de las insidias e insinuaciones maliciosas sobre la situaci¨®n patrimonial" del, ex ministro, pues "no ha aparecido el m¨¢s m¨ªnimo indicio de enriquecimiento il¨ªcito".

El escrito rechaza que Barrionuevo haya podido incurrir en un delito de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos alegando que los fondos reservados carec¨ªan de regulaci¨®n espec¨ªfica. Seg¨²n el letrado, la ¨²nica norma aplicable a estas partidas entre 1983 y 1993 era la Circular 3/1966 de la Intervenci¨®n General de la Administraci¨®n del Estado.

Los "fines espec¨ªficos" de esos fondos eran, seg¨²n dicha circular, "gastos de solemnidades, atenciones y otros de car¨¢cter social o reservado, a disponer discrecionalmente por el ministro". Por eso, alega, "es imposible, al menos en t¨¦rminos jur¨ªdicos, mantener la existencia de un delito de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, ni un uso de los fondos reservados para otros fines distintos de los leg¨ªtimos prevenidos en sus normas".

Seg¨²n el abogado, los supuestos indicios contra Barrionuevo se reducen, en realidad, a uno: como ministro del Interior, era "el ¨²ltimo responsable del destino de los fondos y a quien se daba o deb¨ªa dar cuenta de su uso".

Ese planteamiento demuestra, a su juicio, que "no hay en la causa dato indubitado alguno" que demuestre la implicaci¨®n de Barrionuevo. El letrado agrega que el auto de la juez atribuye al ex ministro una malversaci¨®n "omisiva, no activa", mientras que el vigente C¨®digo Penal s¨®lo contempla la malversaci¨®n intencional.

Tambi¨¦n, el ex ministro Jos¨¦ Luis Corcuera alega en su recurso que no se lucr¨® de los fondos reservados, por lo que pide el archivo del caso contra ¨¦l o en su defecto la pr¨¢ctica de m¨¢s diligencias.

Su abogado, Leopoldo Torres, asegura en el escrito que algunos medios de comunicaci¨®n han emprendido una campa?a de desprestigio de Corcuera, atribuy¨¦ndole fabulosas fortunas, suntuosos chal¨¦s, cuentas corrientes en Suiza o en Andorra, "cuya absoluta falsedad ha quedado evidenciada" en la instrucci¨®n".

Respecto a las joyas regaladas por Corcuera a las esposas de sus colaboradores m¨¢s inmediatos en Interior, el recurso considera irrelevante, una vez desaparecido del C¨®digo Penal el delito de malversaci¨®n impropia, "la utilizaci¨®n de la partida presupuestaria destinada a gastos reservados para hacer frente a atenciones".

Por su parte, el catedr¨¢tico Manuel Cobo del Rosal califica de "inadmisible" la imputaci¨®n de que su defendido, el ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera, se apropiase de importantes cantidades y las invirtiese en inmuebles registrados a nombre de familiares cercanos. Para el abogado de Vera, se trata de imputaciones gen¨¦ricas, en las que se presumen realizados los hechos s¨®lo en virtud del cargo ocupado por los imputados, y subraya que no existe en la causa documento o informe alguno del que se deduzca que su cliente haya realizado inversiones inmobiliarias con dinero procedente de los fondos reservados, ni tampoco ning¨²n elemento de investigaci¨®n que permita deducir la vinculaci¨®n patrimonial entre Vera y alguno de sus familiares, por lo que pide el archivo de las actuaciones.

De su lado, el abogado Jorge Argote, imputado en la misma causa por cobrar de los fondos reservados sus minutas como defensor de polic¨ªas y guardias civiles, aport¨® ayer al juzgado siete recibos que reflejan supuestos pagos de la Secretaria, de Estado para la Seguridad a magistrados, fiscales y letrados.

Los documentos, entregados junto a su recurso, son: tres recibos supuestamente firmados por el fiscal de la Audiencia Nacional

Ignacio Gordillo, por importe de 280.000 pesetas cada uno, fechados en febrero, marzo y julio de 1993 en concepto de clases impartidas; un recibo de enero de 1992, por valor de dos millones de pesetas, supuestamente entregados al ex fiscal general del Estado Carlos Granados, entonces destinado en el Gabinete T¨¦cnico del Tribunal Supremo, para atender a los gastos de las comisiones provinciales, de coordinaci¨®n de la Polic¨ªa Judicial; un recibo por valor de cinco millones para el abogado Francisco Escobar por su intervenci¨®n en el caso Ucifa y dos recibos sin firma, de mayo y diciembre d¨¦ 1992, por importe de dos millones cada uno, con un sello de la Secretaria de Gobierno y de la Presidencia de la Audiencia Nacional.

Argote, que asegura haber recibido estos documentos en un sobre sin remitente, pide a la juez que verifique su autenticidad y tome declaraci¨®n a los supuestos perceptores de estas cantidades, y a los responsables de la Secretar¨ªa de Estado para la Seguridad.