El Gobierno central recurrir¨¢ al Constitucional si Guip¨²zcoa sube las pensiones no contributivas

El Gobierno del PP acudir¨¢ al Tribunal Constitucional para recurrir el incremento de las pensiones no contributivas en Guip¨²zcoa si finalmente se aprueba una subida del 22,84% propuesta por la Diputaci¨®n. Tal y como ha sucedido con la Junta de Andaluc¨ªa y la Generalitat de Catalu?a, el Gabinete de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar utilizar¨¢ la v¨ªa judicial para impedir la existencia de desigualdades en la concesi¨®n de las prestaciones sociales que reciben los pensionistas en el conjunto de Espa?a. El recurso no afectar¨ªa a las pensiones asistenciales, para las que se prev¨¦ un aumento del 87,01%.

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Juan Carlos Aparicio, anunci¨® ayer en Madrid la intenci¨®n del Gobierno central de recurrir ante el Tribunal Constitucional la subida del 22,84% de las pensiones no contributivas que pretende aprobar la Diputaci¨®n de Guip¨²zcoa. Justific¨® su decisi¨®n de acudir a la v¨ªa judicial si finalmente la medida anunaicda el jueves por el diputado general, Rom¨¢n Sudupe, se transforme en un texto legal para defender "el principio de no discriminar ni a las pensiones ni a los pensionistas en relaci¨®n con el resto de los territorios".La Diputaci¨®n de Guip¨²zcoa est¨¢ decidida a incorporar en los Presupuestos del a?o 2000 una modificaci¨®n de la cuant¨ªa econ¨®mica de las pensiones por invalidez y por jubilaci¨®n, establecidas actualmente en 37.960 pesetas mensuales, que pasar¨ªan a ser de 14 pagas de 46.663 pesetas al mes si prospera la iniciativa de Sudupe. Este aumento supone un incremento anual cifrado en 121.422 pesetas.

Aparicio puso en duda la aprobaci¨®n de esta medida, puesto que "muchas veces las acciones no coinciden con lo que se dice", si bien se apresur¨® a comunicar que el Ejecutivo central presentar¨¢ un recurso de inconstitucionalidad para impedir que las pensiones sufran desequilibrios en el conjunto del Estado.

El recurso se sumar¨ªa a los interpuestos, por id¨¦nticos motivos, contra la Junta de Andaluc¨ªa y la Generalitat catalana. La Administraci¨®n andaluza, respaldad despu¨¦s en su competencia por el Constitucional, aprob¨® un decreto para abonar en una sola paga la cantidad de 9.395 pesetas (un aumento global del 3,6%), mientras que la catalana subi¨® entre 6.000 y 8.000 pesetas para compensar las pensiones m¨¢s bajas. En Guip¨²zcoa se plantea un salto de 121.422 pesetas anuales. Estas cantidades ser¨¢n satisfechas con cargo a los Presupuestos forales, puesto que la Administraci¨®n central s¨®lo cubre las cuant¨ªas fijadas por el propio Gobierno central.

Respecto al aumento del 87,01% de las pensiones asistenciales -las acogidas al Fondo de Bienestar Social y la Ley de Integraci¨®n Social de los Minusv¨¢lidos-, que suponen un suplemento de 303.772 pesetas anuales para 1.402 personas, el secretario de Estado de la Seguridad Social se?al¨® que el Ejecutivo del PP no emprender¨¢ ninguna acci¨®n, pues escapa de sus competencias.

El PSE-EE de Guip¨²zcoa, a trav¨¦s de su secretaria de Pol¨ªtica Social, Gemma Zabaleta, tach¨® de "propaganda gratuita" la medida de subir las pensiones. Critic¨® al PNV por prestar su apoyo al PP cuando el Gobierno central impugn¨® el incremento aprobado por la Junta andaluza, gobernada por el PSOE. El diputado peneuvista Jon Zabal¨ªa acus¨® en diciembre de 1998 al presidente andaluz, Manuel Chaves, de actuar con "incongruencia", aunque se mostr¨® partidario de "la capacidad soberana de redistribuir el gasto social".

I?igo Manrique, portavoz del Partido Popular en las Juntas de Guip¨²zcoa, anunci¨® que este partido no admitir¨¢ las "desigualdades sociales entre los vascos", ni apoyar¨¢ la "descoordinaci¨®n interinstitucional".