Arranca el juicio oral del "caso Ollero" a los siete a?os de abrirse el proceso

La Sala Primera de la Audiencia de Sevilla acoger¨¢ desde esta misma ma?ana el juicio del denominado caso Ollero, sobre el presunto pago de comisiones a altos cargos de la Administraci¨®n andaluza en relaci¨®n con la construcci¨®n de una carretera. Las defensas de los cinco imputados pedir¨¢n ma?ana la nulidad de las pruebas obtenidas en las primeras investigaciones judiciales, que se remontan a enero de 1992, por haberse obtenido tras violar los derechos fundamentales con unas escuchas telef¨®nicas que desvelaron la presunta trama.

Todo este caso, que supuso una verdadera sacudida en la vida pol¨ªtica espa?ola, comenz¨® con un an¨®nimo que recibieron por partida triple en enero de 1992 el entonces presidente de Izquierda Unida en Andaluc¨ªa, Luis Carlos Rej¨®n, un diario y el juez del caso Juan Guerra, ?ngel M¨¢rquez. En ese escrito se denunciaba a gran parte de la c¨²pula de la Junta de Andaluc¨ªa, por su presunta relaci¨®n con cobros ilegales destinados a financiar el PSOE. El an¨®nimo lleg¨® a las manos de la juez Pilar Llorente que inmediatamente comenz¨® a investigar por su cuenta los delitos narrados en ese documento sin firma.En el mes de julio de ese a?o, la polic¨ªa detuvo a Jorge Ollero en las inmediaciones del aeropuerto de San Pablo, con un malet¨ªn que conten¨ªa 26 millones de pesetas en billetes nuevos. El detenido es el hermano de Manuel Ollero, entonces director general del Carreteras de la Junta de Andaluc¨ªa, y el dinero, presuntamente, era parte de una comisi¨®n ilegal de 127 millones de pesetas que la empresa Ocisa pagaba a algunos funcionarios de la Administraci¨®n andaluza tras hacerse con la adjudicaci¨®n de la construcci¨®n del tramo de carretera entre Las Pedrizas y Salinas, con un presupuesto de casi 3.000 millones.

A los pocos d¨ªas, se hizo p¨²blica la detenci¨®n de Ollero y el caso se aceler¨® y agigant¨® con la imputaci¨®n del entonces consejero de Obras P¨²blicas, Juan Jos¨¦ L¨®pez Martos, Manuel Ollero, el empresario y presunto intermediario, Pedro Llach, y el presidente y el director general de Ocisa, Jes¨²s Roa y Luis Nogueira, respectivamente.

La pol¨ªtica se apoder¨® del caso que no abandonaba los principales titulares ni un solo d¨ªa. A esto ayudaron algunos sucesos peculiares como la primera declaraci¨®n de Jorge Ollero, en la que lo admit¨ªa todo y llegaba a implicar a altos cargos socialistas en una presunta red de financiaci¨®n ilegal del partido, o cuando los guardias de seguridad de la sucursal del BBV en los juzgados rompieron el precinto de la saca con los billetes nuevos aprehendidos y los cambiaron por usados.

A lo largo de siete a?os, el caso ha reaparecido puntualmente en la actualidad e incluso uno de los imputados, Pedro Llach, y uno de los abogados han muerto. La primera jornada del juicio oral estar¨¢ protagonizada por las cuestiones previas de los abogados de la defensa. La estrategia de los letrados es pedir la nulidad de las pruebas desde el inicio mismo de la investigaci¨®n de la juez Llorente. La primera irregularidad en el proceso, a juicio de la defensa, es que la juez comenzara a investigar un caso con un escrito an¨®nimo como ¨²nica base. Para comenzar un proceso penal, los cauces son una querella, una denuncia o un atestado de la polic¨ªa. La juez, por lo tanto, deber¨ªa haber pasado el escrito a la polic¨ªa que, a su vez, presentar¨ªa el correspondiente atestado con el resultado de sus pesquisas. La decisi¨®n de la juez Llorente de comenzar la investigaci¨®n, seg¨²n aseguran varios expertos e independientemente de que a la postre el delito se pruebe, pertenece a ¨¦pocas o reg¨ªmenes pol¨ªticos en los que el rumor es suficiente para actuar contra un ciudadano.

El segundo aspecto al que se ci?en las estrategias de la defensa es declarar nulas las pruebas obtenidas tras intervenir los tel¨¦fonos de los acusados. En primer lugar y de nuevo con la ¨²nica base de un an¨®nimo y, adem¨¢s, que los pinchazos se prolongaron durante muchos meses.

En el juicio que hoy comienza, el fiscal pide dos a?os y cuatro meses de c¨¢rcel, inhabilitaci¨®n por 12 a?os y 127 millones de multa para L¨®pez Martos por prevaricaci¨®n y cohecho; dos a?os y siete meses de c¨¢rcel, 18 a?os de inhabilitaci¨®n y tres multas de 127 millones para Manuel Ollero, por cohecho, tr¨¢fico de influencias y revelaci¨®n de secretos; seis meses de prisi¨®n y 127 millones de multa para Jorge Ollero; dos a?os y cuatro meses de prisi¨®n y 127 millones de multa para Roa y 20 meses de c¨¢rcel y 900.000 pesetas de multa para Nogueira.