"Ante la pena de muerte un jurista sensible debe entrometerse"

El magistrado de la Audiencia de Madrid Perfecto Andr¨¦s Iba?ez -a un paso de incorporarse a la Sala Segunda del Tribunal Supremo- se desenvolvi¨® ayer con soltura ante los alumnos de la Facultad de Derecho de la UPV, en Leioa. Incluso cuando le preguntaron si se consideraba bien pagado. "S¨ª gracias, me siento bien pagado, aunque los jueces reci¨¦n salidos estan en una banda salarial mucho menor", respondi¨®. Lo que dej¨® claro el ex portavoz de Jueces para la Democracia es que con la pol¨¦mica de los salarios "ni est¨¢n en peligro la estabilidad de la democracia ni la indepedencia judicial, ni existe un conflicto entre poderes del Estado". El juez que conden¨® al ex director general del Cesid Emilio Alonso Manglano y a su lugarteniente, Juan Alberto Perote, a ocho a?os de inhabilitaci¨®n por escuchas ilegales, dijo que no sinti¨® el aliento del Gobierno tras su nuca.Pregunta. Dice la ministra Margarita Mariscal de Gante que lo prioritario es dotar de m¨¢s medios materiales a la Justicia y no subir los sueldos.

Respuesta. No hay por qu¨¦ contraponer una cosa a la otra. ?se es un mal planteamiento.

P. Usted, sin ser un juez estrella, ha estado en asuntos de gran importancia como el de las escuchas ilegales del Cesid. ?Se sinti¨® presionado por el Gobierno socialista?

R. No. Es cierto que hubo una gran presi¨®n medi¨¢tica y que estos asuntos provocan cierta deslegitimaci¨®n y desgaste pol¨ªtico. Pero nada m¨¢s.

P. En el fallo dijo que las escuchas ilegales "formaban parte de una pol¨ªtica mal entendida de seguridad nacional".

R. Aquellas pr¨¢cticas del Cesid estaban claramente fuera de la legalidad, se estaba degradando el marco legal.

P. Pero lo que estaba en entredicho era, en realidad, que la raz¨®n de Estado es incompatible con el Estado de Derecho.

R. Parece claro que la raz¨®n de Estado nunca se ha sentado en el banquillo, bueno s¨®lo por persona interpuesta como en estos casos. Ha habido avances, pero es un asunto tan vidrioso que no se han superado todas las insuficiencias.

P. ?Cree que el PSOE pag¨® ya con la derrota en las elecciones de 1996 el peaje pol¨ªtico por la guerra sucia?

R. Los ritmos pol¨ªticos y judiciales no van acompasados. El problema es m¨¢s bien del uso que se hace de esa informaci¨®n sensible. El paso a un nuevo Parlamento no tiene por qu¨¦ cancelar la memoria, pero tampoco deber¨ªan darse fijaciones que conviertan la pol¨ªtica en un permanente ajuste de cuentas retrospectivo.

P. Sorprende que en dos d¨¦cadas de democracia s¨®lo haya dos sentencias por prevaricaci¨®n en los tribunales, una de ellas la del juez Lia?o.

R. Habr¨ªa que preguntarse antes cu¨¢ntas denuncias o querellas fundadas se han dado, y desconozco el dato. Pero s¨ª, estoy convencido de que se ha sido poco incisivo en la respuesta ante actuaciones nada tolerables de los jueces. Esto lo reconocer¨ªa cualquiera que no tenga telara?as en los ojos. Aunque se ha avanzado gracias al control difuso ejercido por la prensa, con lo que se ha dado cierta compensaci¨®n.

P. El fiscal general del Estado considera una intromisi¨®n ileg¨ªtima criticar a EE UU por mantener la pena de muerte, justo cuando hay un espa?ol ahora mismo en el corredor de la muerte. ?Qu¨¦ le parece?

R. (Sonr¨ªe). En materia de derechos fundamentales, un jurista sensible tiene que practicar un sensato derecho a la intromisi¨®n leg¨ªtima, que tiene apoyo en la Declaraci¨®n Universal y los pactos que la desarrollan. Cardenal ha obrado ah¨ª con un cierto reflejo de jurista funcionario que en estas materias no deber¨ªa darse. En presencia de la pena capital, no hay escapatoria posible. La intromisi¨®n es leg¨ªtima, hay un imperativo ¨¦tico.

P. Mientras no exista la Corte Penal Internacional, ?actuaciones como las del juez Garz¨®n con Pinochet y los dictadores argentinos son necesarias?

R. La labor de Garz¨®n tiene un buen fundamento legal, avalado por otras instancias. Existe un buen contexto normativo practicable que puede dar mucho juego en la persecuci¨®n de los delitos de genocidio.

P. ?A qu¨¦ se deben la reticencias de EE UU a impulsar un tribunal internacional?

R. Porque implica una cesi¨®n de poder o de control interno. Parece claro que son debidas al papel que juega Estados Unidos en el mundo en muchos frentes pol¨ªticos para mantener una hegemon¨ªa pol¨ªtica mundial de cualquier forma.

P. ?Considera que en un proceso de paz como el vasco hay que dejar en suspenso la aplicaci¨®n de la justicia penal?

R. En ese asunto el jurista no puede elegir. Al juez hay que pedirle que aplique el orden jur¨ªdico. Pero, ahondando m¨¢s, ?qu¨¦ deber¨ªa hacer un juez de instrucci¨®n? ?dejar en suspenso las actuaciones, dictar ¨®rdenes de libertad? Son declaraciones para consumo de masas. Un gobierno puede ejercer el derecho de gracia o cambiar una pol¨ªtica penitenciaria. El juez, no.