La juez imputa a De la Rosa y otras 9 personas en tres de las operaciones del 'caso Torras'

La investigaci¨®n judicial sobre la gesti¨®n de Javier de la Rosa al frente del Grupo Torras durante los a?os ochenta y principios de los noventa, que provoc¨® a la mayor suspensi¨®n de pagos de la historia econ¨®mica espa?ola, ha dado un enorme paso al dictar la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios un auto en el que cierra la instrucci¨®n de tres operaciones incluidas en la querella que la empresa present¨® en enero de 1993. La juez imputa a 10 personas, entre ellas a De la Rosa, al abogado Juan Jos¨¦ Folchi y al empresario Manuel Prado y Col¨®n de Carvajal.

La lista de imputados incluida en el auto dictado por la juez el pasado viernes, aunque conocido ayer, se completa con los nombres de Jorge N¨²?ez, ex consejero delegado de Torras y ex presidente de Torraspapel; Manuel Guasch, ex presidente de la azucarera Ebro (propiedad de Torras) y miembro del consejo de este ¨²ltimo grupo; Plinio Coll, gibraltare?o y asesor en las operaciones realizadas a trav¨¦s de para¨ªsos fiscales; Miguel Soler Sala, ex director financiero de Torras; Jos¨¦ Mar¨ªa Sot, ex secretario del mismo grupo, Richard Robinson, ex ejecutivo de KIO, propietario de Torras y miembro de su consejo; y Michael Smurfit, presidente del grupo papelero irland¨¦s del mismo nombre.Enrique Sarasola, que estaba implicado en una de las operaciones, ha quedado exculpado por haber prescrito los delitos que se le imputaban. Asimismo, quedan por incluir el ex presidente de KIO y de Torras, Mohamed Al Sabah, y el ex director general de KIO, Fouad Jaffar, ambos en busca y captura por orden de la juez Palacios.

En el mismo escrito, la magistrada acuerda abrir procedimiento abreviado y da un plazo de cinco d¨ªas a las acusaciones para que presenten sus escritos. Ayer Torras anunci¨® que pedir¨¢ una ampliaci¨®n del plazo hasta diez d¨ªas. Asimismo, las partes disponen de un plazo de tres d¨ªas para presentar recursos contra la decisi¨®n de la magistrada. El abogado de De la Rosa ya anunci¨® su intenci¨®n de recurrir.

En su auto, Teresa Palacios acuerda concluir como piezas separadas las referidas a las operaciones Icsa-Inpacsa; Croesus y Wardbase. Debido a las diferentes conexiones entre todas ellas, la juez ha asumido las peticiones de Torras y del fiscal del caso en favor de que el juicio de las tres operaciones se realice simult¨¢neamente.

Ventas papeleras

La primera de las operaciones fue la venta de la papelera Icsa, filial de Torras, iniciada en abril de 1987. En una primera fase, Torras la vendi¨® a otra de sus filiales, Inpacsa, por 1.900 millones de pesetas. En abril de 1998, Torras decidi¨® vender de nuevo Icsa, en este caso a una sociedad gibraltare?a llamada Croesus por 4.200 millones de pesetas. En ese momento, sin embargo Inpacsa, la que vend¨ªa Icsa, ya no era 100% de Torras, pues el 45% del capital estaba en manos de peque?os accionistas que lo hab¨ªan comprado en bolsa, en gran parte por el valor que implicaba que fuera propietaria de Icsa.Finalmente, en septiembre de 1988, Icsa fue vendida de nuevo por la sociedad gibraltare?a a la empresa irlandesa Smurfit por casi 12.000 millones de pesetas. Es decir, 7.800 millones m¨¢s que en la venta anterior. Seg¨²n ha puesto de manifiesto la investigaci¨®n del caso, la mayor parte de ese dinero fue a parar a cuentas suizas propiedad de los ex gestores del grupo, principalmente a una cuenta con la clave Carnation en el Bank of Am¨¦rica (BOA) cuyo beneficiario era De la Rosa.

Seg¨²n la juez, en esta venta De la Rosa, Juan Jos¨¦ Folchi, Jorge N¨²?ez, Plinio Coll, Manuel Guasch, Miguel Soler, Jos¨¦ Mar¨ªa Sot, Richard Robinson y el propietario de Smurfit, Michael Smurfit, cometieron los supuestos delitos de apropiaci¨®n indebida, falsedad continuada y de maquinaci¨®n para alterar el precio de las cosas.

La segunda operaci¨®n se realiz¨® tambi¨¦n a trav¨¦s de la sociedad Croesus y tuvo lugar en junio de 1988. En esa fecha, una filial internacional de KIO abon¨® 27,4 millones de d¨®lares en una cuenta suiza con la clave Bigley en el Merryl Lynch de Ginebra y propiedad del empresario Enrique Sarasola.

Torras, que no obtuvo ning¨²n beneficio de la operaci¨®n, asumi¨® su coste mediante un cr¨¦dito formalizado a trav¨¦s de la compa?¨ªa Croesus. En esta operaci¨®n se imputan los supuestos delitos de apropiaci¨®n indebida, falsedad continuada y maquinaci¨®n para alterar el precio de las cosas contra De la Rosa y el ex director financiero de Torras, Miguel Soler. La juez no ha imputado al empresario Enrique Sarasola porque los delitos que se le pod¨ªan imputar habr¨ªan prescrito.

La operaci¨®n Wardbase tuvo lugar en mayo de 1992, pocos d¨ªas antes de que De la Rosa y su equipo abandonaran Torras. De la Rosa orden¨® pagar 1.900 millones de pesetas de Torras a una cuenta que el empresario Manuel Prado y Col¨®n de Carvajal pose¨ªa en el banco suizo Sogenal. El pago se encubri¨® supuestamente con una factura falsa de la sociedad Wardbase por importe de 2.000 millones de pesetas. Por esta operaci¨®n, la juez imputa los supuestos delitos de apropiaci¨®n indebida y de falsedad a De la Rosa, Manuel Prado y Jorge N¨²?ez.

Otras operaciones

A pesar del importante avance de la instrucci¨®n que supone el auto dictado por la de la juez Palacios, el caso Torras est¨¢ a¨²n lejos de abandonar la fase de instrucci¨®n, ya que a¨²n quedan varias operaciones por analizar. Entre ellas, las referidas a la facturaci¨®n de miles de millones de Quail, la sociedad patrimonial de De la Rosa a Torras; la compra venta de un avi¨®n privado de la empresa; la operaci¨®n Pincinco, en la que se volatilizaron m¨¢s de 300 millones de d¨®lares (m¨¢s de 30.000 millones de pesetas de la ¨¦poca).De todos los imputados en el caso, tan s¨®lo De la Rosa se encuentra actualmente en prisi¨®n por orden de la juez Palacios. La Sala de la Audiencia acord¨® en su momento la libertad con fianza de 5.000 millones de pesetas, que De la Rosa no ha aportado.

La juez decidi¨® en octubre del a?o pasado enviar a De la Rosa a prisi¨®n tras recibir documentaci¨®n, a trav¨¦s de una comisi¨®n rogatoria, que demostraba que De la Rosa hab¨ªa recibido m¨¢s de 30.000 millones de pesetas en cuentas suizas a su nombre, algo que el financiero hab¨ªa negado constantemente en sus declaraciones.

El caso Torras desembarc¨® en los tribunales en enero de 1993 cuando los propietarios de la empresa, el grupo kuwait¨ª KIO denunci¨® a sus ex gestores.La querella fue rechazada inicialmente por el juez Miguel Moreiras, quien fue obligado a instruir el caso por la Sala de la Audiencia. Finalmente, Moreiras fue apartado de la Audiencia Nacional y le sustituy¨® Teresa Palacios.