?Un error?

El foco que en un rasgo de coraje -que no de inconsciencia como algunos mal¨¦volos insin¨²an- coloc¨® Carmen de Miguel sobre la empresa p¨²blica de la cual es directora general, el Instituto Valenciano de la Exportaci¨®n (Ivex), se apag¨® con la misma celeridad con que se encendi¨®. El resplandor, sin embargo, dur¨® lo suficiente como para vislumbrar una trama financiera de la que ¨²nicamente se conocen sus consecuencias: un agujero de 1.049 millones de pesetas generados, supuestamente, por unos derechos de compensaci¨®n que posibilitaron la exportaci¨®n a T¨²nez de 262 veh¨ªculos de la empresa Ford Espa?a, radicada en Almussafes. Los responsables del desaguisado, a tenor de la querella presentada por los abogados de la Generalitat ante el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 15 de Valencia, son el ex director del Ivex, Jos¨¦ Mar¨ªa Tabares, y el franc¨¦s Jean Luc Lagier, administrador de dos empresas, una tunecina y otra belga, quien realiz¨® una circulaci¨®n de letras de cambio avaladas por Tabares a las que ahora tiene que hacer frente la empresa p¨²blica valenciana al no pagarlas la comercial radicada en B¨¦lgica. Hasta aqu¨ª los hechos. Y justo desde este punto la oscuridad m¨¢s absoluta; a pesar de que el Consell, con su presidente al frente, insistan en que act¨²an con la m¨¢s absoluta transparencia. Nada m¨¢s incierto. A medida que se van conociendo m¨¢s datos (los informes de la Sindicatura de Comptes o los movimientos at¨ªpicos que aparecen en los presupuestos de la Generalitat referidos al Ivex entre 1996 y 1998) la confusi¨®n crece d¨ªa a d¨ªa. Tanto que ahora mismo se puede establecer un arco especulativo en uno de cuyos extremos se encontrar¨ªa la arcang¨¦lica hip¨®tesis de que los derechos de compensaci¨®n con T¨²nez, avalados por Tabares, permitir¨ªan a Ford exportar coches a este pa¨ªs por un valor cercano a los 3.000 millones; mientras que en el otro cabr¨ªa situar el diab¨®lico supuesto de que el capital circulante ha funcionado como un aut¨¦ntica caja B del Ivex, en la que las empresas de Lagier habr¨ªan actuado como una mera instrumental, para pagar -por qu¨¦ no- bajo cuerda a Julio Iglesias. El secretismo del propio instituto, la posici¨®n a la defensiva del Consell, que se escuda en su denuncia ante el juzgado y en sus auditor¨ªas internas, que antepone a los informes de la Sindicatura, dan pie a todo tipo de interpretaciones. Tantas, que hasta el propio Eduardo Zaplana ha manifestado que todo puede quedar en un error. Pero un error de qui¨¦n, ?de Tabares por los avales?, ?de Carmen de Miguel por precipitarse en ofrecer la informaci¨®n?, ?de la Generalitat por presentar la denuncia?, ?de la Ford?, ?de Lagier por haber roto la cadena de circulaci¨®n de letras?, ?de los bancos por pedir la ejecuci¨®n de unos efectos comerciales que, seg¨²n la Sindicatura, se remontan a 1997? Un agujero de 1.049 millones en una empresa p¨²blica no es un error, es un horror. M¨¢xime si, como dice el art¨ªculo 86 de la Ley de la Hacienda P¨²blica de la Generalitat, no se pueden avalar empresas en las que no tenga participaci¨®n el Gobierno valenciano.

El caso Ivex no se puede minimizar ni reducirlo a un simple error administrativo; sobre todo cuando ha sido la propia directora del instituto quien ha rechazado la hip¨®tesis arcang¨¦lica antes anotada. La gesti¨®n, cuanto menos dudosa, realizada en el organismo que debe potenciar la exportaci¨®n valenciana es la primera crisis, el primer esc¨¢ndalo si se quiere, seria que Zaplana afronta desde que lleg¨® al poder en 1995. El juez va a tener mucho trabajo.