La Diputaci¨®n vizca¨ªna ha privilegiado a una veintena de contribuyentes por 21.400 millones

La Diputaci¨®n de Vizcaya concedi¨® un trato de favor para el pago de sus deudas fiscales a una veintena de contribuyentes entre los a?os 1994 y 1997, deudas que superan en conjunto los 21.400 millones de pesetas. Los cuatro ¨²ltimos informes del Tribunal Vasco de Cuentas P¨²blicas desvelan las anomal¨ªas en la recaudaci¨®n de tributos, bien a trav¨¦s del aplazamiento de los pagos, la suspensi¨®n de embargos o el permiso para el abono fraccionado sin tener garant¨ªas legales. La Hacienda vizca¨ªna no ha ofrecido hasta el momento ninguna explicaci¨®n sobre estos casos.

Las anomal¨ªas apreciadas en el ¨²ltimo informe del Tribunal de Cuentas, referido a 1997, son una continuaci¨®n de lo ocurrido en los ejercicios precedentes. Como inform¨® la pasada semana este diario, Hacienda decidi¨® en 1997 la suspensi¨®n de la v¨ªa ejecutiva (inmediata al embargo) en que se encontraban cinco expedientes que sumaban una deuda tributaria global de 348 millones y su devoluci¨®n a la v¨ªa administrativa. Otros cinco deudores, por un importe de 541 millones, vieron c¨®mo se les fraccion¨® el pago de impuestos sin que se dieran los requisitos legales necesarios para ello.Esta situaci¨®n ya se hab¨ªa dado en 1996, seg¨²n constata el Tribunal de Cuentas, cuando se privilegi¨® a ocho contribuyentes por un importe de m¨¢s de 5.000 millones. En concreto, no se practicaron "embargos sobre dinero efectivo y cuentas [bancarias] a dos deudores cuya deuda ascend¨ªa a 2.612 millones" y se suspendieron "a instancia de la propia Diputaci¨®n y sin que medie solicitud del propio deudor en un expediente cuya deuda en ejecutiva ascend¨ªa a 449 millones de pesetas. Asimismo, una vez finalizado el periodo de suspensi¨®n, tampoco se ha procedido a realizar los correspondientes embargos". El informe a?ade que no se recogi¨® "la informaci¨®n sobre bienes del deudor" y en consecuencia no se practicaron "los embargos en un expediente cuya deuda en ejecutiva ascend¨ªa a 301 millones".

La auditor¨ªa de 1996 censura a la Diputaci¨®n por no exigir, para el pago fraccionado de la deuda, las garant¨ªas legales en cuatro expedientes que suman 1.737 millones, "en los que no se aport¨® la documentaci¨®n requerida ni se practic¨® la comprobaci¨®n de la situaci¨®n econ¨®mico-financiera y patrimonial de los deudores".

El estudio del tribunal sobre las cuentas de 1995 se?ala irregularidades en el pago de los tributos a trav¨¦s de bienes. En uno, por un importe de 13.811 millones (todo apunta a que se pueda tratar de Altos Hornos de Vizcaya), "no ha sido contrastada la valoraci¨®n de bienes presentada por la empresa" y en otro expediente, "por importe de 662 millones, acepta como valor del terreno aportado una de las dos valoraciones de la empresa, pese a contener un error se?alado en el informe del Servicio de Catastro y Apoyo T¨¦cnico". Adem¨¢s se apuntan anomal¨ªas en el permiso para pagar de manera fraccionada en una expediente cuya deuda asciende a 472 millones, dado que la "garant¨ªa prestada es insuficiente. Consiste en un embargo de bienes del deudor (maquinaria e instalaciones industriales) que el Servicio de Catastro y Apoyo T¨¦cnico valor¨® en 260 millones de pesetas". En otro caso, se concedi¨® "exenci¨®n de garant¨ªa cuya deuda principal ascend¨ªa a un importe de 129 millones de pesetas, sin la comprobaci¨®n de la situaci¨®n econ¨®mico-financiera y patrimonial del deudor".

Silencio de la Diputaci¨®n

Sobre 1994, el Tribunal de Cuentas censura el fraccionamiento del pago "en tres expedientes correspondientes a un mismo deudor" por 401 millones. "No se ha formalizado la garant¨ªa que condicionaba el acuerdo de concesi¨®n. Las garant¨ªas aceptadas consist¨ªan en una hipoteca mobiliaria sobre unos veh¨ªculos, cuya valoraci¨®n ascend¨ªa a 8 millones de pesetas y en la cesi¨®n del cr¨¦dito resultante de un litigio, valorado en 106 millones".

La identidad de esta veintena de beneficiarios por la demora de sus deudas fiscales sigue sin conocerse, al no figurar en los sucesivos informes del Tribunal de Cuentas y por la negativa de la Diputaci¨®n vizca¨ªna a difundirlos. Ni siquiera ha concretado si son particulares o empresas y, de ser ¨¦stas, si se encontraban en dificultades que hubiesen justificado de alguna manera el trato beneficioso.

El grupo juntero del PSE-EE en Vizcaya present¨® el pasado d¨ªa 19 una pregunta al diputado de Hacienda, Javier Urizarbarrena, para que informe sobre el retraso de las deudas fiscales del ejercicio de 1997, sus titulares, los motivos de la demora as¨ª como la evoluci¨®n y, en el caso de que persistan, la cuant¨ªa actual.