Extranjer¨ªa: las razones del rechazo

Hasta entre sus m¨¢s desmayados partidarios se admite que el pronunciamiento del Gobierno sobre la proposici¨®n de reforma de la ley de extranjer¨ªa ha producido confusi¨®n y alarma social. La opini¨®n p¨²blica parece, en efecto, confusa y procupada ante el mensaje de que la futura ley, publicitada como una ley progresista, incluso "la ley m¨¢s abierta de Europa", ser¨ªa un proyecto irresponsable que es necesario corregir a fondo o cancelar. Irresponsable, porque nos alejar¨ªa del resto de la UE y de nuestras obligaciones en la Uni¨®n. Irresponsable, por las nefastas consecuencias derivadas de la equiparaci¨®n de derechos de los inmigrantes legales y, sobre todo, de los que se insiste en llamar "ilegales" con los ciudadanos espa?oles. Esa equiparaci¨®n producir¨ªa inevitablemente una avalancha migratoria, una invasi¨®n, a la par que un incremento de las mafias, y se traducir¨ªa en un incremento de gasto p¨²blico en salud o educaci¨®n imposible de asumir y en otros efectos indeseables derivados de la incompatibilidad cultural que desembocar¨ªan en un grado de conflicto social impensable.No presentar¨¦ los argumentos que ponen en evidencia lo infundado de ese mensaje, las omisiones y errores que contiene, como el car¨¢cter a¨²n irrelevante de la inmigraci¨®n en nuestro pa¨ªs o la contribuci¨®n de los inmigrantes al PNB, a la Hacienda p¨²blica, a la Seguridad Social, pues cotizan, pagan impuestos y sostienen sectores con d¨¦ficit de mano de obra. Me interesa, sobre todo, tratar de entender las razones del rechazo.

Ser¨ªa ingenuo pensar que la reticencia es fruto de una repentina toma de conciencia de lo que la ley supondr¨ªa. No. Hay otras razones. La primera, probablemente, el c¨¢lculo de un beneficio electoral ante el mensaje, que cala f¨¢cilmente en la opini¨®n p¨²blica, de que era necesario moderar los excesos. A esos efectos, la estrategia del Gobierno trata de presentar ese texto, consensuado por todos los grupos despu¨¦s de un largo debate (y es elocuente el menosprecio del Parlamento que ello revela), como un paso irresponsable. Recuerdo que en un seminario en Valencia con profesores, representantes sindicales y de ONG, el diputado de CiU Carles Campuzano -que se ha significado por su apoyo a la reforma del marco jur¨ªdico vigente- present¨® la proposici¨®n como expresi¨®n de una opci¨®n centrada entre los polos del garantismo universalista y el cicatero discurso de ley y orden. Una alternativa razonable entre los extremos del reaccionarismo xen¨®fobo y la irresponsabilidad de las puertas abiertas. Pues bien, la estrategia del Gobierno presenta a esos reformistas pragm¨¢ticos como ut¨®picos idealistas. As¨ª las cosas, los otrora opositores a la proposici¨®n ser¨ªan aut¨¦nticos orates si no renunciaran a la cr¨ªtica para evitar el mal de la contrarreforma. Cuando la perspectiva, como dec¨ªa el chiste, es "que no se trata de dar papeles, sino de quitar derechos", hay que jugar en defensa, hacia atr¨¢s.

Pues bien. Alguien tiene que decir que, para muchos, esta proposici¨®n no es m¨¢s que una propuesta de m¨ªnimos. Sigue habiendo razones para el rechazo, pero muy distintas de las del Gobierno. Y lo parad¨®jico es que esas razones se asientan en un problema que la versi¨®n reformista y, a¨²n m¨¢s, la operaci¨®n contrarreformista achacan precisamente a los cr¨ªticos de la ley: el d¨¦ficit de realismo. Se?alar¨¦ dos razones.

No es realista pensar que esta ley ser¨ªa herramienta suficiente como respuesta pol¨ªtica a la inmigraci¨®n. Y, en segundo lugar, tampoco lo es afirmar que la proposici¨®n garantiza adecuadamente lo que proclama como objetivo, su gran novedad: la integraci¨®n social de los inmigrantes. Vayamos por partes.

Lo que necesitamos realmente en Europa y en Espa?a, m¨¢s que una ley de extranjer¨ªa, son pol¨ªticas de inmigraci¨®n que merezcan ese nombre, que est¨¦n a la altura de los desaf¨ªos que plantean los nuevos flujos migratorios con destino a la UE y que sean adecuadas en el contexto de la globalizaci¨®n. El primer elemento que define una pol¨ªtica de inmigraci¨®n de esas caracter¨ªsticas es su car¨¢cter al menos regional, comunitario, algo que en Tampere se quiso apuntar, pero qued¨® todav¨ªa en el plano de los principios. La pol¨ªtica de inmigraci¨®n, que es m¨¢s que una cuesti¨®n de Estado, no puede ser abordada eficazmente de forma aislada por un Estado.

El segundo rasgo es m¨¢s importante: pol¨ªticas que traten la inmigraci¨®n como hecho social complejo. A esos efectos, ante todo, es necesaria una tarea de concienciaci¨®n social para cambiar nuestra mirada sobre la inmigraci¨®n, que contin¨²a presa de prejuicios y de datos que no corresponden a la realidad; desde luego, no en Espa?a. Y, en ese combate contra los fobotipos, la responsabilidad no recae s¨®lo en los medios. Si desde los poderes p¨²blicos se propicia el mensaje de emergencia social, de competencia desleal en el mercado de trabajo, de incompatibilidad cultural y riesgo para los derechos humanos como lo proponen varios art¨ªculos de la proposici¨®n, se contribuye a lo que hay que llamar xenofobia institucional.

El tercer rasgo de esas pol¨ªticas es que exigen un tratamiento integral, un modelo, por as¨ª decirlo, horizontal, por parte de los poderes p¨²blicos: de ah¨ª la exigencia de reunir las competencias sobre inmigraci¨®n en un Ministerio o Secretar¨ªa de Estado que pueda coordinar y optimizar tambi¨¦n los recursos y que evite el enfoque meramente sectorial (laboral o de orden p¨²blico). Precisamente porque la inmigraci¨®n es un factor de riqueza aparece una ¨²ltima pero muy importante consecuencia: la necesidad de pol¨ªticas que gestionen los flujos migratorios de forma que constituyan fuente de riqueza tanto en las sociedades de acogida como en las de origen e impliquen en esos proyectos no s¨®lo a los poderes p¨²blicos, sino sobre todo a los agentes sociales (empresas, universidades, ONG). Eso, adem¨¢s, permitir¨ªa lograr un objetivo b¨¢sico: atacar la ra¨ªz de buena parte de los desplazamientos migratorios, es decir, las condiciones de miseria, de d¨¦ficit democr¨¢tico y de garant¨ªa de derechos en los pa¨ªses de origen. Por esa raz¨®n, como ha insistido desde hace tiempo Sami Na?r y ahora se recoge en Tampere, las estrategias de codesarrollo que no son s¨®lo de codesarrollo econ¨®mico son un imperativo ineludible si queremos una aut¨¦ntica pol¨ªtica de inmigraci¨®n.

Pero tampoco es realista, en segundo lugar, perseguir la integraci¨®n social e ignorar al mismo tiempo que la igualdad en derechos es condici¨®n sine qua non de aqu¨¦lla y no una aspiraci¨®n tan bienintencionada como ut¨®pica. La realidad de la globalizaci¨®n, en la que tanto se insiste para otras cosas, impone reconocer lo caduco de la simplista distinci¨®n entre ciudadanos y extranjeros que justifica un desigual reconocimiento de derechos, basada en unos presupuestos de homogeneidad interna de una y otra categor¨ªa desmentidos por los hechos. No niego que la proposici¨®n presenta avances en ese reconocimiento. Pero a quienes los consideran excesivos y califican como herej¨ªa jur¨ªdica la equiparaci¨®n entre ciudadanos e inmigrantes legales y de aut¨¦ntica blasfemia la extensi¨®n de derechos a los irregulares habr¨ªa que pedirles, parad¨®jicamente, un plus de realismo. ?Qui¨¦n tiene m¨¢s voluntad de integraci¨®n, a qui¨¦n debemos reconocer derechos como uno m¨¢s: al inmigrante latinoamericano o magreb¨ª que busca trabajo y oportunidades a toda costa o al jubilado rico del norte de la UE que nos utiliza s¨®lo como proveedores de servicios y se lamenta de nuestras costumbres e idioma tan diversos del suyo?

Adem¨¢s, no hay integraci¨®n sin participaci¨®n en la toma de decisiones. Es hora de que abandonemos el paternalismo en nuestras respuestas a las demandas de los inmigrantes, y eso exige, adem¨¢s de iniciativas que desarrollen las que adopta en parte la actual proposici¨®n (reconocimiento del derecho al voto y cauces de participaci¨®n a escala municipal), otras como las medidas positivas de fomento del asociacionismo, y asegurar su presencia no s¨®lo en instancias consultivas -el Foro-, sino tambi¨¦n en los ¨®rganos superiores de pol¨ªtica migratoria; por ejemplo, el futuro Consejo Superior de Pol¨ªtica de Inmigraci¨®n.

Finalmente, no es realista la reducci¨®n de derechos atribuida al "contrato de extranjer¨ªa" respecto al contrato de ciudadan¨ªa, pues sigue configurando a los extranjeros pobres -los inmigrantes extracomunitarios en busca de trabajo- como infrasujetos, supeditando su reconocimiento jur¨ªdico y pol¨ªtico a un modelo de trabajo, el trabajo formal y para toda la vida, que ni siquiera es ya v¨¢lido para nosotros. Eso es evidente no s¨®lo por lo que se refiere a los mal llamados "ilegales", sino, de modo clamoroso, por la discriminaci¨®n de g¨¦nero que inspira la proposici¨®n. En efecto, la mujer inmigrante sigue siendo con esta ley, como se ha dicho, la "met¨¢fora de la exclusi¨®n que este derecho produce". Las mujeres inmigrantes contin¨²an confinadas en el gueto de lo privado que las mujeres del norte apenas han conseguido comenzar a romper. Lo muestra a las claras la vinculaci¨®n de la entrada en el pa¨ªs y del reconocimiento de derechos con las reglas del mercado formal -masculino- de trabajo. Dejando aparte el ejercicio del reagrupamiento familiar -una v¨ªa que el legislador sigue entendiendo de modo sexista como el camino "natural" de la mujer inmigrante, pero que ya no es ejercida s¨®lo ni primordialmente por las esposas de los trabajadores que est¨¢n ya en Espa?a, sino cada vez m¨¢s, al contrario, por ellos-, las mujeres inmigrantes que trabajan lo hacen sobre todo en el servicio dom¨¦stico o en la econom¨ªa sumergida -los ¨²nicos conciliables con su status de reclusi¨®n- y, en un porcentaje nada despreciable, en la prostituci¨®n. Ninguno de esos sectores, como es sabido, permite los mecanismos de obtenci¨®n de oferta de trabajo como condici¨®n para la entrada. Por esas razones las mujeres inmigrantes seguir¨¢n siendo invisibles, irrelevantes. Por eso la proposici¨®n est¨¢ a¨²n lejos de extender los derechos a todos los desfavorecidos.

?Son argumentos irresponsables? Los verdaderos irresponsables son quienes propician que la inmigraci¨®n, que hoy es m¨¢s que una cuesti¨®n de Estado, se convierta en arma electoral, jugando el papel de Pandora, que dejar¨¢ abiertos los males de la intolerancia y de la desigualdad; penalizando el pluralismo, e imposibilitando la comprensi¨®n de la inmigraci¨®n como una oportunidad: su regulaci¨®n es ineludible, pero siempre desde los principios de respeto a los derechos.