Los nuevos ricos

En 1993, en un art¨ªculo de balance de los a?os del thatcherismo, Andrew Gamble subray¨® algo que sus admiradores no siempre han advertido: la revoluci¨®n conservadora de lady Thatcher hab¨ªa quebrado la espina dorsal del conservadurismo aristocr¨¢tico -quiz¨¢ como pago de la displicencia, si no abierta hostilidad, con la que ¨¦ste la hab¨ªa tratado hasta su triunfo electoral-, poniendo al mando del partido y del Gobierno a una generaci¨®n de ambiciosos plebeyos arribistas. Es dif¨ªcil saber si este hecho guarda alguna relaci¨®n con el cruel pero preciso diagn¨®stico que recientemente hac¨ªa el primer ministro Tony Blair de sus oponentes: antes eran cada vez m¨¢s d¨¦biles, ahora son cada vez m¨¢s raros.La otra cara del proyecto de Thatcher fue una notable recomposici¨®n del poder econ¨®mico. El proceso de privatizaciones, independientemente de sus aspectos ideol¨®gicos de fomento del capitalismo popular, modific¨® el mapa empresarial de forma significativa. Pero la aportaci¨®n m¨¢s original de estos a?os fue la aparici¨®n de un n¨²cleo de gestores capitalistas, por nombramiento pol¨ªtico, vinculados a la creaci¨®n de los Quangos. Este espantoso t¨¦rmino, correspondiente a las siglas en ingl¨¦s de una expresi¨®n igualmente notable ("organismos quasi no gu-bernamentales"), designaba a entes dependientes del Gobierno, con plena autonom¨ªa comercial y financiera, que se hac¨ªan cargo de servicios de la Administraci¨®n no privatizados, pero a los que se pretend¨ªa insertar en la l¨®gica del mercado.

La racionalidad de la creaci¨®n de estos entes ha sido muy discutida, y se podr¨ªa sostener incluso que ninguna racionalidad puede justificar la existencia de algo con un nombre tan atroz, pero en cambio su funcionalidad pol¨ªtica, como apuntaba Gamble, era evidente: se creaba una capa de nuevos ricos, dependientes del Gobierno en su designaci¨®n, a los que se otorgaban los sueldos y privilegios propios de los altos gestores de empresas privadas, pero sin necesidad de que hubieran demostrado previamente la menor capacidad empresarial ni excesivas exigencias en lo que se refiere a los resultados de su gesti¨®n. Falsos empresarios que reun¨ªan as¨ª lo peor de la vituperada empresa p¨²blica y los m¨¢s espectaculares vicios de los nuevos ejecutivos privados de los a?os ochenta: la perfecta recompensa para los cachorros del nuevo conservadurismo plebeyo y arribista.

Es bastante evidente que ¨¦sa es una de las razones del singular proceso de privatizaci¨®n de Telef¨®nica en Espa?a: crear un grupo de gestores vinculados al Gobierno de la derecha por su nombramiento y modificar as¨ª a su favor la estructura de las ¨¦lites empresariales. Ciertamente, Aznar contaba ya con el apoyo casi incondicional de un sector de la banca y de las el¨¦ctricas, rematado con la privatizaci¨®n de Endesa, pero ese apoyo puede resultar muy caro, como es evidente en el laberinto al que le ha conducido el multimillonario regalo de la compensaci¨®n a las el¨¦ctricas por el paso a la competencia. Ganar una cierta autonom¨ªa, con el ascenso de una capa de gestores que deban al Gobierno su promoci¨®n a la primera fila, parece bastante deseable en un gobernante que aspira a crear su propia base de poder econ¨®mico.

Naturalmente, el c¨¢lculo principal no era ¨¦ste, sino utilizar los inmensos recursos de Telef¨®nica en la batalla por el control de los medios de comunicaci¨®n. Perdida la cruzada del juez G¨®mez de Lia?o, y empantanada la ofensiva digital contra el grupo Prisa, las adquisiciones de medios de comunicaci¨®n han resultado, sin embargo, un notable ¨¦xito pol¨ªtico, aunque sus resultados empresariales puedan llegar a ser discutibles. Personas y empresas afines al Gobierno controlan una parte abrumadora de la informaci¨®n en Espa?a, aun si no han logrado su intenci¨®n de someter al grupo principal. Y, sobre todo, este control no depende, excepto en el caso de los medios p¨²blicos, de los futuros resultados electorales. Si el PSOE venciera en las pr¨®ximas elecciones, y cumpliera su promesa de llevar al Parlamento el nombramiento del director de RTVE, el panorama informativo resultante, con un ente p¨²blico neutral, seguir¨ªa favoreciendo a la derecha.

Lo ¨²nico que ha venido a poner en peligro el ¨¦xito alcanzado ha sido la imparable ambici¨®n de los plebeyos arribistas, que ha conducido al Gobierno a aprietos equivalentes a los que ya le han creado los rancios intereses de las empresas el¨¦ctricas. Nada m¨¢s doloroso para un Gobierno obsesionado por su imagen que verse en evidencia por el hambre de rentas r¨¢pidas de sus aliados y servidores. Y, en este aspecto, los nuevos ricos de la derecha espa?ola han resultado ser m¨¢s peligrosos que los viejos intereses. Poca gente ha terminado de comprender que la compensaci¨®n a las empresas el¨¦ctricas no s¨®lo es contraria a la legislaci¨®n europea, sino un asalto a mano armada al bolsillo de los contribuyentes. No todos los usuarios entienden que Telef¨®nica sigue jugando con ventaja en sus tarifas y que la competencia deber¨ªa significar un abaratamiento sustancial de sus servicios. Pero todo el mundo entiende que 30.000 o 40.000 millones de pesetas de sobresueldos, por decisi¨®n de un gestor nombrado por el Gobierno y sin dar informaci¨®n a los accionistas de Telef¨®nica, resultan un esc¨¢ndalo incluso con un nombre en ingl¨¦s.

Cuando estaba en la oposici¨®n, la derecha sosten¨ªa que dejar gobernar a unos muertos de hambre conduc¨ªa forzosamente a la corrupci¨®n. Como resum¨ªa El Roto en una vi?eta admirable, los nuevos ricos han sabido ahora convertir la excepci¨®n -la corrupci¨®n quebrantando la ley- en m¨¦todo y sistema de actuaci¨®n sin salir de la ley. Han hecho suyas las ma?as de los viejos ricos para obtener rentas gracias al poder y no comprenden que el propio esc¨¢ndalo moral que crearon en su momento hace insufribles en los servidores p¨²blicos lo que puede pasar desapercibido en los propietarios privados. Que no se puede contestar que no hay responsabilidad pol¨ªtica si se contrata por miles de millones con parientes y amigos; que las opciones sobre acciones son cosa normal en la empresa moderna; que no es ilegal, como dijo en su momento, para explicar su curiosa estrategia fiscal, nada menos que el ministro portavoz.