CiU acepta nombrar por consenso al director de la RTV catalana
El primer ¨¦xito de la oposici¨®n catalana despu¨¦s de las elecciones auton¨®micas no fue una derrota de CiU. Ni un empate. Lleg¨® por la v¨ªa ambigua del consenso. El fruto del debate parlamentario sobre la situaci¨®n de los medios audiovisuales p¨²blicos en Catalu?a, celebrado ayer y anteayer, fue un pacto de todos los partidos para renovar el marco legal relativo a estos medios de comunicaci¨®n. Lo que hizo posible el acuerdo fue que CiU acept¨® consensuar el nombramiento del director general de la radiotelevisi¨®n de la Generalitat, una facultad que la legislaci¨®n atribuye al Gobierno y la oposici¨®n quer¨ªa trasladar al Parlamento.
Los nacionalistas de CiU no quisieron salir de este debate formando bloque con el PP y ganando las votaciones por 68 contra 67. Este recurso lo utilizaron s¨®lo para derrotar la propuesta de los tres partidos de izquierda, que pretend¨ªan atribuir al Consejo del Audiovisual de Catalu?a (CAC) la facultad de otorgar las licencias de radio y canales de televisi¨®n para emisoras privadas.Salvada esta potestad, que oblig¨® a todos los 135 diputados a acudir a la sesi¨®n, el Gobierno de CiU negoci¨® con PSC-Ciutadans pel Canvi, Esquerra Republicana (ERC) e Iniciativa per Catalunya-Verds (IC-V) un acuerdo global para reformar toda la legislaci¨®n relativa a los medios audiovisuales p¨²blicos. Es un acuerdo que prev¨¦ cambiar el actual modelo, caracterizado por la dependencia respecto del Gobierno y los partidos, por otro que deber¨¢ caracterizarse por la independencia y la profesionalidad.
El pacto incluye plazos, que adem¨¢s son relativamente cortos. En cuatro meses deber¨¢ aprobarse una nueva ley del CAC, para convertirlo en la autoridad independiente encargada de la regulaci¨®n de los medios audiovisuales en Catalu?a. Tendr¨¢ personalidad jur¨ªdica propia, autonom¨ªa org¨¢nica, funcional y financiera, y dispondr¨¢ de potestad sancionadora.
En seis meses deber¨¢ aprobarse tambi¨¦n una nueva ley de la Corporaci¨®n Catalana de Radio y Televisi¨®n (CCRTV), la entidad que agrupa a TV-3 y las emisoras de radio de la Generalitat. Esta nueva ley deber¨¢ eliminar la dependencia respecto del Gobierno y los partidos que se ha convertido en la caracter¨ªstica m¨¢s destacada de la actual. Deber¨¢ organizar la CCRTV a partir de criterios de independencia y profesionalidad. Su consejo de administraci¨®n no ser¨¢, como en la actualidad, una mera reproducci¨®n de la mayor¨ªa parlamentaria, sino un ¨®rgano gestor, y sus integrantes ser¨¢n expertos y gestores sometidos a un r¨¦gimen de incompatibilidades.
Negociaci¨®n obligada
En coherencia con este planteamiento, el acuerdo incluye tambi¨¦n la aplicaci¨®n de todos estos criterios a los servicios de comunicaci¨®n locales, que a diferencia de la radiotelevisi¨®n de la Generalitat, hasta ahora controlada por CiU, est¨¢ principalmente en manos de alcaldes socialistas.
La coherencia con este proyecto de reforma obligaba al Gobierno de Jordi Pujol a ceder la potestad que tiene de nombrar al director general de la CCRTV. Pero, seg¨²n explic¨® ayer el consejero de Presidencia, Xavier Trias, CiU y PP cerraron el martes por la noche, inmediatamente despu¨¦s del debate, un acuerdo para que el nombramiento del director general continuara en manos del Gobierno.
Ante esta actitud, que restaba toda credibilidad a la pretendida voluntad de reforma, los tres partidos de izquierda anunciaron que se opondr¨ªan a todas las propuestas de CiU. La divisi¨®n entre los dos bloques, 68 contra 67, que los nacionalistas quieren evitar a toda costa, estaba garantizada. En este punto comenz¨® la negociaci¨®n, a la que se incorpor¨® tambi¨¦n el PP.
El resultado fue que, por vez primera desde 1983, el pr¨®ximo director general de la CCRTV no ser¨¢ una persona de la exclusiva confianza personal y pol¨ªtica del presidente. Deber¨¢ obtener el consenso del Consejo de Administraci¨®n de la CCRTV. Por consenso se entiende "un acuerdo superior al de dos partidos". Es decir, superior a la suma de los votos de CiU y del Partido Popular.
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