El Gobierno de Brasil quita a los latifundistas tierras equivalentes a casi dos veces Espa?a

El Gobierno de Brasil lanz¨® ayer un gigantesco golpe contra los terratenientes. Despu¨¦s de tres a?os de intensas investigaciones y tras revelar que un 10% del territorio ha sido anexionado ilegalmente por los grandes propietarios, el Gobierno decidi¨® anular el registro de propiedad de 3.065 latifundios que ocupan 93,6 millones de hect¨¢reas, extensi¨®n 1,8 veces mayor que Espa?a, 10,7 m¨¢s que Andaluc¨ªa o 187 m¨¢s que La Rioja. El 55% de esas propiedades ilegales se sit¨²a en la Amazonia. El objetivo es destinar esas tierras a la reforma agraria y reservas ambientales.

La medida la anunci¨® Ra¨²l Jungmann, ministro de Propiedad y Desarrollo Agrario, en calidad de presidente del Instituto de Colonizaci¨®n y Reforma Agraria. Jungmann proclam¨® "un ataque formal y definitivo al latifundio, el mayor que un Gobierno haya hecho contra la ocupaci¨®n ilegal de tierras, y un paso decisivo para la justicia en el campo". Y a?adi¨® que la decisi¨®n no es una confiscaci¨®n, sino un medio de "cortar por la base el conflicto y la posibilidad de la ocupaci¨®n de terrenos p¨²blicos con fines lucrativos o para expulsar de ellos a sus leg¨ªtimos propietarios".Los actuales propietarios tienen ahora cuatro meses para recurrir y demostrar que las tierras las obtuvieron legalmente. Pero, seg¨²n los informes recogidos por el Gobierno antes de la medida, m¨¢s del 80% de esos latifundios son ilegales y va a ser muy dif¨ªcil probar la legitimidad del 20% restante.

En la investigaci¨®n previa participaron sat¨¦lites, t¨¦cnicos que visitaron los latifundios, y un an¨¢lisis de los registros de la propiedad en cientos de notar¨ªas. Seg¨²n datos oficiales, m¨¢s de 50 de esos despachos est¨¢n involucrados en el fraude.

El Gobierno expres¨® ayer su intenci¨®n de destinar esos millones de hect¨¢reas a la reforma agraria y a la creaci¨®n de reservas ambientales. Adem¨¢s, preparan un catastro nacional que impida nuevos fraudes. Seg¨²n Jungmann, "el actual catastro es lo m¨¢s arcaico que tenemos en Brasil".

Los latifundistas implicados ser¨¢n procesados por fraude. El fiscal general, Geraldo Brindeiro, anunci¨® que va a canalizar los datos de la investigaci¨®n a los juzgados de los diversos Estados, a fin de que se emprendan acciones penales.

Hay algunas propiedades amaz¨®nicas cuyos propietarios se han revelado inexistentes. Un fantasmag¨®rico Carlos Medeiros registr¨® en Par¨¢ nueve millones de hect¨¢reas, y nunca pudo ser localizado. En Goi¨¢s, una hacienda de 12.000 hect¨¢reas obtuvo un pr¨¦stamo del Banco de Brasil a nombre de su propietario, Dinuam¨¦rcio Silvino de Oliveira Neto: la realidad demostr¨® despu¨¦s que la hacienda no exist¨ªa. Jungmann enviar¨¢ a la Polic¨ªa Federal la relaci¨®n de due?os inexistentes por si han servido para blanquear dinero del narcotr¨¢fico.

La acci¨®n del Gobierno, seg¨²n el ministro, tambi¨¦n busca combatir la tala irregular de maderas, en la medida en que numerosos latifundios ilegales ten¨ªan como ¨²nico fin dicha actividad.

El decreto, con fecha de 15 de diciembre, ha sido ya publicado en el Diario Oficial del Estado. La presentaci¨®n del mismo fue solemne, con la asistencia del presidente de la Rep¨²blica, Fernando Henrique Cardoso; del presidente de la Conferencia Episcopal, Jaime Chemello; del fiscal general, y de los presidentes del Tribunal Superior de Justicia y del Colegio de Abogados.

La medida del Gobierno ha recibido elogios, pero tambi¨¦n matizaciones. La cabeza de la jerarqu¨ªa episcopal, Jaime Chemello, calific¨® el fraude de "inconmensurable" y la iniciativa del Gobierno de acorde con la justicia, pero advirti¨® de que es preciso asegurar el derecho de defensa a los acusados. Y el m¨¢ximo representante de los abogados, Reginaldo de Castro, tras apoyar el decreto, record¨® que la decisi¨®n final corresponde ahora a los tribunales. "Felizmente, la Constituci¨®n impide que cualquier acto administrativo pueda ocupar el espacio destinado a las decisiones judiciales", dijo.

M¨¢s esc¨¦ptico se mostr¨® Manoel dos Santos, presidente de la Confederaci¨®n Nacional de Trabajadores, que tambi¨¦n particip¨® en el acto solemne de la presentaci¨®n del decreto: "No estoy seguro de que el Estado vaya a hacer lo que anuncia. Las macromedidas del Gobierno acaban siempre yendo contra la agricultura familiar".

Los latifundistas ya han reaccionado. En la localidad de Presidente Prudente, cerca de S?o Paulo, la l¨ªder de su partido (Uni?o Democr¨¢tica Ruralista, UDR), T¨¢nia Ten¨®rio de Farias, acus¨® a Jungmann de "arbitrario" y anunci¨® que los propietarios van a recurrir.