El fiscal del 'caso Huarte' pide al juez que impute al exsecretario general de la Generalitat, Llu¨ªs Prenafeta

El fiscal adscrito al caso Huarte, Alejandro Luz¨®n, ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Manuel Garc¨ªa Castell¨®n que cite a declarar como imputados al ex secretario general de la Presidencia de la Generalitat catalana, Llu¨ªs Prenafeta, al promotor inmobiliario Juan Manuel (John) Rosill¨® y al abogado Alberto Garrof¨¦. Los tres citados aparec¨ªan en el informe pericial ratificado en la causa que concluy¨® que Huarte hab¨ªa pagado a varias empresas alrededor de 450 millones de pesetas. Juspi, Galer¨ªas Pisa, Ann Internacional BV, Percier Group, Colil Capital, Promotora Editorial Europa (Predeusa) e Iniciativas Moa son las empresas que recibieron dinero de Huarte.El informe menciona a Lluis Prenafeta, como administrador ¨²nico de la empresa Poliafers y representante legal de Juspi. Al examinar las cuentas de esta ¨²ltima empresa, que recibi¨® un pr¨¦stamo de 60 millones de Huarte, el informe aprecia que Prenafeta recibi¨® dinero de Huarte y que realiz¨® pagos. En las declaraciones que el propio Prenafeta realiz¨® a la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n reconoci¨® haber cobrado de Huarte 69 millones de pesetas por gestiones realizadas ante distintas entidades financieras para la concesi¨®n de cr¨¦ditos.

Otra de las empresas que recibieron dinero de la constructora es Iniciativas Moa. Esta empresa obtuvo un pr¨¦stamo de 47 millones de pesetas concedido por la Caixa del Pened¨¦s, siguiendo instrucciones de Prenafeta, el 31 de mayo de 1994. Un a?o despu¨¦s, en julio de 1995, Huarte transfiri¨® la misma cantidad a Iniciativas Moa. El pr¨¦stamo se utiliz¨® en parte para reducir el saldo acreedor de la cuenta de otra sociedad, Promotora Editorial Europa SA (Predeusa). Sin embargo, el informe pericial determina que no exist¨ªa ninguna relaci¨®n entre Huarte y la empresa editora.

Por otra parte, el fiscal Luz¨®n tambi¨¦n ha solicitado al juez que cite a declarar en calidad de testigos a otras tres personas, cuya identidad no ha trascendido, que al parecer son empleados de las entidades bancarias en las que se realizaron las transferencias descritas en el informe pericial.