Tres directivos se enfrentan a siete a?os de c¨¢rcel por un posible delito ecol¨®gico

Tres directivos de las constructoras Ferrovial y Cadagua se enfrentan hoy a siete a?os de prisi¨®n -dos a?os y cuatro meses en cada caso- por un presunto delito ecol¨®gico en la construcci¨®n de la depuradora de aguas residuales de Gorliz. El juicio, que se celebra esta ma?ana en la Audiencia de Bilbao, examinar¨¢ su actuaci¨®n en abril de 1995, cuando hubo un vertido que caus¨® la muerte de miles de peces en un arroyo cercano. El desastre ecol¨®gico se complet¨® con la utilizaci¨®n de escorias de acero para relleno de los terrenos.

El fiscal culpa de lo ocurrido, en su escrito de acusaci¨®n, a Javier L¨®pez-Ulloa, representante legal de Ferrovial; Luis Quintana, jefe de obra, y Jos¨¦ Luis Mugueta, gerente de la uni¨®n temporal formada por Ferrovial y Cadagua. Ambas empresas eran responsables de las obras y del proyecto t¨¦cnico de la depuradora de Gorliz, que se inaugur¨® en el verano de 1997. Seg¨²n el ministerio fiscal, cuando se desarrollaban los trabajos de construcci¨®n -en abril de 1995- aparecieron en el arroyo que desemboca en la playa de Gorliz "gran cantidad de peces muertos, anguilas, ranas y unos 300 [peces] m¨¢s que nadaban con gran dificultad". El informe posterior elaborado por el Departamento de Sanidad del Gobierno vasco constat¨® que se utilizaron escorias de acero para el acondicionamiento del terreno donde se ubica la depuradora y que quedaron depositadas junto al arroyo.Adem¨¢s, el fiscal se?ala en su acusaci¨®n que, durante la ejecuci¨®n de las obras, se rompi¨® una tuber¨ªa de aguas fecales que fluy¨® al arroyo. "Como consecuencia de los vertidos se constata un aumento considerable del Ph del arroyo, debido a la presencia elevada de calcio y una disminuci¨®n del ox¨ªgeno disuelto".

Esta situaci¨®n llev¨® a la Inspecci¨®n de Sanidad del Gobierno vasco a solicitar el acotamiento de la zona de ba?o de la playa de Gorliz, puesto que constataba la existencia de un riesgo para la salud humana. El informe confeccionado por Sanidad calificaba de "no adecuado" el dep¨®sito de las escorias junto al arroyo, por lo que desaconsej¨® la utilizaci¨®n de este material como relleno y recomend¨® "la retirada del mismo a otro lugar m¨¢s adecuado".

El Ayuntamiento de Gorliz ya plante¨® la paralizaci¨®n de los trabajos cuando tuvo lugar el episodio contaminante y se dirigi¨® a la Diputaci¨®n de Vizcaya, la instituci¨®n que adjudic¨® las obras de ejecuci¨®n de la depuradora a las empresas. El consistorio solicit¨® que se obligara a retirar los desechos contaminantes pero la instituci¨®n foral se neg¨® entonces a proceder a la interrupci¨®n de las obras.

En su escrito de acusaci¨®n, la Fiscal¨ªa estima que los hechos constituyen un delito contra el medio ambiente, por lo que solicita para cada uno de los tres acusados una pena de dos a?os y cuatro meses de prisi¨®n menor, as¨ª como una multa de dos millones de pesetas. A ello a?ade una indemnizaci¨®n por responsabilidad civil de 2,5 millones.

Una decena de juicios

En el Pa¨ªs Vasco las vistas en los tribunales por un delito ecol¨®gico no han llegado a la decena y s¨®lo "en dos o tres casos", seg¨²n constatan los ecologistas, ha habido sentencias condenatorias "que han sido menores y en ning¨²n caso han supuesto el ingreso en prisi¨®n". Entre ¨¦stas, se encuentra el caso de una granja de gallinas en Gordexola y un vertido de lindane en Barakaldo. En cambio, juicios contra grandes empresas, como la qu¨ªmica Rontealde y la papelera de Aranguren, debido a escapes contaminantes terminaron con la absoluci¨®n de los acusados.

Precisamente la empresa Rontealde ser¨¢ de nuevo juzgada por el escape t¨®xico de 1994, tras el que muri¨® un vecino. El fiscal solicita un total de nueve a?os de c¨¢rcel para los tres m¨¢ximo responsables de la planta.

La depuradora de Gorliz se enfrent¨® tambi¨¦n a otro posible delito ecol¨®gico por los vertidos fecales que en el verano de 1997 obligaron al cierre de la playa durante cuatro d¨ªas. En este caso, el juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 2 de Getxo lo archiv¨®, el pasado septiembre, "por no ser constitutivos de infracci¨®n penal".