El Ararteko critica a las administraciones por no dar suficientes medios a sus asistentes sociales

A pesar de que ya han transcurrido veinte a?os desde que los primeros servicios sociales de base se pusieran en marcha, una importante parte de la poblaci¨®n desconoce las funciones de estas unidades. Un informe extraordinario del Defensor del Pueblo desvela la "gran desigualdad" en la atenci¨®n que ofrecen estos servicios a los ciudadanos seg¨²n la provincia en que se encuentren y critica a las administraciones por sobrecargar de trabajo burocr¨¢tico a sus asistentes sociales y no dotarles de los suficientes medios para responder a las necesidades b¨¢sicas de la poblaci¨®n.

En anteriores informes el titular de la instituci¨®n, Xabier Markiegi, ha estudiado la situaci¨®n de diferentes colectivos especialmente vulnerables y ha realizado propuestas de mejora de servicios de car¨¢cter especializado: para personas mayores, presos, menores desprotegidos o personas enfermas. En todos los trabajos, el Ararteko descubri¨® el papel clave que juegan los servicios sociales de base, que son el elemento m¨¢s cercano a la poblaci¨®n y el que primero responde a su demanda. As¨ª, el Defensor del Pueblo Vasco decidi¨® estudiar su situaci¨®n y elaborar un informe, que ayer entreg¨® al presidente del Parlamento, Juan Mar¨ªa Atutxa.Estos servicios, que dependen de los ayuntamientos y est¨¢n integrados por uno o varios asistentes sociales seg¨²n el tama?o de la poblaci¨®n, se encargan directamente de la problem¨¢tica que les llega o la derivan a una unidad m¨¢s especializada si es preciso. Por lo general, lo que m¨¢s tratan este tipo de unidades semanalmente son los casos de ciudadanos que sufren la marginalidad y perciben el salario social (un 30%), ancianos desvalidos (otro 30%), minusval¨ªas (un 12%) y menores que sufren alg¨²n tipo de violencia dom¨¦stica (un 9%).

Para la realizaci¨®n del trabajo, Markiegi solicit¨® a los trabajadores sociales dependientes de las administraciones que respondieran a un exhaustivo cuestionario. Un 80% de las unidades -que integran a 230 asistentes- respondi¨®, lo que le ha permitido al Ararteko ofrecer datos y conclusiones "representativas" para el conjunto de la comunidad aut¨®noma, para cada provincia y para los diferentes tipos de municipio en funci¨®n de su tama?o.

Desigualdad

El informe constata la "escasa clarificaci¨®n" por parte de las administraciones de las funciones que corresponden a los servicios sociales de base. "La indefinici¨®n no facilita el pleno conocimiento de estas unidades por parte de la poblaci¨®n", advierte Markiegi, quien tambi¨¦n critica que "no se han dado los pasos posibles para extender el conocimiento de los servicios sociales a sectores sociales especialmente vulnerables".

El Defensor del Pueblo Vasco tambi¨¦n deplora la gran desigualdad que se aprecia en los niveles de atenci¨®n ofrecidos a la poblaci¨®n por los servicios de base, entre los diferentes territorios. As¨ª, la media de Euskadi es que por cada 7.810 ciudadanos haya un trabajador social, cuando la relaci¨®n de los pa¨ªses europeos con mejores prestaciones se sit¨²a en 5.000 habitantes.

Sin embargo, la media vasca var¨ªa de manera sustancial seg¨²n la provincia. Mientras Guip¨²zcoa se acerca al est¨¢ndar europeo al disponer de un asistente social por cada 6.000 habitantes, Vizcaya tiene un trabajador por cada 9.790 ciudadanos y ?lava por 6.874. "Se trata de diferentes muy significativas", destaca el informe, "que tienen una incidencia directa en el servicio ofrecido: procedimientos m¨¢s o menos complejos para lograr prestaciones, criterios diferentes respecto a los plazos, contenido y divulgaci¨®n de los informes sociales, tiempos de respuesta a las necesidades urgentes y niveles de coordinaci¨®n". Para Markiegi, es preciso lograr una mayor homogeneidad en el servicio que se ofrece para garantizar a todos una serie de m¨ªnimos claros.

La sobrecarga de trabajo administrativo que sufren los asistentes sociales y, por consiguiente, la menor dedicaci¨®n a su aut¨¦ntico trabajo es otro de los problemas que refleja el estudio. Por ejemplo, los nuevos decretos sobre el Ingreso M¨ªnimo de Inserci¨®n obligan a sus perceptores a firmar un convenio con los servicios sociales de base que les atienden en el que se comprometen a buscar trabajo o a seguir ciertos cursos para intentar insertarse. El trabajador social es el que se debe encargar de todo el papeleo. "El reforzamiento de los apoyos administrativos, la informatizaci¨®n de los servicios (s¨®lo el 50% dispone de ordenador), la simplificaci¨®n de los procedimientos, la mejora de los sistemas de archivo de la documentaci¨®n y la adecuaci¨®n de los despachos para garantizar la intimidad de las personas deben servir para superar esta situaci¨®n", propone el informe.

La escasa colaboraci¨®n entre los servicios de base de los diferentes ayuntamientos con otras redes de solidaridad existentes en la sociedad, como las ONG, tambi¨¦n es motivo de reflexi¨®n y cr¨ªtica para el Ararteko. "Aprovechar la solidaridad existente en la propia sociedad", anima el estudio, "es una necesidad para la mejora de la atenci¨®n real, y para lograr un mayor rendimiento y un mejor aprovechamiento de todos los recursos comunitarios".